La rectora Eva Alcón en una de sus recientes intervenciones ante el claustro.CASTELLÓN (EP). El consejo de gobierno de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón ha aprobado el proyecto de presupuesto para 2019, de 96.173.906 euros, que dibuja un escenario de "mayor tranquilidad" para la universidad al haber incorporado la Generalitat Valenciana partidas destinadas a compensar parte del aumento de gastos derivadas del cumplimiento de la normativa estatal y autonómica y una partida específica para poder financiar la segunda fase de la Facultad de Ciencias de la Salud, según ha informado la UJI en un comunicado.
Además, el compromiso de la Generalitat Valenciana de no reprogramar la deuda antigua con las universidades, y que en el caso de la Universitat Jaume I se ha destinado a poder financiar gasto corriente, permite también que la UJI pueda contar para el presupuesto de 2019 con una partida de 6,1 millones de euros, similar a la del año pasado.
Las cuentas han sido presentadas por el vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación, Modesto Fabra, quien ha recordado que las universidades públicas valencianas llevan desde 2010 sin que se aplique el Plan Plurianual de Financiación y que la Universitat Jaume I está recibiendo actualmente menos financiación pública de la que le correspondería por su peso relativo dentro del conjunto del sistema universitario público valenciano.
Por lo tanto, desde la Universitat Jaume I se considera "prioritario" comenzar el proceso de elaboración de un nuevo modelo de financiación por parte de la Generalitat Valenciana que dé estabilidad y respuesta a las necesidades de las universidades públicas valencianas.
El presupuesto de la Universitat Jaume I de ingresos y gastos genéricos será de 96.173.906 euros, lo cual representa aproximadamente un incremento de 6,5 millones de euros respecto al presupuesto inicial del año pasado.
Según ha explicado el vicerrector Fabra, hay un incremento en gasto de personal para el próximo año derivado del aumento de sueldo que se fijó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 y otros derechos del personal de las universidades públicas, y que en parte ya está reflejado en el presupuesto que se está ejecutando este año.
En este sentido, de la previsión de gasto de personal para el próximo año, además del aumento del sueldo fijado en la Ley de Presupuestos de 2018, el presupuesto incluye una partida de 1 millón de euros para hacer frente a un nuevo convenio colectivo del personal laboral, que se está negociando, y una cantidad parecida para atender necesidades de profesorado derivadas de la existencia de muchas áreas con poca plantilla o pendiente de consolidar. A esta cantidad habrá que añadir partidas para ingresos y gastos finalistas.
Por último, el presupuesto de 2019 incluye por primera vez en los últimos años un ligero incremento de las inversiones, para adaptar infraestructuras docentes y de investigación y renovación de equipos, de 0,3 millones de euros, que se prevé poder ampliar con remanentes.
Por otra parte, el consejo de gobierno ha aprobado por unanimidad retomar el proyecto para la implantación en el futuro del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la universidad pública de Castellón, un proyecto iniciado en 2009 y que había sido reivindicado por el territorio con una "gran demanda social".
El proyecto será realizado por parte de las nuevas comisiones académica interna y mixta universidad-sociedad, que han sido aprobadas este miércoles también por unanimidad, y que trabajarán en la actualización de la memoria académica para adaptarla a las nuevas circunstancias. La Universidad está trabajando para ofrecer unos estudios a la sociedad de Castellón que siempre estarán condicionados a su sostenibilidad económica, ha apuntado la UJI.
Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de los trámites para solicitar la acreditación europea 'Human Resource Excellence in Research' (HRS4R), una estrategia que integra un conjunto de actuaciones diseñadas por la Comisión Europea para favorecer la adhesión de universidades e instituciones de investigación, así como los organismos financiadores de la investigación, a los principios de la Carta europea del investigador y código de conducta para la contratación de investigadores.
