VALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia condenó este martes al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana a 10 años y 5 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales en el marco del caso Erial por el que fue detenido en 2018. Además, la Sala castiga al otrora dirigente del PP con 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, tres para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros. De esta manera, Zaplana se convierte en el segundo presidente de la Generalitat condenado después de que en 2017 lo fuera su ex mano derecha, José Luis Olivas, por fraude fiscal.
Una sentencia que pondrá a prueba la resistencia de la marca PPCV liderada por Carlos Mazón, quien precisamente se inició en la primera línea política como director general del Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj) a finales de los años noventa con Zaplana al frente de la Generalitat, para luego continuar bajo la presidencia de Francisco Camps, en este caso al frente del área de Consumo del Gobierno valenciano.
El actual jefe del Consell reaccionó a la noticia de la condena admitiendo que no le resultaba "indiferente", pero insistió en que la resolución todavía "no es firme" y manifestó su "máximo respeto" a las decisiones judiciales. Un mantra que viene repitiendo de forma constante ante este tipo de situaciones, si bien en este caso destacó que también este martes, se había conocido la absolución del expresidente de la Diputación de Alicante -e histórico 'zaplanista'- José Joaquín Ripoll en la causa del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
Así, respecto a las repercusiones sobre la sentencia de Zaplana para el actual PPCV, resulta evidente que nunca es beneficioso para unas siglas que un dirigente de la importancia del exministro sea condenado de manera tan contundente. No obstante, lo cierto es que la noticia llega en un momento que podría considerarse dulce para Mazón: tiene por delante el difícil reto de lograr los votos de Vox para aprobar los presupuestos, pero al mismo tiempo tiene la ventaja discursiva de haberse deshecho de sus socios por causas ajenas a su gestión, lo que reafirma su posición presidencial.
Es cierto que las últimas semanas estaban siendo especialmente complicadas para el PSOE de Pedro Sánchez y, más en concreto, para los socialistas valencianos liderados por la ministra Diana Morant. En el ámbito nacional, la esposa del presidente, Begoña Gómez, sigue en el ojo del huracán y, por otro lado, la situación del valenciano José Luis Ábalos ha empeorado notablemente después de que la UCO considerara que el exministro tenía "un papel relevante" en la denominada trama Koldo.
Una circunstancia que había allanado el camino para Alberto Núñez Feijóo pero también para los populares valencianos, que además de todas las reivindicaciones y exigencias pendientes hacia el Gobierno central, también podían sumar a la crítica política la sombra de la corrupción. Una posición que, sin embargo, tras la condena a Zaplana, otorga una balón de oxígeno al PSOE a la hora de equilibrar las acusaciones sobre presunta corrupción, al poder enfrentarlas con una sentencia condenatoria como la conocida sobre el expresidente de la Generalitat este lunes.
Indudablemente, una condena al que fue líder todopoderoso del PPCV durante más de una década, no es baladí. Ahora bien, las distintas fuentes del partido consultadas por este diario consideran que el problema puede "aislarse". Mazón, pese a que en su juventud formara parte en un cargo menor del gobierno de Zaplana y estuviera totalmente integrado en su 'familia' política, no estaba considerado como un dirigente con un peso especialmente destacado dentro de aquel grupo, aunque sí entre los valores de futuro.
Ahora bien, el contacto entre ambos desde hace años parece haber sido nulo, por lo que para los populares la estrategia del PSPV de dibujar a Mazón como un "hijo político" de Zaplana, carece de consistencia, aunque sí es cierto que entre las personas de confianza del presidente de la Generalitat figuren dirigentes como la diputada nacional Macarena Montesinos o la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que en su día sí fueron referentes destacadas del 'zaplanismo'.
Más preocupante podría ser para Mazón y los suyos que esta condena resucitara la sensación de desgaste de una marca que ha sufrido en los últimos años diversos golpes en los tribunales. Y es que la sombra de la corrupción ha perseguido a los populares valencianos en los últimos 15 años, especialmente desde que estallara el caso Gürtel en 2009.
Cabe recordar que Génova obligó a dimitir a Camps, pese a que acababa de ganar las elecciones de 2011 por mayoría absoluta, al conocerse que se sentaría en el banquillo por el caso de los trajes. Una causa de la que salió absuelto tras el juicio, al igual que del resto de imputaciones relacionadas con casos de corrupción, la última en mayo de este mismo año. Ahora bien, el PP sí fue condenado por financiación irregular por el caso Gürtel -esto provocó la moción de censura a Mariano Rajoy-, tanto en el ámbito nacional como en su rama valenciana.
Paralelamente surgían otros procesos, como el caso Cooperación, cuyas primeras detenciones se produjeron en febrero de 2012. Una trama de desvío de ayudas al Tercer Mundo que terminó con la condena del exconseller Rafael Blasco a ocho años de prisión, posteriormente rebajada a seis y medio.
Estos casos, unido a las dificultades económicas que atravesaba el Gobierno valenciano, que incluso cerró Canal 9 ante la orden del Ejecutivo de Mariano Rajoy de recortar gastos, condujeron al entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a una legislatura ingobernable que terminó en 2015 devolviendo el poder al PSPV-PSOE -en pacto con Compromís y Podem- 20 años después de salir del Palau.
Los vientos favorables a los nuevos inquilinos del poder seguían soplando. En enero de 2016 tuvo lugar el estallido del caso Taula, por el que el pasado mes de julio fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación en la financiación en B de las campañas del PP el exvicealcalde de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de la fallecida Rita Barberá. Un dirigente que también está en el ojo del huracán en el caso Azud, dado que la jueza considera que ocultó un millón de euros en diferentes países y a través de familiares procedentes de comisiones ilegales.
Ahora bien, pese a este historial inquietante de procesos, la realidad es que el peor trago para el PP relacionado con la corrupción en la Comunitat Valenciana ya parece haber pasado. Aunque la condena de Zaplana es un golpe, que además apunta a ser utilizado de forma recurrente por la oposición, que se haya producido lejos de una contienda electoral y casi al inicio de una nueva etapa de gobierno, deja en una posición sostenible al Consell de Mazón. Siempre y cuando, obviamente, protagonicen una gestión sólida y sin problemas judiciales, lo que sí permitiría que los casos relacionados con antiguos dirigentes cobraran protagonismo y volvieran a desgastar la marca PPCV.
