CASTELLÓ. El 20 de febrero se celebró el Día Mundial de Justicia Social. Con motivo de esta fecha, Enrique Ferrer, trabajador social, integrante del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón y supervisor de la dirección territorial de la Conselleria de Servicios Sociales en el departamento 3, que integra la Plana Baixa, Alto Mijares y Alto Palancia, aboga en esta entrevista por alcanzar una justicia social alejada de “filantropías y respuestas meramente asistenciales”. Un reto ambicioso en el que el nuevo modelo valenciano de Servicios Sociales Inclusivos, en pleno desarrollo, se erige como principal aliado “para seguir remando contra las debilidades del sistema, que impiden la globalidad de la justicia social".
-¿Qué es la justicia social?
La definición que comparto es: “la circunstancia deseable en la que se configura un entorno social justo, sin mayores diferencias en la distribución de los recursos, una justicia distributiva, en el sentido de que gobierna la relación de los individuos con la sociedad y se caracteriza por la igualdad proporcional, teniendo en cuenta a las personas y sus diferencias”. Para mí es la que mejor la expresa, porque incide en la responsabilidad de los Estados y más se aleja de sustitutivos como la filantropía y de las respuestas únicamente asistenciales.
-Justicia social. Parece un término muy interiorizado, pero sigue cabalgando todavía en el ámbito de lo abstracto, de lo intangible, de lo lejano. ¿Por qué?
-Porque la justicia social implica una responsabilidad tanto de los ciudadanos en el bienestar común como de nuestros gestores públicos. Vivimos en una sociedad que prima lo individual sobre lo colectivo y que castiga a los menos favorecidos haciéndoles responsables de su propia situación. Sólo hay que mirar lo que sucede en Palestina, en los territorios ocupados del Sáhara o aquí mismo, en nuestros barrios o con la precaria realidad silenciosa de la población que vive en el interior más despoblado de la Comunitat Valenciana. La única manera de lograr unos niveles aceptables de justicia social es mediante el compromiso de garantizar unos derechos que la sustenten y reafirmen. Todo lo que no está refrendado por leyes corre el riesgo de convertirse en graciable, como lamentablemente comprobamos cada día y como fueron muestra los Servicios Sociales anteriores a la Ley Valenciana de Servicios Sociales Inclusivos.
"Todo lo que no está refrendado por leyes corre el riesgo de convertirse en graciable"
- Naciones Unidas apela a reforzar las instituciones y las políticas que realmente promueven la justicia social como prioridad urgente. ¿Dónde están las claves para revertir estas amenazas?
- Vivimos en un mundo en continuo desequilibrio, en una huida hacia adelante, y hasta la fecha hemos sido incapaces de alcanzar unos consensos básicos que posibiliten un término medio asumible para la mayoría. El sistema económico que impera en el mundo es a la vez injusto e insostenible y da claras muestras de ello cada día en su escalada por conseguir materias primas esquilmando nuevos territorios. Sólo desde la conciencia colectiva de lo inútil de esta trayectoria y apostando por opciones respetuosas con el medio ambiente, será sostenible un sistema de derecho internacional que posibilite la convivencia entre los pueblos. Queremos derechos individuales, pero nos cuesta socializarlos para los menos favorecidos, sin caer en la cuenta de que la defensa egoísta de la individualidad sólo provoca la quiebra de las sociedades y en ella, todos perderemos.
- Desde el Trabajo Social, ¿qué funciones inherentes a la profesión contribuyen especialmente a luchar contra la injusticia social y garantizar, por tanto, la justicia social?
- Nuestra profesión se incardina directamente en un sistema que debe ser público y de calidad. La realidad es que, por unos motivos o por otros, los Servicios Sociales siempre han sido deficitarios pese a la alta rentabilidad social demostrada cuando están bien dotados, pues revierten en la calidad de la vida y la convivencia de la ciudadanía. En este proceso es vital el rol de las trabajadoras sociales como agentes de cambio social, analizando cada una de las realidades en las que desarrollamos nuestro trabajo para intervenir en ellas desde la perspectiva de las necesidades objetivas de personas, colectivos y comunidades. Es prioritario acabar con la imagen tradicional del rol exclusivo que se nos ha asignado de ser únicamente gestores de recursos y hacerlo trascender a la de verdaderos transformadores sociales. El nuevo marco normativo que disponemos en la Comunitat Valenciana va en esa dirección.
-Por su experiencia profesional, ¿qué asignaturas pendientes de superar detectas en la sociedad castellonense para poder alcanzar la justicia global?
