CASTELLÓ. Las tascas de Castelló entran en una fase de hibernación. Al menos, así lo interpretan los empresarios, que llevan más de año y medio sin noticias sobre el expediente para el cese de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS). A pesar de que en noviembre el nuevo equipo de gobierno (PP y Vox) trasladó su voluntad de mantener una reunión para abordar la problemática, la realidad es que "seguimos igual que antes", explican desde la asociación que aglutina los distintos negocios de la calle Barracas.
La indefinición del actual ejecutivo local y la posibilidad de que sea necesaria una nueva monitorización generan preocupación en los hosteleros, que continúan reclamando acciones concretas para blindar sus locales. Por ejemplo, la activación de una comisión mixta de trabajo, como así se pactó entre los grupos políticos en la moción impulsada por el Partido Popular en 2022, en la que además se instó a iniciar el procedimiento administrativo con vistas a decretar la declaración de espacio gastronómico.
El denominado Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) impulsó el 13 de junio de 2022 el expediente para suprimir la ZAS. Lo hizo tras analizar el informe con las mediciones efectuadas durante un intervalo de 12 meses. Los resultados obtenidos acreditaron niveles por debajo de lo que determina la Zona Acústicamente Saturada.
A partir de ese anuncio, y previo dictamen favorable de la Junta de Gobierno Local, se fijó una hoja de ruta con el objetivo de flexibilizar las restricciones existentes en las tascas. Además de abrir un periodo de exposición pública para alegaciones, se consultó a la Conselleria de Transición Ecológica a propósito de la conveniencia de aplicar la medida. Aquí surgió el primer contratiempo al recibir dos informes desfavorables, si bien es cierto que la administración autonómica recalcó en todo momento al Ayuntamiento que carecía de competencia, ya que corresponde a los municipios implantar y modificar sus planes acústicos.
El segundo imprevisto afloró a principios de 2023, cuando el tripartito anunció la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía a fin de determinar si las actuaciones impelidas desde el consistorio en los últimos años habían sido las correctas para reducir el ruido en la zona. Esa supuesta intromisión del ministerio público paralizó definitivamente el procedimiento de la ZAS.
Ya no hubo más novedades hasta que, tras las elecciones del 28M, el nuevo equipo de gobierno desveló que esa investigación en realidad no existía. El 27 de septiembre, el portavoz municipal, Vicent Sales, aclaró que "lo que hay es una pregunta de Fiscalía, a raíz de la denuncia de un vecino, sobre qué estábamos haciendo para garantizar la conciliación del ocio y el descanso conforme a la normativa vigente", precisó. "La decisión política en ese momento, poco trabajada, fue cerrar", señaló.
Una noticia que causó sorpresa entre los propietarios de las tascas a la espera de tener una reunión con el ejecutivo del PP y Vox, que a día de hoy sigue sin tener fecha. Así lo advierten desde el propio colectivo, que ya planteó en su día la necesidad de mantener ese encuentro después de trascender la decisión de Inditex de cerrar la tienda de Zara en la plaza Santa Clara.