Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El atasco de las licencias es un problema que ha puesto en jaque muchas inversiones y ha generado muchos quebraderos de cabeza a los empresarios. Solo en la ciudad de València hay bloqueados más de 22.000 permisos, según datos del consistorio municipal. Pero el 'Cap i Casal' no es la única ciudad con dilatados tiempos en la tramitación, sino que esta situación se sufre en muchos consistorios valencianos. Por ello, y para dar una solución, el gobierno del Botànic sacó un decreto para aliviar la carga de trabajo a las administraciones a través de la ayuda de entidades colaboradoras. Un papel que el nuevo gobierno 'popular' de Carlos Mazón quiere reforzar, introduciendo modificaciones en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
Así, hace unos días salía a exposición pública la modificación de ciertos artículos de esta norma urbanística, a través de la Ley de Medidas de 2024, más comúnmente conocida como la Ley de Acompañamiento, con el objetivo de agilizar la obtención de las licencias e impulsar la colaboración público-privada. Más concretamente, lo que se pretende es regular por ley el papel y competencias de estas entidades externas colaboradoras, conocidas como ECUV.
Se trata de firmas privadas, que pueden ser desde colegios profesionales hasta empresas, que cuentan con la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación en España (ENAC) y que deben estar inscritas en un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas (RECUV) para poder emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia.
Y es que, hasta ahora, su funcionamiento está recogido en el decreto que aprobó el gobierno autonómico anterior para desbloquear la tramitación de las licencias, pero es cada ayuntamiento el que decide si recurre a ellas. Y, en el caso de València, desde el sector inmobiliario critican que no están funcionando porque los técnicos municipales siguen revisando expedientes en lugar de adoptar la resolución de las ECUV, por lo que no se agiliza la faena.
Por tanto, lo que busca la modificación es la aceleración de la concesión de licencias urbanísticas, pero con pleno respeto a los criterios interpretativos que, previamente, haya podido adoptar la corporación local. También, la colaboración público-privada en estos procedimientos mediante el reconocimiento de la validez plena de los informes emitidos por las ECUV, así como el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a optar porque la verificación de la normativa pueda realizarse a través de estas entidades colaboradoras.
En cualquier caso, el cambio no afectará a las competencias municipales en esta materia, ya que tendrán que seguir otorgando permisos. Se trata, por tanto, de una ayuda complementaria para rebajar la carga de trabajo en la concesión de estos permisos y generar así sinergías y economías de escala.
De esta forma, la modificación de la Lotup propone incorporar un nuevo apartado al artículo 57, relativo a la publicidad de los criterios interpretativos del planeamiento aprobados por el Ayuntamiento, como "concreción del principio de transparencia de la información administrativa, con lo que se facilita su acceso y consulta a los ciudadanos en general y en particular a las entidades colaboradoras de la administración".
También, recoge nuevos apartados al artículo 239, relativo a la competencia y procedimiento del otorgamiento de licencias urbanística para incluir a las entidades colaboradoras. Y es que, aunque reguladas en la disposición adicional cuarta de la norma y en el decreto 62/2020, su participación en la tramitación no estaba incorporada en el articulado de la norma, por lo que para el PP es "conveniente y oportuno" incluirla.
De esta forma, se incorpora como obligación de las ECUV "cumplir las instrucciones, criterios interpretativos y los protocolos técnicos". También, se especifica que para la emisión de un certificado de conformidad no será necesario haber obtenido pronunciamiento municipal previo, tal y como establece ahora el Decreto 62/2020, que exige la cédula de garantía urbanística, que tampoco será necesaria. El último apartado que se añade es la certidumbre jurídica necesaria en cuanto a la compleción de los expedientes administrativos que han de servir para la conformación de la voluntad de los órganos de gobierno.
Lo cierto es que el impulso a las ECUV era algo que ya había avanzado el PP que quería impulsar para agilizar los plazos. Y es que esta no es la única revisión de la LOTUP que se va a acometer, ya que también se quiere implementar la licencia básica para proyectos estándar para que el consistorio pudiera otorgar permisos de obra, de actividades y ambientales en un periodo razonable. Según el PP, con ella podría obtenerse el permiso en un plazo de unos 30 días.
