José Luis Vera, en la puerta de los juzgados. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La investigación dentro de la macrocausa de Azud sobre la financiación del PSPV ha constatado la retirada de un total de 201.000 euros en efectivo por parte de miembros del presunto entramado durante los días previos a las elecciones de 2007, que se celebraron el 27 de mayo.
Tanto el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción y la jueza concluyen que el partido sufragó en B gastos electorales de tres campañas diferentes: las de las autonómicas y municipales de aquel año y las de las generales de 2008. La operativa habría consistido en un supuesto concierto entre políticos y constructoras con el objetivo de abonar dinero para las citadas campañas. Una vinculación por la que las empresas habrían tenido acceso ventajoso a una serie de operaciones urbanísticas en las que resultar beneficiadas por las administraciones a cambio de una contraprestación.
En el centro de todo se sitúa al Grupo Axis y su matriz, la mercantil CVC, en manos del empresario Jaime Febrer. Las indagaciones, contenidas en los informes de la UCO y en los autos de la jueza, apuntan a que efectuó pagos que acabaron beneficiando al PSPV. De un lado, aquellos que se materializaron directamente desde la matriz del grupo y, de otro, aquellos que se efectuaron interponiendo a la sociedad Gigante Edificaciones y Obras. En total, las cuantías que se investigan que acabaron en el partido ascienden a 615.823,5 euros. Con ese dinero se habrían abonado diversos servicios a diferentes proveedores del PSPV.
En lo referente a los pagos con Gigante como sociedad interpuesta, la Guardia Civil señala que el análisis de los productos bancarios titulados por ésta permitió identificar transferencias a cinco mercantiles cuyo objeto social se encuentra vinculado con la publicidad por importe de 484.480,46 euros. Se trataría de abonos por servicios que no habrían sido prestados a esa sociedad. A ello se unen una serie de retiradas de efectivo que también podrían haber sido destinadas en parte a las mercantiles.
El hecho de que todos los pagos se efectuaran bajo el mismo esquema de transferencias o el tratamiento conjunto que en el seno del propio Grupo Axis se les da se interpreta, a juicio policial, como que todos conformaban una unidad en lo que a su último beneficiario se refiere: el PSPV.
La jueza sostiene que esos pagos formarían parte de las comisiones percibidas por el exjefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, una persona estrechamente vinculada a los socialistas. Su función habría sido la de materializar, viabilizar o posibilitar la presunta adulteración por parte del Grupo Axis de procedimientos administrativos seguidos en diferentes Administraciones Públicas, utilizando para ello sus importantes influencias dentro del PSPV. Como contraprestación a esta actividad, habría percibido importantes sumas económicas, que habría destinado tanto a su beneficio personal como a este partido político. Vera, concretamente, habría percibido 563.000 euros a través de dos contratos que se presumen ficticios y cuya finalidad habría sido la de dotar de apariencia de legalidad a una serie de pagos motivados en su actuación.
Para los investigadores, gran parte de esos fondos –con origen en el Grupo Axis– abonados a las empresas de publicidad y que ascienden a 484.480 lo fueron en efectivo. Uno de los documentos que consideran que sostiene esta tesis es el hallado en la sede de grupo bajo la inscripción "José Luis Vera y Pepe Cataluña" (en referencia al extesorero del PSPV). En él se reflejan una serie de cuantías asociadas a una fecha y todas ellas referidas como "Salidas" que podrían corresponderse con salidas de fondos.
Las cantidades se agrupan en dos conjuntos, que además presentan sumatorios parciales. Las fechas del primer conjunto reflejan una cadencia mensual iniciada en enero de 2006, primero asociadas a cuantías de 4.000 euros y, posteriormente, de 6.000. Las del segundo de los conjuntos también presentan cadencia mensual, en este caso iniciada en agosto de 2006 y bajo importes de 27.000 euros (salvo una final de 12.000).
Finalmente, aparece una última anotación, fechada el 25 de mayo de 2007, y que se asocia a una cuantía de 120.202,42 euros. Esta fecha resulta relevante para la UCO porque forma parte del periodo en el que en la sociedad Gigante Edificaciones se están percibiendo fondos provenientes del Grupo Axis.
Estos movimientos de salidas de fondos en efectivo coinciden cronológicamente con los días previos a las elecciones del 27 de mayo de 2007. Al igual que varias reuniones entre los principales investigados en la macrocausa.
El lunes 21 de mayo se habría producido en la sede del Grupo Axis un encuentro entre Jaime Febrer y Joaquín Pastor, el considerado financiero de la presunta trama. Justo media hora después, estaba programada una segunda reunión entre Febrer, Vera y el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio.
El martes 22 de mayo se produjo el primer pago de la mercantil Espacios Urbanos de Jijona (EUJ) a Gigante por importe de 257.003,13 euros. Éste estaría relacionado con uno de los contratos presuntamente simulados con los que se abonarían comisiones a Vera. Ese mismo día, Joaquín Pastor retiró 21.000 euros en efectivo y también se produjeron cuatro adeudos con cargo a la cuenta de Gigante para el pago de facturas. Tras estos adeudos, y en el mismo día, hubo nuevamente varios abonos de EUJ a Gigante por un valor global de 298.655,92 euros.
El miércoles 23 de mayo se efectuó otra retirada de 90.000 euros en efectivo con cargo a la cuenta bancaria titulada por Gigante. El día siguiente, 24 de mayo, es el de la anotación de la citada salida de 120.202,42 euros y se celebró asimismo una reunión entre Jaime Febrer y Joaquín Pastor. Asimismo, se efectuó una nueva retirada de 90.000 euros en efectivo con cargo a la cuenta de Gigante.
El viernes 25 de mayo se celebró un encuentro entre Jaime Febrer y José Luis Vera. Seguidamente, otro entre Jaime Febrer y el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y, posteriormente, otro entre Febrer y Pepe Cataluña. En esta misma fecha se firmaron los contratos de asesoramiento para una operación urbanística en Xixona con Vera. Las elecciones tuvieron lugar ese domingo 27 de mayo.
Todos los hechos que se desgranan en esta pieza son, por el momento y según la jueza, constitutivos de los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y organización criminal (a la espera de cómo evolucione la investigación). Aunque se tendrían que encasillar en el de financiación irregular del PSPV, esta línea no es posible debido a que las fechas en las que se produjeron no existía ese delito, incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. A ello se suma que, al tratarse de 2006 y 2007, se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito.
