La presidenta del Colegio de Procuradores de Castellón, Carmen RubioCASTELLÓ. El Ilustre Colegio de Procuradores de Castellón considera que la habilitación del mes de agosto como medida para aligerar la Administración de Justicia es "inoperante" dado que el atasco de los tribunales "es muy anterior a la situación derivada por la pandemia". En un comunicado, la entidad mantiene que, "mientras no se invierta en medios y personal, el atasco seguirá existiendo" y reitera que "la única solución para agilizar la Justicia es la creación de nuevos juzgados y el aumento de la plantilla de jueces, fiscales y demás funcionarios".
Según los colegiados, "la habilitación del mes de agosto produciría un agravio comparativo muy grave entre los procuradores y abogados y el resto de operadores jurídicos, al impedir el disfrute del periodo anual de vacaciones al que como trabajadores tenemos derecho y representa un menoscabo insalvable para la conciliación de la vida familiar y laboral". Al respecto, precisan que desde el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) se propuso "concentrar todas las vacaciones estivales de jueces, fiscales y demás funcionariado en el mes de agosto, medida que no se ha tomado en consideración, lo que provocará que el escenario sea el habitual al de otros años, con turnos de vacaciones desde mediados de junio a mediados de septiembre".
Dicha situación, apostillan, "ya ha venido provocando tradicionalmente la ralentización de la Justicia en el periodo estival", dado que "durante el mismo los procedimientos quedan parados hasta la incorporación de los funcionarios". "Al desechar las propuestas del CGPE, órgano representativo de la profesión que vive a diario la situación que padecen todos los juzgados en general, el Ministerio de Justicia conduce a la ineficacia sus medidas", advierten los procuradores.
Asimismo, aclaran que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, "no ha tenido en cuenta en ningún momento las observaciones realizadas en el trámite de alegaciones tanto por el Colegio de Procuradores de Castellón, como por el Consejo General de los Procuradores de España". Ante ello, "resulta inadmisible la afirmación realizada por el Gobierno cuando asegura que las decisiones en esta materia han sido consensuadas con el resto de los operadores jurídicos, puesto que desde un primer momento ha contado con la oposición de procuradores, abogados y graduados sociales", precisan.
Entretanto, los procuradores lamentan que, desde el Gobierno, "no se afronta con rigor la situación real de la Administración de Justicia, que necesita más medios materiales y humanos, lo que se ha evidenciado desgraciadamente con la crisis del Covid-19 al resultar imposible el teletrabajo de forma institucional". En este sentido, desde el Colegio de Procuradores de Castellón destacan la paradoja "de que estamos en la era del expediente digital y, para adecuarse al mismo, el colectivo de procuradores ha realizado un esfuerzo personal y económico que no se ha visto correspondido por parte de la Administración de Justicia".
De igual modo, señalan que la duplicidad de plazos para recurrir "va a seguir retrasando la resolución de los procedimientos", de manera que es "otra medida que va en contra de la agilidad de los procedimientos".
A juicio de los colegiados, "es momento de tener en cuenta el llamamiento del CGPE para otorgar a los procuradores mayores competencias en materia de ejecución de sentencia", algo que contribuiría a la mayor agilidad de los procedimientos, una vez dictada la resolución correspondiente, "con lo que se descargarían considerablemente de trabajo los diferentes juzgados, funciones que sí tienen concedidas los compañeros de Francia y Portugal".
También manifiestan desde el colectivo provincial que en todo momento los procuradores en general y en concreto los pertenecientes al Colegio de Castellón han sido "fieles colaboradores de la Administración de Justicia, colaboración que seguimos y seguiremos ofreciendo en todo aquello que sea posible y que no atente contra la dignidad del colectivo".
Por último, el Colegio de Procuradores de Castellón ha querido manifestar "el dolor por las víctimas que el Covid-19 ha dejado, no solo en la provincia, sino en todo el país", y expresar en nombre de todos los procuradores de la corporación sus condolencias a sus familiares, "con el máximo respeto".
Durante la situación de crisis sanitaria se registraron casi 14 millones de contagios y más de 122.000 muertes, de las cuales un 8,65% se produjeron en la Comunitat Valenciana
