Jakob Suwalski MADRID. Las negociaciones políticas en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español deben considerarse en el contexto de los retos estructurales de gasto público a los que se enfrenta el país y el imperativo de utilizar eficazmente los fondos de la UE. España ya ha recibido 37.000 millones de euros de los 164 000 millones asignados a los fondos de recuperación de la UE, lo que equivale al 12,4% de su PIB en 2022.
El hecho de que España haya evitado unas nuevas elecciones previene más retrasos a la hora de abordar cuestiones urgentes relacionadas con dicho gasto. Garantizar la continuidad política y de las políticas también es crucial para apoyar la confianza de los inversores en un periodo de inflación, tipos de interés elevados y ralentización del crecimiento.
El riesgo para Sánchez es que el acuerdo con el partido independentista catalán Junts pueda dar lugar a prolongadas disputas legales, impidiendo potencialmente un rápido retorno a la estabilidad política. Sin embargo, también podría suponer una oportunidad para acelerar los avances en el sistema de financiación autonómica de España.
La gestión eficiente de las finanzas públicas españolas es primordial, sobre todo si se tienen en cuenta los cambios estructurales del gasto necesarios para que el Gobierno pueda hacer frente a retos demográficos como el envejecimiento de la población y contener los costes de la transición hacia una producción de energía más sostenible. La capacidad de España para hacer frente a estos retos influirá significativamente en las valoraciones crediticias soberanas y de los gobiernos regionales.
La absorción eficiente de los fondos de la UE es fundamental para apoyar el crecimiento económico y superar los retos estructurales, pero también depende de unas estrategias económicas sólidas y de la estabilidad política.
Jakob Suwalski es director de calificaciones soberanas de Scope Ratings
