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La generalitat reactiva la petición de 'spending review' aplazada hace tres años por la pandemia

La auditoría de la AIReF a la Sanidad valenciana se centrará en contratación y sistemas de información

Arcadi españa, miguel minguez, airef
17/01/2023 - 

VALÈNCIA. La auditoría externa sobre la eficiencia del gasto sanitario de la Generalitat valenciana arrancará por fin en 2023, tres años después de que tuviera que aplazarse al estallar la pandemia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que actúa a petición del Consell, tampoco pudo ponerla en marcha en 2021 ni en 2022 porque la Conselleria de Sanidad no había concretado qué áreas quiere que formen parte de ese examen encaminado a evaluar y mejorar las políticas de gasto públicas.

La Generalitat ha desbloqueado la situación al acotar el conocido como spending review en dos áreas: la primera, la estrategia de contratación pública y el modelo de compras y logística; y la segunda, los sistemas de información sanitaria y de gestión de servicios.

Así lo anunció este lunes el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, el un desayuno informativo organizado en València por Forum Europa-Tribuna Mediterránea. El conseller de Sanidad Universal, Miguel Mínguez, presente en el desayuno, afirmó después que "es un anuncio prometedor para evaluar no solo la gestión sino para aprender a gestionar mejor". La Conselleria de Sanidad gestiona un gasto de más de 8.000 millones de euros, casi el 30% del presupuesto de la Generalitat.

El protocolo de la AIReF establece que, tras recibir y aceptar un encargo formal por parte de un gobierno regional, el siguiente paso es la concreción por parte de la administración de cuáles son las áreas que deben analizarse. Una vez acotado el encargo, el ente que dirige Cristina Herrero elabora un plan de acción que debe ser validado de nuevo por el gobierno regional de turno para, ya entonces, someterse al escrutinio independiente de sus gastos con el objetivo de detectar posibles ineficiencias.

Cristina Herrero, presidenta de la AIReF. Foto: GUSTAVO VALIENTE/EP

Ahora será la AIReF la que envíe su propuesta de plan de acción, el calendario y el presupuesto que tendrá que abonar la Generalitat. La propuesta tendrá que ser aprobada por el Pleno del Consell, último trámite antes de empezar los trabajos.

Objetivo: mejorar la gestión

Los spending reviews de la AIReF sirven a las administraciones para detectar ineficiencias en la gestión e identificar posibles mejoras. De hecho, el organismo que dirige Cristina Herrero acompaña las conclusiones con recomendaciones de mejora, de forma similar a como lo hace la Sindicatura de Comptes cuando analiza el funcionamiento de determinados ámbitos de la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos, así como sus empresas públicas.

La acotación del la tarea encargada a la AIReF se centra en la contratación pública, las compras y la logística de una administración sanitaria con 25 departamentos de salud que adolece de un exceso de contratos extrapresupuestarios o abonados de forma indebida con cargo a la caja fija, como destaca cada año el informe de la Sindicatura de Comptes.

Foto: EFE/MANUEL BRUQUE

En su conferencia de este lunes, Arcadi España también se refirió a la compra centralizada en la Generalitat, de la que avanzó que se continúa avanzando en el proyecto Nefis de gestión económico-financiera, que "permitirá mejorar la gestión, así como la puesta en marcha de una central de información que, con absoluta transparencia ayudará en la toma de decisiones para la asignación de recursos en materia presupuestaria, y en la puesta en marcha y revisión de políticas públicas".

Además, anunció que la Generalitat aprobará una nueva Ley de Eficiencia de la Administración Pública con tres objetivos: "la evaluación continua de todas las políticas de gasto y valoración de sus resultados, dotar de mayor eficiencia a la gestión de los recursos públicos y establecer procesos de revisión del gasto público". Esta ley, no obstante, es más bien una promesa para la próxima legislatura autonómica, ya que a la actual le quedan apenas dos meses en las que no es posible tramitarla.

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