La Fiscalía eleva la petición de cárcel para Grau a 9 años y dos meses por la financiación del PP

VALÈNCIA. La Fiscalía ha pedido un aumento de las penas para los acusados en el juicio sobre la financiación de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula. En el caso del exvicealcalde de València, Alfonso Grau, eleva la solicitud a los nueve años y dos meses de prisión -inicialmente pedía nueve–. 

Lo mismo ocurre con otros dos acusados, el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón. Para ambos reclama cinco años y dos meses de prisión. El motivo es que la Fiscalía ha añadido para los tres el delito continuado de falsedad documental en concurso medial con el de malversación (que ya les era atribuido).

En cuanto a la exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster, mantiene la solicitud de un año de prisión por un delito de cohecho. La acusación popular que ejerce Compromís se ha adherido a estas reclamaciones. 

Las defensas de los acusados, por su parte, han pedido la absolución para sus representados y, subsidiariamente, que se apliquen atenuantes por dilaciones indebidas muy cualificadas, lo que supone una reducción considerable de la pena. La propia Fiscalía, de hecho, ha reconocido también dilaciones indebidas no atribuibles a las defensas por los retrasos en la instrucción. Si hay condena, puede haber, por tanto, rebaja. 

Falso testimonio de Gordillo

La Fiscalía, además, ha interesado la deducción de falso testimonio contra Jesús Gordillo, exasesor de Grau y testigo clave en esta pieza que cambió de versión durante su declaración en el juicio. Después de confesar prácticas ilegales para sufragar los gastos electorales en un testimonio muy relevante para la investigación, eximió a Grau de cualquier responsabilidad y evitó reconocer las operativas ilegales. La petición de Anticorrupción consiste en que otro juzgado lo investigue. 

En esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula, los investigadores apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada". 

En 2007 se habrían servido de la agencia de comunicación Laterne, sin actividad real y que se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulado. En 2011, los investigadores tienen la tesis de que se sirvieron de otra empresa, Trasgos. Así, creen que parte de gasto electoral se pagó mediante las aportaciones económicas, bien en metálico de ilícita procedencia, o de distintas empresas con una fuerte vinculación al Ayuntamiento de Valencia.

Tanto Grau como García-Fuster (y el resto de acusados) han negado a lo largo de las sesiones su participación en estos hechos. La próxima semana el juicio quedará previsiblemente visto para sentencia después de que las partes presenten sus informes de conclusiones.