La vicealcadesa Ali Brancal, junto a la alcaldesa Amparo Marco, durante el pleno. (Fotos: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓN. El pleno del Ayuntamiento de Castellón celebrado este jueves se antojaba intenso, pero ha superado todas las expectativas. La tensión creciente de las últimas semanas a cuenta de la situación judicial de la viceacaldesa, Ali Brancal, y de la disputa interna entre los socios de gobierno por la retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta ha estallado finalmente en una de las sesiones plenarias más broncas de la legislatura. Durante cuatro horas el numeroso público que, como en pocas ocasiones, abarrotaba el salón de plenos, fue testigo de una retahíla de palabras gruesas, dardos envenenados y la sobreactuación de algunos ediles que se crecieron en el atril, a menudo causando cierto estupor y bochorno entre la audiencia.
La temática ha sido variada: desde la retirada de los vestigios franquistas hasta la aprobación del topónimo exclusivo en valenciano, pasando por una moción sobre los clubs de cannabis que prosperó con el apoyo inesperado de Ciudadanos a Compromís y Castelló en Moviment (CSeM). Y planeando sobre la sesión, un tema que el PP, cada media hora puntualmente, se encargaba de recordar: que la vicealcaldesa está investigada por presunta malversación y debe aplicársele el Código de Buen Gobierno.
Uno de los momentos más esperados era la aprobación de la retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. Los socios de gobierno habían sellado un pacto in extremis apenas cinco minutos antes de la hora del pleno, después de varios días de declaraciones cruzadas sobre quién era el responsable de que el procedimiento no se hubiera iniciado ya. Finalmente el acuerdo pasa por que las competencias en Memoria Histórica y, por tanto, la responsabilidad de llevar a cabo la retirada del vestigio franquista recaiga en la Concejalía de Cultura, de Verònica Ruiz, quien se ha comprometido a iniciar los trámites este mismo viernes para activar el procedimiento. Pese a que se trataba de una moción conjunta PSPV, Compromís y CSeM escenificaron sus discrepancias y no se dejaron ningún reproche en el tintero.
Comenzó el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, de cuyo grupo partió la moción originalmente, con un relato familiar sobre los horrores de la Guerra Civil y la dictadura. Visiblemente emocionado, narró la historia de su abuela, que siendo niña presenció la detención de su padre, un socialista de Palencia que acabó siendo ejecutado. Este fue el pie para argumentar que la cruz del Ribalta "es el mayor monumento que tenemos del franquismo en la ciudad de Castellón". Afeó a la alcaldesa Amparo Marco que no hubiera acometido ya la retirada por "el peligro de una querella de la ultraderecha" y le recordó, en este sentido, que "muchos de los suyos se dejaron la vida en ello".
Después fue el turno de la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, quien manifestó estar "cansada" de tener que argumentar la retirada del monumento. "Representa el terror y la humillación [...], es una vergüenza mantenerlo", sentenció la edil. No ocultó en ningún momento las discrepancias con sus socios del PSPV y aseguró estar "preocupada" por no haber llegado antes a un acuerdo. Ruiz volvió a echar por tierra el informe de la Conselleria de Justicia en el que se señala que hay que demostrar "fehacientemente" que la cruz sigue siendo un lugar de exaltación franquista: "El director general (de Reformas Democráticas) dice que es una cuestión política. Pues no, la ley es de obligado cumplimiento", criticaba la responsable de Cultura.
Por su parte, el portavoz socialista, Rafa Simó, tampoco se amilanó ante la crítica. "Mucho se ha dicho en un momento en el que los argumentos simples ganan a los complejos. Que los socialistas no queremos retirar la cruz, dicen. Pues quien lo diga, miente", aseveró el edil de Ordenación del Territorio, a quien Compromís le atribuía hasta ahora las competencias para iniciar el expediente. Simó subrayó en este sentido que su grupo tiene "un compromiso con la ley, pero también con los procedimientos", en referencia a la incertidumbre legal que aprecian en el informe de Justicia. Finalmente anunció el acuerdo con sus socios de gobierno, que consiste en que las competencias exclusivas en Memoria Histórica serán delegadas en Cultura, mientras que su departamento, el de urbanismo, se encargará de los trámites subsidiarios.
