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debate sobre la retirada del monumento franquista

Compromís echa por tierra el informe de Justicia sobre la cruz del Ribalta y avisa: no hay "excusas"

10/11/2018 - 

CASTELLÓN. La cruz de los Caídos del parque Ribalta se ha convertido en una auténtica 'cruz' para la convivencia del bipartito en el Ayuntamiento de Castellón. Compromís eleva día a día la presión sobre el grupo socialista para que ejecute en esta legislatura la retirada del monumento franquista. Sin embargo, los socialistas lo han repetido por activa y por pasiva: mantienen su voluntad de hacerlo, pero hoy por hoy no hay garantías legales suficientes para llevar a cabo la remoción sin exponerse a acciones judiciales.

El germen de esa incertidumbre legal que aduce el grupo socialista está en el propio informe de la Dirección General de Reformas Democráticas, dependiente de la Conselleria de Justicia, en el que se señala que la decisión es puramente "política" y "discrecional" y que debe constatarse "fehacientemente" que el monumento sigue utilizándose para "manifestaciones y concentraciones de exaltación franquista". Consideran, por tanto, que al dejarse al criterio político, el informe no aporta el respaldo jurídico necesario para llevar adelante el proyecto y, además, recuerdan que desde los años 80 no hay constancia de actos de homenaje a la dictadura en el monumento, tal y como pide que se acredite el escrito de la conselleria.

Por su parte, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Compromís, Verònica Ruiz, ha ido un paso más allá en la argumentación y ha cuestionado el valor del propio informe: es "un informe de un político", ha sentenciado, en referencia al director general de Reformas Democráticas, José García Añón (del PSPV). Para Ruiz, lo que prevalece es la palabra del Comité Técnico de Expertos al que consultó la conselleria y que determina que el monumento sigue siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura. 

La edil de Cultura resalta que ese comité está formado por catedráticos de Historia, "expertos" cuyo conocimiento "nadie puede poner en duda". Además, subraya, "hay que cumplir la Ley de Memoria Histórica", que establece la retirada de los símbolos del régimen dictatorial. Así, ha mandado un mensaje a sus socios de gobierno: "Se pueden poner las excusas que se quieran, pero la ley es clara y explícita".

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