Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La licitación de obra pública en la Comunitat Valenciana desciende de forma notable en el primer trimestre de este año, llegando a niveles por debajo de 2020, año de la pandemia y en el que se paralizaron las obras. En concreto, en los tres primeros meses de este 2023, la inversión de las tres Administraciones -estatal, autonómica y local- alcanzó los 183,7 millones de euros frente a los 513,2 millones que se licitaron en el mismo periodo de 2022, lo que supone un 64,2% menos.
Con estos datos, también las actuaciones que quedaron desiertas por el alza de precios de las materias primas bajaron al pasar de 53 actuaciones sin concurrencia en los primeros tres meses de 2022 a las 16 de este primer trimestre del año. Además, el sector reconoce que el valor medio de los materiales se está estabilizando y la Administración ha ajustado el valor de los contratos a la nueva coyuntura.
Así lo reflejan los datos facilitados a este diario de la Federación de Contratistas de Obra Publica de la Comunitat Valenciana (Fecoval), que apuntan a un fuerte descenso de las licitaciones y, también de las adjudicaciones, ya que únicamente se han asignado 4 millones de los 183,7 millones licitados entre enero y marzo en la región. Una caída que, sin embargo, no preocupa en exceso al sector que la achaca a la próxima convocatoria electoral y a los cambios que ha habido en los diferentes Gobiernos para confeccionar las listas electorales.
"Entendemos que esta situación es por las elecciones de mayo, aunque es cierto que es una licitación muy baja, incluso en pandemia se sacaron más obras. No obstante, estos meses mucha gente ha dimitido y los organismos públicos se han paralizado, por lo que creemos que a partir del segundo semestre del año todo cambiará y habrá una recuperación. De hecho, esperamos un otoño muy caliente", asegura José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval.
El mayor esfuerzo inversor, de nuevo, fue de los ayuntamientos, que licitaron en la Comunitat Valenciana 65,2 millones de euros, un 53,3% menos que en el mismo periodo de 2022 cuando la cifra alcanzó los 139,9 millones. Le sigue la Generalitat Valenciana que invirtió en los tres primeros meses de este año 26,2 millones, un 86,4% menos que hace un año, cuando fueron 193,4 millones.
En cambio, el Estado aumentó su inversión en la región al pasar de los 6,2 millones del pasado ejercicio a los 16,5 millones este año, a los que se suman los 17,5 millones licitados por las sociedades estatales como son Aena, Renfe, Acuamed o Correos, entre otras. Por su parte, las Diputaciones licitaron cerca de dos millones, un 61,2% menos, mientras que fueron 50,4 millones lo invertido por las sociedades autonómicas -Cacsa, FGV, Turisme o la Evha, entre otras-; 1,9 millones de las universidades frente a los 23,8 millones del mismo periodo de 2022; y 3,8 millones de las sociedades y mancomunidades locales.
En concreto, de los 26,2 millones licitados por la Generalitat Valenciana, el grueso lo concentra la Conselleria de Educación con 12,8 millones, seguida de Sanidad, 5,6 millones; y Territorio, 5,3 millones. En cuanto a los ayuntamientos, el que más proyectos sacó al mercado fue el de València, por un montante de 13,7 millones, mientras que Alicante licitó actuaciones por 8,6 millones y el consistorio de Castellón por 3,8 millones.
Por parte del Estado, Transportes fue el que más dinero destinó a actuaciones en la autonómica valenciana entre enero y marzo, con un total de 13,4 millones, seguido de Transición Ecológica con 3,1 millones; y el de Ciencia, Innovación y Universidades con 39.000 euros.
"No hay preocupación porque creemos que esta situación es por la situación electoral. Hay presupuestos y auguramos que cerraremos el año con una inversión similar a la del año pasado, que fue de cerca de 2.700 millones de euros", remarca Santa Isabel. "Quedan licitaciones pendientes en Sanidad y Justicia y todo se ha parado porque mucho personal se ha ido a las listas y la gestión desde septiembre ha ido al ralentí, pero pasado el verano tendremos mucha actividad", asegura.
En cuanto a las licitaciones desiertas, Santa Isabel comenta que el número ha bajado porque así lo ha hecho la licitación, aunque también reconoce que en muchos casos la Administración ha revisado al alza los precios de los contratos para ajustarse a las subidas de los costes en el mercado, el principal motivo para que las empresas no concurrieran.
En estos meses, han sido 16 obras las que se han quedado sin ofertas por un importe total de 4,2 millones de euros frente a las 53 por 37 millones que quedaron sin adjudicatario en el mismo periodo de 2022. Por provincias, han sido 16 actuaciones en la de València: una de la Conselleria de Territorio por 1,3 millones, otra de la de Transparencia por 606.900 euros; 10 obras de ayuntamientos por un valor total de 1,4 millones y una última de una sociedad mancomunidad por 147.000 euros.
En Alicante han sido dos: una de un ayuntamiento por 120.628 euros y otra de Vaersa para actuaciones en la planta de residuos de Villena por 124.00 euros. Finalmente, quedó una obra pendiente en Castellón de una sociedad mancomunada por 412.346 euros, de acuerdo con los datos de Fecoval.
Sin embargo, el empresario urge a revisar la normativa ante la coyuntura inflacionista actual. Y es que aunque admite que las materias primas se están estabilizando, siguen la senda alcista. Así, por ejemplo, el acero bajó en julio 300 euros la tonelada, pero volvió a subir en septiembre 200 euros y en enero lo hizo otros 50 euros y hace poco 20 euros más la tonelada, por lo que prácticamente vuelve a máximos. "Ahora crecen a menor ritmo, pero siguen subiendo y no van a bajar porque una empresa que ahora está vendiendo por seis no va a hacerlo por cinco", afirma.
También, de acuerdo con sus datos, si el hormigón antes de la pandemia costaba 50 euros un metro cúbico, ahora está en 100 euros. "En solo dos años, los materiales han subido lo mismo que los treinta años anteriores juntos", remarca. Y, aunque el gobierno ha sacado varios decretos para la revisión de precios en los contratos públicos, la exclusión de la energía o ciertos materiales no ha ayudado a aliviar la situación para las empresas.
"No hemos logrado que la Administración cumpla con lo que dice ley que es que debe haber reequilibrio económico- financiero por causas externa a la Administración y al contratistas, como así ha sido. Pero, además, consideramos que si en una licitación pública hay menos de cinco empresas no hay una competencia ni concurrencia real y las obras deberían de declararse desiertas", remarca.
