VALÈNCIA (EP). Los Colegios Oficiales de Trabajo Social (COTS) de Valencia y Castellón defienden el decreto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que regula las tipologías de servicios sociales ante el recurso que 14 entidades han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y en el que esas organizaciones piden su suspensión cautelar.
Ambas organizaciones colegiales han anunciado que se han personado en el procedimiento contencioso-administrativo con el objetivo de defender la "legalidad" y la "necesidad" de un decreto "que ordena y regula todo el sistema de servicios sociales y sus recursos, tomando como base una realidad demográfica y asistencial actualizada".
El Decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de Servicios Sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del sistema público valenciano de servicios sociales.
"Es una actualización necesaria, pues se aplicaba una normativa de 1990 que había quedado obsoleta y no respondía a las necesidades del sistema y de las personas usuarias", apuntan ambos colegios oficiales, que subrayan que el decreto de tipologías aglutina por primera vez en una única normativa todos los recursos disponibles en el sistema de Servicios Sociales "para ordenarlo y ofrecer una mirada de conjunto, equiparando sin distinciones unos recursos de otros".
En esta línea, defienden que nace con el objetivo de "consolidar un sistema de atención universal, coherente, organizado y planificado que se guíe por los criterios de calidad, eficiencia y accesibilidad, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar la máxima protección de sus derechos".
Ambos colegios profesionales han recalcado que participaron "durante meses" en el proceso de elaboración del nuevo decreto y presentaron un documento con más de 170 páginas de aportaciones y enmiendas relacionadas con el Trabajo Social.
"Este diálogo social y político nos permitió alcanzar un texto final que desarrolla la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana con garantías para la ciudadanía", explican y citan, entre las mejoras, el establecimiento de unas ratios de personal "adaptadas a las necesidades de las personas usuarias de centros residenciales y de sus familias, así como asegurar una cobertura mínima de servicios y recursos de atención en todo el territorio".
Estas medidas "no solo implican una incorporación de profesionales, sino crear puestos de trabajo estables y no deslocalizables", han afirmado, y sostienen que de esta forma "se está construyendo un modelo público de Servicios Sociales muy sólido".
"Por primera vez tenemos una legislación potente que así lo permite. Este decreto, aunque podemos seguir mejorando aspectos, recoge prácticamente todas nuestras demandas y las garantías necesarias. No podemos poner todo esto en peligro", concluyen desde las dos entidades.