FOTO: EFEPedro Sánchez y Albert Rivera habrán tenido tiempo para arrepentirse de su decisión de repetir las elecciones generales en noviembre de 2019. Rivera podría haber sido vicepresidente del Gobierno, condicionando su acción desde la fuerza de sus 57 diputados. En lugar de eso, su partido descendió de 57 a 10 escaños, lo que llevó a la dimisión de Rivera y su reconversión en gurú que da lecciones de liderazgo ("Así perdí 47 escaños y el Gobierno en unos meses", próximamente en tu charla TEDx más cercana).
Sánchez, por su parte, tenía en abril de 2019 el escenario soñado: podía pactar a su derecha y a su izquierda. Y aunque sólo en Unidas Podemos estuviesen dispuestos a pactar, dicho pacto se habría producido en unas condiciones muy diferentes a las actuales, porque siempre habría estado presente la posibilidad de que el PSOE virase al centro y llegase a acuerdos con los 57 diputados de Ciudadanos. Es decir, el PSOE habría tenido mucho más poder de decisión y más independencia respecto de sus socios (sí, incrédulo lector: incluso más que ahora, aunque sea difícil esbozar un escenario en el que Unidas Podemos tuviera aún menos peso que el que tiene en el actual Gobierno de coalición). Además, las elecciones de abril de 2019 dejaron al PP herido de muerte, con el peor resultado de su historia (sin contar los que obtuvo AP en los años 70): 66 escaños. Y Vox ya aparecía como tercera alternativa en la jaula de grillos de la derecha.
Pero Sánchez, jugando a aprendiz de brujo adicto a las campañas electorales, decidió forzar una repetición de los comicios. Y con ello consiguió tres cambios de calado, al menos los dos primeros netamente negativos para sus intereses: por un lado, el hundimiento de Ciudadanos clarificó el desconcierto en la derecha, con PP y Vox fortalecidos, y dejó al PSOE sin un socio potencial. Por otro, PSOE y Unidas Podemos se estancaron electoralmente. Finalmente, la plataforma Teruel Existe obtuvo la victoria en las elecciones en la circunscripción en la que se presentó, con un 26,7% de los votos, que le permitieron entrar en el Congreso con un diputado (el acta de Tomás Guitarte), así como dos senadores (aunque eso no le importe verdaderamente a casi nadie, salvo a los dos senadores agraciados y sus familias).
Guitarte ganó notoriedad durante la negociación de investidura de Sánchez, en enero de 2020 (poco antes del estallido de la pandemia), básicamente porque, por tratarse de un partido instrumental, no ideológico, las presiones desde el campo de la derecha para que no apoyase dicha investidura fueron particularmente fuertes. Desde entonces, Guitarte ha pasado a segundo plano en la política nacional, pero no puede decirse lo mismo del problema que explica la aparición de su plataforma (hace más de veinte años), que ha logrado, por fin, entrar en la agenda política nacional.
El problema de Teruel es compartido con lo que se ha venido a denominar la "España vacía" o, en afortunada expresión derivada de la anterior, "España vaciada". La composición orográfica del país, muy montañoso y con malas comunicaciones, se ha combinado en los últimos cien años con el proceso de industrialización, la llegada del turismo costero y, sin duda, el afán centralizador (con Madrid como gran polo de atracción, pero no el único, puesto que ese modelo centralizador también se ha reproducido, a escala, en muchas capitales autonómicas, como es el caso de Zaragoza, que ha congregado a más de la mitad de la población de Aragón en el último siglo), para provocar un paulatino despoblamiento de muchas provincias del interior de España que se ubican entre Madrid y la costa, una "tierra de nadie" en la que cada vez vive menos gente y está más envejecida, con pueblos abandonados o convertidos en aldeas y una vitalidad (económica, cultural, social) que disminuye a ojos vista.
Teruel es el ejemplo emblemático: una provincia que llegó a tener 265.000 habitantes en 1910 y ahora cuenta con 135.000. Es decir, su población se ha visto reducida a la mitad en poco más de cien años (en el mismo período, la población española ha aumentado de 20 a 47 millones de habitantes, más del doble). La plataforma Teruel Existe no es flor de un día, sino que lleva décadas funcionando, al igual que el problema de la despoblación y la emigración a las grandes ciudades (en el caso de Teruel, sobre todo a Zaragoza y Valencia).
