VALÈNCIA. La posible condonación de la deuda histórica de algunas Comunidades Autónomas (CCAA) y la reforma del sistema de financiación se han convertido, inopinadamente, en dos de los asuntos -que forman un pack indisoluble- en la agenda política de este verano.
La posibilidad de incluir una quita y la remodelación de un modelo que lleva caducado desde 2014, una reivindicación de los gobiernos valencianos de distintos signo mantienen desde hace casi una década, ha entrado en el debate como una opción por parte del PSOE que lidera Pedro Sánchez para seducir a las formaciones catalanas independentistas -especialmente Junts- de cara a conseguir sus votos en la investidura.
A partir de ahí, los principales dirigentes de las CCAA se han lanzado a un intercambio de pareceres sobre una cuestión que, obviamente, genera discrepancias entre las distintas autonomías. Algunas son partidarias de la reforma y de la condonación -las mal financiadas y endeudadas-, mientras que otras -las mejor financiadas y menos endeudadas- lo ven como un agravio comparativo.
La Comunitat Valenciana, como es ya conocido y el propio Gobierno de España ha reconocido, es una de las más perjudicadas en el reparto establecido en el actual sistema caducado, lo cual ha conllevado un incremento de su deuda, que actualmente se sitúa por encima de los 55.000 millones de euros. En este sentido, las fuerzas del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unies Podem) que conformaban el anterior Consell, han venido reivindicando una solución para estos números rojos regionales. Ahora, con la necesidad de Sánchez de congraciarse con las fuerzas independentistas, podría llegar una oportunidad de oro para que, de forma colateral, la Comunitat Valenciana viera realizadas estas reivindicaciones.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se mueve con pies de plomo en esta cuestión. El también líder del PPCV ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de la reforma del sistema de financiación, pero estos días se está mostrando más que prudente en el manejo del concepto "quita" y "condonación". Es más, el jefe del Consell evita utilizar estos términos e insiste en hablar sobre la necesidad de una "compensación" para la Comunitat Valenciana, una palabra que ya utilizaron por ejemplo en el segundo informe de la Comisión de Expertos designados por Les Corts elaborado en el año 2017 y que parece buscar alejarse de un mero 'perdón' de la deuda sino una recompensa por haber tenido que endeudarse porque no se ha financiado adecuadamente a la Comunitat Valenciana.
¿Cómo se concretaría exactamente esa "compensación"? En el nuevo Gobierno valenciano todavía no se especifica la fórmula: "Hay que analizar las posibilidades siempre de forma responsable y multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aunque atendiendo a la excepcionalidad de la Comunitat Valenciana", subrayan fuentes del Consell.
Más allá del interés por el gobierno de Mazón en buscar posibles caminos que no impliquen una simple quita, lo que también sufre el líder del PP es un problema de semántica. Voces más que autorizadas de ámbito nacional como consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert, muy próxima a Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó a principios de este semana que se opondrán "con todos los medios" posibles a una condonación de la deuda. Una evidencia -a la que se sumaron otras- de que una hipotética quita podría generar un conflicto entre CCAA, la mayoría gobernadas con el PP, en el que Mazón quiere evitar entrar.
Por otro lado, algunos dirigentes populares también opinan que una mera condonación puede no ser, ni mucho menos, la "panacea" para el nuevo Consell si eso implica mayores restricciones del gobierno y un descenso de la maniobrabilidad del ejecutivo regional en materia económica.
Con este escenario de cierto dilema en el PP de Mazón, la oposición liderada por los socialistas valencianos de Ximo Puig han aprovechado para tratar de acorralar al nuevo presidente de la Generalitat con esta cuestión.
Así, el PSPV presentó este jueves en Les Corts Valencianes una Proposición No de Ley (PNL) con la que insta a todos los grupos con representación en la cámara a pronunciarse sobre "la condonación de la deuda histórica que sufre la Comunitat Valenciana como consecuencia de la infrafinanciación".
La iniciativa, según explicó el portavoz adjunto Arcadi España en un comunicado, exige reclamar al Gobierno central "la puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para hacer realidad la condonación de la deuda derivada y de la infrafinanciación y el rechazo de los grupos al posicionamiento de aquellas administraciones que se oponen a encarar esta vía de justicia".
"La posición de la Generalitat Valenciana no puede ser la de un partido político ni puede estar sometida al criterio de otras autonomías, como la de la señora Ayuso", sentenció, para asegurar ante "la inconcreción y falta de claridad del Consell PP-Vox" que en este asunto "no caben ambigüedades".