Esto supone que Verònica Ruiz asume toda la responsabilidad sobre el proyecto, también ante una posible querella por la remoción del monumento. "No tengo miedo", afirmaba a preguntas de los periodistas tras el pleno.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Vicente Vidal, le advirtió a Del Señor que los socialistas no iban a retirar la cruz porque "tienen votos de devotos", mientras que el edil popular Vicent Sales aprovechó para meter la cuña de Ali Brancal y afeó al Ejecutivo local que "si no se aclaran para aplicar el Código de Buen Gobierno, cómo se van a aclarar para aplicar la Ley de Memoria Histórica". El concejal del PP advirtió, además, que podrían incurrir en "un delito de odio religioso" y le dijo a la alcaldesa que si esto lo hace porque está recibiendo presión "no retire la cruz, retire a la vicealcaldesa que es la que llena de indignidad a este ayuntamiento".
Sales arremetió también contra Compromís al asegurarle a Amparo Marco que sus socios de gobierno "mandan al comando 'asaltaazoteas' para que le hagan pintadas en la cruz". Así se refirió a los mensajes intimidantes que habían aparecido en el muro del monumento con frases como "Tombem el feixisme. PSOE" o "Amparo Marco, presidenta". Las pintadas motivaron que el grupo socialista presentara por la vía de urgencia una declaración institucional de condena que finalmente fue consensuada con todos los grupos municipales tras eliminarse del texto la referencia explícita a la alcaldesa y hacerla extensible a todos los partidos políticos que sufren este tipo de ataques.
La guinda al debate sobre la cruz la puso precisamente la alcaldesa, quien sacó pecho por la defensa de la memoria histórica y no perdió la oportunidad de afear a sus socios de gobierno, en general, y a Xavi del Señor, en particular, que desde hace años los socialistas rinden homenaje a las víctimas de la represión franquista en el cementerio cada 1 de noviembre, y hasta ahora "nunca le hemos visto por allí". Finalmente, la moción para retirar la Cruz de los Caídos y todos los vestigios franquistas de la ciudad se aprobó con los votos a favor de PSPV, Compromís y CSeM y los votos en contra de PP y Ciudadanos.
Amparo Marco tuvo que llamar varias veces al orden a los concejales de unos y otros grupos porque el debate se enconó en diferentes momentos de la sesión. Uno de los puntos álgidos fue la aprobación definitiva del cambio de la denominación oficial del municipio por su forma exclusivamente en valenciano, de manera que el único topónimo de la capital será Castelló.
Ciudadanos sacó a pasear su argumentario sobre el independentismo, llamando "comunistas" y "fascistas" a los de la bancada de enfrente y asegurando que quieren convertir a la ciudad en "una sucursal de los amigos de Puigdemont y compañía". Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, acusó al PP y a la formación naranja de "calumniar" y "difamar al mundo científico de la ciudad". "Ensuciaron el nombre de nuestra universidad y de nuestros cronistas y expertos, que han tenido que padecer insultos y amenazas", prosiguió el edil. Estas declaraciones soliviantaron los ánimos de sus rivales políticos y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Vicente Vidal, llegó a salir del pleno como muestra de indignación.
La propuesta del cambio en el uso oficial del topónimo salió adelante con los votos de PSPV, CSeM y Compromís.
A lo largo de las cuatro horas de pleno, el grupo popular se encargó de mantener la presión sobre la alcaldesa recordando periódicamente la situación judicial de la número dos del Ejecutivo local: "son las seis menos cuarto y la alcaldesa aún no ha cesado a Ali Brancal", "son las seis y cuarto de la tarde y todavía no han cesado a Ali Brancal", "son las siete y veinticinco y la alcaldesa no ha cesado a Ali Brancal", repetían como un mantra cada edil popular en su turno de palabra.
Finalmente, fue la portavoz, Begoña Carrasco, quien aprovechó el turno de ruegos y preguntas para poner el foco en la vicealcaldesa. El pasado 12 de julio, recordó, el grupo popular preguntó si Amparo Marco iba a aplicar el Código de Buen Gobierno y cesar de sus funciones a Brancal; el 8 de octubre, prosiguió, solicitaron a la secretaria del Pleno el informe jurídico que confirma la condición de investigada (lo que antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denominaba 'imputada'), y un mes después "vemos cómo está haciendo dejación de funciones", le afeó a la alcaldesa. "¿Piensa hacer cumplir el Código de Buen Gobierno?", remató Carrasco mientras le dejaba una copia del texto a Marco sobre la mesa.
La alcaldesa, que suele contestar directamente cuando es interpelada en el pleno, esta vez dio la palabra al portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien defendió que la aplicación del código ético debe dirimirse en la comisión de Gobierno Abierto y Participación y acusó a los populares de buscar el "rédito partidista y electoralista".
