El exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La jueza sustituta del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha levantado el secreto de una de las piezas separadas del caso Azud. Se trata de la relativa a la posible financiación ilegal del PSPV. En ella figuran como investigadas un total de nueve personas.
El periodo en el que se centra esta línea de indagaciones es el de alrededor de 2006 y 2007, cuando el PP gobernaba en la Comunitat pero el Ejecutivo central se encontraba en manos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos de los proyectos que se pusieron en marcha bajo su mandato son los que ahora se encuentran bajo sospecha.
Los nuevos imputados son: el exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña; el exjefe jurídico de la empresa pública Divalterra José Luis Vera; el constructor Jaime Febrer; el exconsejero delegado de la empresa pública estatal Aguas del Júcar José María Marugán; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues; el que fuera apoderado de Acciona y director regional para la zona de Levante y Baleares Juan José Fernández; el constructor Francisco Antonio Gigante Madrigal; y los empresarios Javier Luján (Construcciones Luján) y Enrique Gimeno (Facsa).
La macrocausa de Azud se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
Una de las piezas separadas de la investigación es la que ahora se levanta y es por la que el juzgado ordenó varios registros el pasado octubre a diversas empresas. Los agentes también solicitaron documentación sobre el PAI (Plan de Actuación Integrada) en Xixona. La operación no incluyó detenciones como en ocasiones anteriores.
El detonante fueron los papeles hallados en el domicilio del exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña. La instrucción lo señala como enlace dentro de la presunta trama. En definitiva, como facilitador de contactos entre uno de los cabecillas, el empresario Jaime Febrer, y ayuntamientos gobernados por los socialistas. La jueza manifestó en uno de sus escritos que Cataluña "no ostentaba cargo orgánico en el partido, pero tenía un gran peso y mando en el mismo", por lo que "podía actuar con total libertad".
Las anotaciones encontradas en su poder mostrarían, supuestamente, comisiones de grandes constructoras que llegarían hasta un 6% como resultado de adjudicaciones. La operación concreta que llamó la atención de los investigadores fue la del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006. Acciona y Construcciones Luján concurrieron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para llevarse las obras y fueron adjudicatarias del tramo E, el más caro, que ascendió a 39,7 millones de euros.
El concurso partió de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona. El objeto era la redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra de la conducción hídrica. Y la Guardia Civil cree que estaba totalmente amañado. Para empezar, las adjudicatarias tenían que abonar dos millones de euros como condición para la licitación, lo que suponía un 5% respecto a la adjudicación. A lo que se añadían otros pagos que figuraban bajo el apéndice "Factura a recuperar en proyecto (teóricamente)" en los papeles de Pepe Cataluña.
En ambos abonos, cada empresa debía de aportar una cantidad de manera proporcional a su participación en la UTE. La suma de todas las cantidades representaba alrededor del 6% respecto al importe de adjudicación del proyecto y ascendía a 2,5 millones de euros. Motivo por el que la UCO interpreta que se trataba de comisiones.
Pero el que fuera responsable de finanzas del PSPV no sólo tenía anotados estos pagos, sino el detalle de las adjudicaciones de los cinco tramos de la obra del trasvase –que se formalizaron entre 2006 y 2008– y las UTEs beneficiarias. De ahí que el conjunto del proyecto pudiera estar amañado según los investigadores.
Otra de las empresas registradas este martes fue Acuamed, y una de las peticiones de documentación de la UCO está relacionada igualmente con el PAI (Plan de Actuación Integrada) de Xixona. La investigación sostiene que el PSPV se pudo servir de la empresa pública estatal para financiar su campaña electoral de 2007. En este punto, aparece como persona clave el exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera –un abogado cercano históricamente a los socialistas–. La jueza remarcaba en uno de sus últimos escritos que fue el conseguidor para que se firmara y redactara un convenio de suministro de agua entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona. "El PAI El Espartal sólo podía desarrollarse si se obtenían suficientes recursos hídricos y, en este punto, jugó un papel fundamental Acuamed", afirmaba la magistrada. Para esa operación se habría usado una sociedad interpuesta, que habría abonado con fondos del grupo empresarial del constructor Jaime Febrer 484.480 euros al PSPV para sufragar parte de su campaña de 2007.
Aunque todos estos hechos se tendrían que encasillar en un delito de financiación irregular del partido, esta línea de investigación no es posible –al menos por el momento– debido a que las fechas en las que se produjeron no existía ese delito, incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. Esto supone que, como publicó Valencia Plaza, no se pueda perseguir. A ello se suma que, al tratarse de 2006 y 2007, se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. Por lo tanto, únicamente se puede continuar por la vía del cohecho –a no ser que apareciera algún elemento nuevo–, que es en la que se basan actualmente esta parte de las pesquisas.
