Fotos: ANTONIO PRADAS
CASTELLÓ. "El interés general ha roto un proyecto de vida". Por ello debe ofrecer "antes una compensación justa". Así lo ha resaltado el abogado que representa a la familia que ha de abandonar su vivienda por las obras del acceso ferroviario al puerto de Castelló. Las personas afectadas se han negado a marcharse este martes de manera voluntaria de su vivienda, tal como le ha requerido Adif. Junto a su representante legal, han afirmado que lo harán cuando se emita una orden judicial y han asegurado que lucharán por conseguir una alternativa acorde a lo que supone la pérdida de su casa.
"Quiero que se solucione lo más pronto posible. No me he ido este martes. Quieren que nos vayamos ya sin saber nada, sin tener otra casa, no podemos irnos debajo de un puente", ha relatado Nuria, una vecina de Castelló que vive con sus dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad de un 69 %. Lamenta que encima adviertan con "denunciarla por daños y perjuicios "además de quitarme mi casa".
Un técnico de Adif se ha acercado a las 12.00 horas para preguntar a la propietaria de la vivienda afectada por las obras si se marchaba de forma voluntaria. Tras la negativa de la familia a irse de su vivienda, un juzgado resolverá el desahucio y las condiciones económicas de la expropiación. Y de esta forma lo quieren los afectados, como ha sostenido su letrado: "queremos una autorización judicial para respetar los derechos constitucionales de la familia. La vivienda está protegida por la Constitución y para el desahucio se exige una autorización judicial que impulse el lanzamiento".
El abogado ha explicado ante los medios de comunicación que se trata de defender "los intereses de una familia que ha visto roto su proyecto de vida por una obra de interés general. En este caso, hemos puesto de manifiesto al Ministerio (de Transporte) las circunstancias familiares de estas personas y, hasta el día de hoy, no han ofrecido ningún tipo de empatía o ayuda", ha subrayado el representante legal, que ha remarcado que a estas alturas "no conocen la valoración ni el justiprecio de la expropiación", "ni si tienen derecho al realojo". Y nos oponemos al desalojo "porque no hay autorización judicial que respete los derechos de la familia", ha aseverado.
Ha informado que en la tramitación de la expropiación hubo una acta previa de ocupación en la que se pensaba que se iba a pagar la indemnización, cosa que no sucedió, luego una primera acta con el ministerio, en la que la familia rechazó su salida y pidió para ello la citada autorización judicial. Ahora, ha continuado el abogado, Adif ha llevado a cabo la segunda. Y ha reiterado que al Administrador Ferroviario ya se le dio trasladó semanas atrás de su oposición a esta medida sin una orden de un juez.
La afectada ha indicado que la propuesta de expropiación le ha llegado "en viva voz y no por escrito" y ha criticado que recoge una cantidad muy por debajo "del valor real". Solo le da para hacer frente a la hipoteca y no a conseguir otra alternativa residencial, ha lamentado. Ha agregado que el Ayuntamiento de Castelló le ofreció un piso municipal pero que tenía unas condiciones inferiores a su casa actual y no daba respuesta a las necesidades de su familia, especialmente a su hijo pequeño.
Desde Adif han señalado que se abrirá un procedimiento judicial y han esgrimido que las valoraciones a la expropiación se fundamentan en la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015, que recoge la calificación urbanística y la construcción. Pero Nuria cuenta con su propia tasación que dobla la cantidad propuesta por el Estado.
"Queremos una compensación justa para un cambio del proyecto de vida", ha reafirmado el abogado.
