CASTELLÓ. Las dos principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana -la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y La Unió de Llauradors i Ramaders- junto a Cooperatives Agro-alimentàries, consideran que la propuesta que han consensuado y han trasladado a la Conselleria de Agricultura para buscar una solución al problema de la pinyolà, es decir, la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos, es “la más razonable y de futuro para lograr una convivencia de los citricultores y apicultores valencianos y esperan un compromiso firme por parte de Conselleria de habilitar partidas presupuestarias suficientes para cumplir con estos retos”.
En un comunicado, estas entidades defienden que ellas no firman el Acuerdo de la pinyolà, que corresponde al Consell, sino que han presentado una propuesta, como han hecho otras organizaciones. Su propuesta “busca avanzar y establecer unas medidas transitorias, con derechos y obligaciones tanto para el sector citrícola como el apícola, a fin de conseguir en 2026 unas mejoras que darían una mayor garantía a los apicultores para colocar colmenas de abejas en toda la geografía autonómica y también a los citricultores al asegurar que no se va a producir pinyolà”.
Las medidas
En resumen, estas medidas consisten en la puesta en marcha en febrero de 2023 del mapa agronómico de la Comunitat Valenciana; la aprobación de una línea de ayudas entre 2023 y 2025 para la reconversión de variedades que puedan ser susceptibles de polinización o de provocarla, pues algunas de ellas ya no tienen interés comercial y por lo tanto es esencial ese apoyo para adaptarse al mercado; la aprobación de una línea de ayudas entre 2023 y 2025 para apoyar la instalación de un sistema de enmallado en estas plantaciones durante la época de floración que mejoraría la calidad del fruto y por lo tanto su valor, de tal manera que a partir de febrero de 2026 su enmallado sea obligatorio; y la aprobación de ayudas ganaderas para que en febrero de 2026 todos los asentamientos de colmenas que se establezcan en la Comunitat Valenciana, sean originarias o trashumantes, estén geolocalizadas a través de GPS o chip.