- El sistema de Servicios Sociales antes de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana estaba orientado escasamente a paliar las necesidades básicas y a la intervención en situaciones flagrantes de desamparo. La población conocedora de nuestro sistema es mucho más reducida y a su vez ha generado en la ciudadanía una visión sesgada, dado que su población beneficiaria estaba sujeta al estigma y la discriminación que acompaña a la pobreza y la exclusión. Por primera vez disponemos de una normativa legal que articula derechos y define nuevas prestaciones que, por un lado, facilitarán nuestra tarea pero que, a la vez, nos reclama un mayor grado de especialización y exigencia. Situar a la ciudadanía en el centro de la intervención social y adaptar el sistema a sus necesidades es una meta ambiciosa. Este es el momento ilusionante en el que nos encontramos.
En relación a la provincia de Castellón, la mayoría de la población se concentra en la costa junto a los recursos derivados de la presión asistencial, evidenciando el territorio del interior más despoblado, con población de mayor edad e infradotado de recursos preventivos y asistenciales de proximidad y en donde la orografía no acompaña. Como era habitual, de la precariedad se hizo virtud y ese es uno de los objetivos que debemos alcanzar y superar. Se ha zonificado el territorio para dotarlo de recursos: ambas realidades requieren de abordajes y tratamientos diferenciados.
"Por primera vez disponemos de una normativa legal que articula derechos y define nuevas prestaciones"
- ¿Cuáles son los principales desequilibrios y vulnerabilidades que frenan ese proceso hacia la igualdad en derechos, oportunidades, cobertura asistencial?
- Podría decirte que el principal es la falta de recursos, pero sería simplificar la cuestión. Como todo nuevo sistema que se implementa requiere de un diseño inicial que ya está lanzado, pero ahora hace falta desarrollarlo y ajustarlo. Venimos de unas estructuras diseñadas para lograr objetivos mucho menos ambiciosos y adecuar esos instrumentos a los nuevos requerimientos no está siendo tarea sencilla. El pasado, pasado está, y a él no debemos regresar. Ahora toca continuar desarrollando un sistema que en su meta final descansa la idea de dotar a la Comunitat Valenciana de esos recursos y mecanismos que hagan la vida de todos nosotros sostenible, independientemente de nuestras edades y de las circunstancias que nos sucedan. Sobre una buena base, afianzada sobre derechos reconocidos normativamente, con profesionales bien formados y remunerados, será entonces cuando podremos hablar de un sistema público de Servicios Sociales de calidad que apuesta de forma decidida por las personas desde una perspectiva de justicia social.
- ¿Qué fortalezas arroja el sistema? ¿En qué contribuye a hacer de esta lucha hacia la justicia social un camino de esperanza, a pesar de las dificultades?
- Te contestaré desde una experiencia personal que para mí resultó determinante. Al inicio de mi carrera profesional, en 1988, fui destinado a uno de los llamados en esa época ‘barrios de acción preferente’. Pese a lo sugerente del título, en la práctica se trataba de trasladar al extrarradio de una gran ciudad a una gran parte de las bolsas de pobreza que ‘molestaban’, ocupando un barrio de 800 viviendas públicas de nueva creación, fruto de las políticas de concentración de la exclusión social de la última época franquista. Llegué allí solo y sin experiencia y al poco ya me hice la pregunta del millón: sin recursos efectivos para revertir aquella realidad ni capacidad de alterar aquella dinámica, ¿qué hacía realmente allí? Me obligó a preguntarme cuál era mi motivación real de dedicarme a esta profesión y no renunciar ella.
Al final mi respuesta fue una cuestión de principios. Seguiría por una razón de justicia social hacia las personas a las que, por circunstancias de sus vidas, les había tocado gestionar realidades que en la mayoría de casos no habían provocado. Ese principio me ha acompañado todo este tiempo, ha dado sentido a los pasos que he dado y me ha permitido distinguir al gran número de compañeras y compañeros de profesión que cada día y en condiciones muy poco satisfactorias siguen apostando por las personas y por su capacidad de trascender a los avatares de la vida. Con eso me quedo, con las grandes profesionales que veo cada día en mi trabajo actual de supervisor de departamento. Cada una volcada en su espacio y territorio, superando los momentos de frustración, siguen siendo el referente directo de tantas personas anónimas en situación de vulnerabilidad, muchas todavía buscando una primera oportunidad, y también de una Comunitat Valenciana que, pese a sus dificultades, no renuncia a defender a quienes más lo precisan.
