Rebeca Torró, en una foto de archivo. Foto: KIKE TABERNERCASTELLÓ. Poco a poco se van conociendo los nombres que conformarán la estructura del nuevo Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Si hace dos semanas se hacía pública la composición del Consejo de Ministros, con el paso de las semanas empiezan a desgranarse los escalafones inferiores en el seno de cada ministerio. El sector del azulejo, como no podía ser de otra manera, estaba pendiente de los nuevos interlocutores en el Ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Industria, que dirigirá el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu y que tendrá como secretaria de Estado de Industria a una valenciana: la exconsellera de Política Territorial y Movilidad en el último Gobierno de Ximo Puig, Rebeca Torró.
Además de Torró, hay que destacar la entrada en el Ejecutivo central de otro valenciano, el exconseller de Hacienda, Arcadi España, que será secretario de Estado de Política Territorial. Pero lo cierto es que el nombramiento de la nueva responsable del área de Industria, que se dio a conocer este mismo lunes, fue rápidamente comentado por los círculos empresariales e industriales, por cuanto una representante valenciana se ocupará de las cuestiones que afectan al clúster azulejero, con especial implantación en la provincia de Castellón.
En ese sentido, Torró aterriza en el área de Industria ante una persistente crisis de demanda en el sector azulejero que atenaza a las empresas y que ha hecho que hayan perdido competitividad desde la crisis de suministros y energética de 2022. Un panorama de incertidumbre ante el cual el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha ayudas por 450 millones de euros para los sectores gasintensivos, programa que se anunció hace un año y al que, tras una tortuosa tramitación administrativa y la publicación definitiva del listado de beneficiarios, solo queda abonar los importes a las empresas. Al azulejo de castellón le tocan 73,2 millones.
Con todo, el sector reclama a la nueva responsable un mayor apoyo institucional, como el que sí han tenido otros competidores como los fabricantes italianos. Especialmente, teniendo en cuenta que la Comisión Europea va a ampliar el marco temporal de las ayudas por la guerra de Ucrania hasta junio del año que viene, como publicó Castellón Plaza. "Ahora que se amplía el plazo", subrayan desde la patronal de las fritas y esmaltes Anffec -una de las tres patas del clúster azulejero-, insisten en la necesidad de reforzar las subvenciones.
A juicio de la mencionada patronal, el clúster necesita una política industrial "clara y orientada a promover la competitividad y la sostenibilidad y a que las empresas recuperen su rentabilidad, muy mermada debido a la repercusión de los costes energéticos". En ese sentido, la patronal de fabricantes cerámicos Ascer, criticaba recientemente que las ayudas gubernamentales no alcanzaban más del 30% de lo que hubieran requerido las empresas para compensar la subida de costes.
Otra de las cuestiones en las que tiene el ojo puesto el sector es el conflicto diplomático con Argelia, que ha supuesto un bloqueo comercial de hecho, lo que ha afectado especialmente a las patas de la maquinaria cerámica y las fritas y esmaltes. En ese sentido, parece que las relaciones institucionales empiezan a volver a su cauce, y el clúster espera reactivar el comercio con el que es uno de sus principales clientes cuanto antes.
Y en este contexto de turbulencias, la cerámica tiene ante sí, como otras industrias contaminantes, el reto de la transición energética, tutelado y dirigido desde la Unión Europea. La dificultad técnica para sustituir el gas como fuente de energía en la combustión para la fabricación de azulejo y el coste de las inversiones constituyen un freno en este camino, por lo que el sector reclama a torró "apoyo a la descarbonización, con una planificación organizada de infraestructuras energéticas y una senda de reducción de emisiones sostenible y acorde a las posibilidades tecnológicas y energéticas de la industria".
Con todo ello, entre los 'deberes' del sector a la nueva secretaria de Industria se encuentra también la reducción de trabas administrativas y legales y la agilización de trámites burocráticos "que permitan mantener las inversiones en España y facilitar el desarrollo empresarial y la generación de riqueza", así como todo tipo de iniciativas que permitan "evitar la deslocalización", mediante "medidas que fomenten la permanencia de la producción, la innovación y el empleo en España".
