CASTELLÓ. Los procuradores de Castellón, ante la situación derivada en la Administración de Justicia a raíz de la crisis del coronavirus han querido difundir este:
Manifiesto del Ilustre Colegio de Procuradores de Castellón, en relación al Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, que recoge las medidas a aplicar en la Administración de Justicia ante la situación de crisis creada en el país por la pandemia de Covid-19
PRIMERO.- La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Castellón ha acordado por unanimidad, y en nombre de todos los colegiados, mostrar su más sincera solidaridad con los enfermos de Covid-19 y dar nuestras más sentidas condolencias por las víctimas que la pandemia ha ocasionado, así como a sus familiares por el dolor y el daño causado por la crisis sanitaria que estamos atravesando.
Queremos también dejar patente nuestro reconocimiento a la sociedad española en general por su ejemplar comportamiento y sacrificio, haciendo especial hincapié en los colectivos esenciales, sin cuyo esfuerzo y dedicación la situación hubiera sido mucho peor.
SEGUNDO.- La Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Castellón ha acordado por unanimidad, en sesión celebrada por vía telemática el 6 de Mayo de 2020, mostrar su total oposición al conjunto de medidas acordadas en el Real Decreto Ley 16/20, por ineficaces, inoportunas y contrarias a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Ante todo queremos significar y recordar que -siempre- la actitud del Colegio de Procuradores de Castellón ha sido de total colaboración con la Administración de Justicia y al servicio de la sociedad. No hemos escatimado en medios, ni el Colegio, ni sus colegiados, para adaptarnos a los constantes cambios tecnológicos y de cualquier índole que se han venido produciendo desde la aprobación de la Ley Ómnibus y su aplicación. Sin embargo, a nadie se le escapa que a pesar del consenso a que se hace referencia en la exposición de motivos del RDL, de facto, dicho consenso no se ha producido.
En tal sentido, no han sido tenidas en cuenta por igual las propuestas a las medidas de los diferentes operadores jurídicos, prevaleciendo las opiniones de una parte de los mismos, frente a las manifestadas por abogados, graduados sociales y procuradores, que han sido sistemáticamente desoídas en su práctica totalidad.
A lo anterior hay que añadir que el colapso de la Administración de Justicia no es consecuencia de la pandemia actual. Los problemas vienen de antiguo y son producto del olvido al que la misma se ha visto sometida legislatura tras legislatura, con independencia del color político del gobierno de turno.
Seamos realistas, el lastre histórico de la Administración de Justicia reside en la falta de inversiones realizadas en la misma, tanto a nivel personal como material, siendo obvia la visión distorsionada de la realidad de cuantas reformas se han propuesto o materializado y su escaso éxito. Todo ello a diferencia de lo ocurrido con otras administraciones públicas como la Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc., que sí se han modernizado en consonancia con el tiempo en que vivimos. Sirva como ejemplo la imposibilidad de teletrabajar por la mayor parte de los funcionarios al no haberles proporcionado los medios necesarios la Administración competente para ello. Y qué decir del inexistente expediente digital…
TERCERO.- En cuanto a la medida de habilitar casi en su totalidad el mes de agosto, entendemos que no hace sino poner de manifiesto un patente desconocimiento de la realidad de nuestros tribunales y por ende de su funcionamiento, al mismo tiempo que plantea dudas sobre su legalidad. La inhabilitación del mes de agosto que cada año se produce no supone que los juzgados no trabajen, ya que siguen funcionando. Claro ejemplo de ello es el volumen de notificaciones que todos los años recibimos los procuradores los primeros días del mes de septiembre, todas ellas generadas durante el mes de agosto. A las que se unen las notificadas durante el mismo mes en procedimientos que -por su carácter urgente- están legalmente habilitados.
Una manera más sensata de paliar el retraso hubiera sido concentrar las vacaciones judiciales solo durante el mes de agosto y para todos los operadores jurídicos. Por supuesto para este año 2020 y de manera excepcional. No es de recibo que los sacrificios deban de ser asumidos solo por una parte de los mismos. Nos remitimos a lo recogido en el art. 40-2 de nuestra Constitución, así como al 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos entre otras muchas referencias.
CUARTO.- La Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Castellón ha acordado por unanimidad poner de manifiesto que, frente a la visión alejada de la realidad que de la Administración de Justicia tiene el Real Decreto Ley 16/2020, se debe de imponer un diálogo verdadero entre todos aquellos que día a día participamos en su desarrollo.
QUINTO Y ÚLTIMO.- La Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Castellón ha acordado igualmente por unanimidad dar traslado de este comunicado a todos sus colegiados, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, al Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, a la Secretaria Coordinadora Provincial, Magistrado-Juez Decano de Castellón, Colegio de Abogados y Graduados Sociales de Castellón y medios de comunicación.
Castellón, a 8 de Mayo de 2020
Durante la situación de crisis sanitaria se registraron casi 14 millones de contagios y más de 122.000 muertes, de las cuales un 8,65% se produjeron en la Comunitat Valenciana