Visto el éxito de Teruel Existe, que no sólo obtuvo un diputado en 2019, sino que, de repetirse las elecciones, podría revalidarlo e incluso obtener un segundo escaño, muchas plataformas ciudadanas en provincias con similares problemas buscan emularlo, y piensan hacerlo presentándose como candidatura unificada. El sondeo del diario El Español les otorga 15 escaños, lo que los convertiría en auténticamente cruciales para investir a cualquier Gobierno, dado el previsible escenario de fragmentación electoral. Otras estimaciones son menos optimistas, pero sí que parece factible que puedan aparecer diputados contra la despoblación en varias de estas provincias.
Desde el punto de vista estratégico, no sabría decir si es mejor que estas plataformas presenten candidatura conjunta ("España Vaciada") o cada uno vaya por separado (Teruel Existe, Segovia Existe, Soria Existe, etc.). Puede que una candidatura unificada reste capacidad de identificación del votante con el movimiento y las características singulares de cada provincia, pero también es posible que les dé mayor visibilidad mediática e incremente la sensación en el electorado de que es su mejor oportunidad para cambiar el curso de las cosas que ha condenado sus territorios al abandono.
En cualquier caso, sí que está claro que en las elecciones generales tienen su mejor oportunidad, porque el sistema electoral les beneficia sobremanera. Aunque el español es un sistema proporcional, en el que el número de diputados de cada provincia depende de su población, existe una importante corrección inicial, de dos diputados de asignación directa a cada provincia, que no dependen de la población. Esto explica que en Soria o Teruel, las dos provincias menos pobladas de España, los diputados "cuesten" muchos menos votos que en Madrid o Barcelona, las dos provincias de mayor población (donde la proporcionalidad entre población y número de escaños es mucho más precisa). Después de todo, Teruel Existe consiguió su único diputado con 19.000 votos, mientras que en esas mismas elecciones los partidos que obtuvieron escaños en Madrid tuvieron que congregar en torno a 100.000 votos por cada acta de diputado.
Este factor corrector, de hecho, se incorporó en 1977 con el pretexto de compensar la falta de población de las provincias del interior, para que el peso demográfico no lo decidiera todo. Tras este cándido propósito protector de la España vacía, precursor en el tiempo, se escondía el intento de primar a las candidaturas conservadoras, que previsiblemente sacarían mejores resultados en provincias mayoritariamente rurales y de elevado promedio de edad. De hecho, así fue desde entonces: el PP, y antes la UCD, contaron siempre con un incremento (pequeño, pero significativo) de sus escaños gracias a sus buenos resultados en la "España vacía", donde los escaños no salían gratis, pero sí más baratos que en las provincias más pobladas.
Por ejemplo, Castilla y León, que congrega buena parte de las provincias menos pobladas, con 3, 4 y 5 escaños, donde las candidaturas conservadoras siempre salen bien paradas, contó en las últimas elecciones con un total de 31 diputados para un censo de 2.116.000 votantes. La Comunidad Valenciana, con 3.657.000 votantes censados (casi el doble), sólo repartió un diputado más: 32. No se trata, por tanto, de una cuestión menor. Si la "España Vaciada" logra entrar en algunas de esas provincias, donde históricamente el sistema siempre ha sido, de facto, bipartidista, porque el umbral para conseguir un escaño era demasiado elevado para las terceras opciones, dificultará mucho la conformación de mayorías a partir de los partidos más votados (pues éstos basan su hegemonía no sólo en los votos, sino también en esta particular distribución territorial de los escaños). Y además introducirá un nuevo factor en la negociación para conformar mayorías, que tendrá base territorial, al igual que los partidos regionalistas y nacionalistas.
Eso es algo que a menudo se critica desde los foros de pensamiento y análisis habituales (y no digamos desde los partidos mayoritarios) con el mantra de que dificulta configurar políticas para todo el país, beneficiosas por igual, frente al nefando interés particular "territorialista". Tal vez deberían preguntarse si el interés general que dicen defender ha funcionado tan bien como ellos creen, porque quizás ahí está la raíz del problema: en su incapacidad o desinterés para atender las necesidades del país en su conjunto, y no sólo de los principales polos económicos y de población.
