Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las restricciones que se abrieron paso con el estallido de la pandemia de la covid-19 vuelven al día a día de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana con la elevada incidencia de los virus respiratorios, principalmente casos de gripe y coronavirus. El escenario, en términos generales, preocupa a los actuales gestores y, por ello, han adoptado medidas preventivas para tratar de frenar los contagios como la obligatoriedad del uso de las mascarillas de nuevo en centros sanitarios y hospitales.
Por lo pronto, a nivel estatal la ministra de Sanidad Mónica García anunció este mismo miércoles que la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios entraría en vigor ese mismo día y sería "de carácter indefinido", si bin podrá pasar a ser una "recomendación" en aquellas autonomías que presenten datos de descenso en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas. "El Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender", explicó la ministra del ramo.
Con estos mimbres, situaciones de la vida cotidiana también comienzan a verse alteradas. Sin ir más lejos, la última toma de posesión de la última remesa de funcionarios de la Generalitat no pudo ser todo lo lucida que sus protagonistas presagiaron: la dirección general de Función Pública que dirige Javier Lorente remitió un comunicado en el que se limitaba el acceso a la toma de posesión de los nuevos empleados públicos.
"Teniendo en cuenta el elevado número de personas convocadas en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre -para la toma de posesión de los aprobados de dos convocatorias de oposiciones- y atendiendo a la situación sanitaria actual, ocasionada por la alta incidencia de virus respiratorios, consideramos conveniente, en beneficio de todas las personas implicadas, adoptar una serie de medidas preventivas", expresa el escrito.
Entre ellas, se limitó el tiempo que podían estar los aprobados en el salón de actos: "Se permanecerá el tiempo imprescindible". Tampoco los familiares de los nuevos funcionarios pudieron asistir al acto, ya que se impidió el acceso a los acompañantes. Una celebración agridulce y deslucida para aquellos que llevaban años preparando una oposición y tras superarla esperaban con ilusión este momento.
Al acto, conviene apuntar, estaban convocadas 620 personas. Todas ellas habrían superado procesos selectivos para ser funcionarios de carrera de grupo C1 en la Administración de la Generalitat.
La ministra de Sanidad, preguntada sobre la cifra de incidencia exacta a partir de la cual las comunidades autónomas podrán pasar de obligar a recomendar el uso de la mascarilla en los centros de salud y hospitales, aclaró este miércoles que "no hay un umbral cuantitativo, pero sí cualitativo, que es el descenso de la curva". Asimismo, avanzó que, cuando la situación epidemiológica común y general de España vaya decreciendo, el propio Ministerio de Sanidad "invitará" a la recomendación, en sustitución de la obligatoriedad.
El departamento que dirige García ha tomado esta decisión después de no haber llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tuvo lugar este pasado lunes, en el marco del incremento de casos de infecciones por virus respiratorios.
Tras el CISNS, Sanidad dio un plazo de 48 horas a las comunidades para enviar sus propuestas, que ahora han sido recogidas por el Ministerio. A través de una declaración de actuaciones coordinadas, Sanidad ya ha emitido una orden comunicada a las comunidades autónomas "estableciendo el carácter obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios", en palabras de García. El objetivo prioritario, según Sanidad, es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, "a la par que se reconoce también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos".
Con respecto a la cobertura de legalidad, si bien la ministra recordó que "cada una de las comunidades tiene sus propias leyes de salud pública", hizo hincapié en que el Ministerio "tiene la competencia", a través del artículo 65 de la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, de "coordinar y de alguna manera unificar aquellos criterios en los que ponerse de acuerdo". "Estamos hablando de una medida muy básica y mínima", ha zanjado la ministra.
La orden abarca únicamente hospitales y centros de salud, no centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el CISNS. En estos lugares será solo recomendable.
