VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana lanza un bono de 90 euros para paliar los efectos de la inflación en la cesta de la compra. Una medida que irá dirigida a unidades familiares con rentas inferiores a 21.000 euros anuales y que se ha diseñado como una tarjeta bancaria prepago para gastar en cualquier supermercado y tienda de alimentación de la Comunitat Valenciana.
Se podrá solicitar a partir del 18 de abril y hasta el 15 de julio y, a partir de su expedición, habrá un periodo de máximo cuatro meses para poder canjearla en productos de alimentación. De esta forma, se podrá utilizar o bien progresivamente o en una sola compra.
Así lo anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante la presentación de este instrumento para paliar los efectos de la inflación en la cesta de la compra, acompañado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España. Una iniciativa que la Administración Valenciana lleva negociando desde septiembre con los supermercados, que en todo momento han mostrado su predisposición de colaborar.
La previsión es que cerca de medio millón de valencianos se beneficien de esta ayuda, cuyo presupuesto asciende a 48,4 millones de euros, y que podrán pedir los residentes en la Comunitat Valenciana y más de una persona de la unidad familiar, siempre que no se supere la renta máxima fijada. "Es una iniciativa que va al corazón de las economías domésticas, a la nevera, desde la cooperación y colaboración público-privada", destacó el 'president'.
Esta ayuda será, además, compatible con el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Valenciana de Inclusión y la ayuda de 200 euros del Gobierno. No obstante, los pensionistas quedan excluidos, según detallaron fuentes de la Generalitat Valenciana. "No puede ser una acción universal, sino que va dirigida a atajar la fractura social en las familias con menos renta", remarcó Puig.
Por el momento, el Consell ha activado una web informativa sobre la iniciativa https://bonocesta.gva.es/, pero no será hasta el próximo 18 de abril cuando se activará para poder presentar la solicitud. En ella, el usuario deberá cumplimentar una serie de requisitos que, posteriormente, la Agencia Tributaria Valenciana comprobará.
Una vez realizada la revisión de las solicitudes y de la documentación presentada se remitirá un SMS o email informativo sobre la resolución y la recogida del bono. La Administración comunicará cuándo y dónde pueden recoger la tarjeta, ya que todavía se está pendiente de concretar los puntos de distribución.
Para ello, la Generalitat se ayudará de ONG, Ayuntamientos y asociaciones de consumidores para facilitar la accesibilidad de los usuarios. No hará falta activar la tarjeta porque será de uso directo.
El objetivo del gobierno autonómico es minimizar el impacto de la subida de los precios en la cesta de la compra. "Había dos opciones: 'sálvese quien pueda o multiplicar la acción pública, gestionar para la mayoría de la sociedad, y hemos optado por la segunda opción a través del diálogo", resaltó el 'president', quien agradeció el respaldo de CEV, sindicatos, empresas de distribución y pequeño comercio.
Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que la distribución asumirían en torno al 5% del bono finalmente colaborarán de forma complementaría a través de vales de compra, por un valor de hasta un millón de euros, y en colaboración con diferentes ONG y asociaciones sin ánimo de lucro. De esta forma, el 100% del bono lo aportará la Generalitat Valenciana.
"Somos muy conscientes de que parte de la ciudadanía necesitan ayuda para costear la cesta de la compra y por ello, de forma habitual y especialmente en los últimos meses, estamos buscando la fórmula de colaborar y ayudar a las familias más vulnerables", destacó el presidente de la patronal (CEV), Salvador Navarro.
Así, El Corte Inglés, Carrefour, Mercadona, Consum, Más y Más, Alcampo, Hiperber, Dialprix, Spar, Lidl, Dia y todo el pequeño comercio proporcionarán alimentos a través de estos vales que gestionarán asociaciones para "asegurar que realmente llega a las personas que más lo necesitan", remarcó Navarro, quien puso en valor el trabajo de las empresas por colaborar y favorecer la "cohesión social" , pese a que su capacidad de ayuda es "limitada" porque también se enfrentan a un importante incremento de costes y "los márgenes se están reduciendo".
Además, defendió que esta medida se suma a otras que ya han puesto en marcha los distribuidores para "ofrecer el mejor precio posible respetando la ley de la Cadena Alimentaria y son perjuicio ni de industria no de productores". "Es justo reconocer nuestra aportación a la sociedad", subrayó el presidente de la patronal valenciana.