Los funcionarios de Antifraude verán equiparados sus sueldos a los de Les Corts

VALÈNCIA. La reforma de la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude que aprobaron PP y Vox el pasado mes de junio introdujo importantes cambios respecto a las mayorías requeridas para elegir al director o el salario que este podría percibir. Ahora Eduardo Beut cobra un 52% más de lo que cobraba Joan Llinares debido al cambio de estatus que contempla la norma para el máximo responsable del organismo. El texto legal, además, también contemplaba modificaciones que pasaron de puntillas en su día porque su aterrizaje no iba a ser inminente, pero resultan significativas. Especialmente, para la plantilla de la agencia. 

La nueva ley contempla una equiparación entre los trabajadores de la Agencia Antifraude (la mayoría funcionarios de la Administración de la Generalitat, aunque también provienen de otras administaciones públicas como ayuntamientos) y los de Les Corts (institución a la que está adscrito el órgano). Una homologación que también afectará a las retribuciones. "El personal funcionario al servicio de la agencia será provisto, de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad adecuados a la función encomendada, entre los funcionarios de las distintas administraciones públicas, y está sujeto a lo dispuesto en la normativa específica de la agencia y la reguladora del personal de Les Corts, incluyendo la equiparación retributiva". 

El cambio supondrá para el grueso de la plantilla de Antifraude una mejora salarial. Esto es porque cada institución valenciana tiene una estructura retributiva diferente, además de unos complementos que se han ido adquiriendo a lo largo de los años mediante negociaciones sindicales. En el caso de Les Corts Valencianes, las nóminas de sus funcionarios son más altas que las de los empleados de la Generalitat Valenciana. Se trata de la tercera institución que mejor paga a sus trabajadores -el primer puesto en el ranking lo ocupa el Consell Jurídic Consultiu, seguido de cerca por la Sindicatura de Comptes-.  

Mientras los funcionarios de la Generalitat -y por tanto el grueso de la plantilla de Antifraude- perciben su salario base, además del complementos específicos, de destino, trienios y carrera profesional, los empleados de Les Corts pueden percibir además de todos esos emolumentos otro tipo de pagas que contempla el acuerdo sobre sus condiciones de trabajo: existe un complemento de especial dedicación o el complemento de turnicidad, que año tras año se va incrementando previa negociación por la Mesa Negociadora y se publica en el Boletín Oficial de Les Corts Valencianes (BOCV). 

A modo de ejemplo, además de las pagas extraordinarias de junio y diciembre, al personal de la Cámara se le paga "en la nómina del mes de enero o febrero del año siguiente, una paga única, calculada sobre las retribuciones totales devengadas el año anterior, de un importe igual al porcentaje de la desviación del IPC real de dicho año sobre el IPC previsto". Este complemento, denominado "de especial dedicación", supone en definitiva que sus empleados reciban 15 pagas anuales. 

Por lo pronto, fuentes consultadas por este diario aseguran que el proceso de homologación contemplada en la ley no ha empezado, pero la intención es acercar unas y otras retribuciones para que la diferencia entre los funcionarios de ambas instituciones no sean tan dispares. La equiparación, cabe señalar, era una de las demandas de los empleados de la Agencia desde hace años y fue recogida en el borrador de la ley por el propio exdirector, Joan Llinares, que posteriormente fue presentada por el PP. 

Menos normas

La equiparación salarial llegará en un momento delicado: cuando los trabajadores dejarán de estar sometidos al cumplimiento de un código ético. El actual director derogó el pasado 23 de septiembre estas normas de funcionamiento interno que, entre otras muchas cuestiones, regulaba el registro de obsequios de cortesía a los miembros de la Agencia, definía el funcionamiento del buzón interno de denuncias  o creaba un Comité de Ética, que se dedicaba a "atender denuncias internas, resolver controversias o velar por la adecuada aplicación" de las normas. 

En su lugar, Beut trasladó a los sindicatos que pasarían a adherirse al código ético de Les Corts, ya que, según él, estaba en fase de elaboración, y así lo plasmó en el apartado dos de la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenicana (DOGV) el pasado lunes: "Iniciar los trámites para la adhesión al código ético o de conducta que se está elaborando por las Corts Valencianes, una vez el mismo sea aprobado, habida cuenta de la adscripción de la Agencia a las Corts".

Sin embargo, fuentes parlamentarias y jurídicas de la Cámara desmienten que esto sea así. Durante la primera legislatura del gobierno valenciano conformado por PSPV y Compromís, con Enric Morera al frente de la institución, los grupos reclamaron que Les Corts validaran un código ético propio. En aquel momento se inició la redacción de un borrador que, dos legislaturas después, sigue en un cajón sin que nadie esté trabajando en él. 

Aquel primer documento quedó varado en la primera fase: cuando se tuvo que poner en común el contenido e incorporar aportaciones, el proyecto quedó sobre la mesa. Y a día de hoy, sigue guardado en un cajón sin que haya intención de desbloquearlo. Según admiten fuentes consultadas por este diario, es una cuestión sobre la que no están trabajando los letrados de la Cámara -a quienes corresponde su redacción- y "tampoco se va a resolver de forma inminente ni a corto plazo por la situación de Antifraude". A pesar de que, precisamente, la crisis interna en el órgano dirigido por Beut haya hecho saltar la liebre y destapado que la Cámara sigue sin código ético a estas alturas. 

La coyuntura, más allá de poner en evidencia que la segunda institución más importante de la Comunitat Valenciana no tiene código ético, desmiente al director de Antifraude y deja a sus trabajadores sin un código ético que cumplir, a pesar de que ya tenían uno propio que costó muchos meses elaborar -cerca de un año- en un proceso en el que participaron los trabajadores de la Agencia. La subida salarial y mejora de las condiciones de trabajo coincidirá con este momento delicado que atraviesa el organismo. 

Según la resolución publicada en el DOGV, eso sí, si en el plazo de seis meses no se hubiera aprobado y publicado el correspondiente código ético por el parlamento autonómico, la Agencia deberá iniciar la tramitación de un nuevo documento o adherirse, en su caso, al código ético de otra institución pública.