Mes y medio para que el Gobierno resuelva las alegaciones al borrador de las ayudas al azulejo

VALÈNCIA. Empieza a correr de nuevo el reloj para otra etapa en la carrera de fondo de las empresas cerámicas para lograr las ayudas estatales de 450 millones de euros a la industria gasintensiva. Este mismo viernes se cerraba el plazo para presentar alegaciones al borrador del texto que articula las ayudas del Gobierno. Ahora, el Ministerio de Industria tiene un plazo de un mes y medio para resolver dichas alegaciones y publicar el texto definitivo. 

Aunque a lo largo de este mes en el que el borrador ha estado sometido a exposición pública las patronales cerámicas Ascer y Anffecc, así como la asociación Gasindustrial han compartido sus impresiones y análisis del texto para configurar las alegaciones, finalmente cada asociación ha presentado por separado sus alegatos.

También han remitido su documento al Gobierno los firmantes del pacto 'Salvem la Ceràmica' que incluye a la Diputación de Castellón y a alcaldes de municipios cerámicos. 

Tres líneas principales de enmienda

Durante estas semanas, el sector -y también los políticos del ámbito regional y autonómico- han señalado en repetidas ocasiones cuáles son los puntos del borrador que no se ajustan a la realidad de la industria cerámica. En este sentido, este mismo miércoles el secretario general de la Asociación Española de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Alberto Echavarria, explicaba que las alegaciones de Ascer se apoyan sobre tres ejes principales y así se lo transmitieron también a la ministra de Industria, Reyes Maroto, en su visita a Cevisama.

El primer eje y “el más importante”, es el hándicap de la Ley Crea y Crece que impide el acceso a ayudas públicas a las empresas con un período medio de pago a proveedores superior a 60 días. Esta cortapisa impediría de facto el acceso a las ayudas a la práctica totalidad de la industria cerámica de la provincia y por ello, tanto Ascer, como la Diputación o la propia Generalitat se han mostrado en contra de este punto.

La obligatoriedad para todas las empresas de más de 250 trabajadores de invertir un 50% de las ayudas en proyectos de descarbonización o eficiencia energética, es otro de los requisitos que Ascer pide eliminar porque “no es ahora lo que toca”. En este sentido, en la reunión con la patronal azulejera la ministra Maroto se mostró más flexible a poder modificar o suavizar este requisito.

El tercer eje fundamental de las alegaciones de Ascer pasa porque se modifique el acceso a las ayudas, que en el borrador está articulado como una concurrencia competitiva, es decir que aunque las empresas cumplan todos los requisitos para recibir la ayuda máxima, ésta no se garantiza a menos que el importe total disponible (los 450 millones) sea suficientes para todas las solicitudes. Esto significa que sí hay más peticiones que el dinero total, se prorratearía entre todas las empresas que lo soliciten . A ojos de Ascer esto crea “una inseguridad jurídica”, ya que hasta que no se resuelvan todas las peticiones, y quede garantizado que el dinero cubre todas las solicitudes, la empresa no conocerá qué importe final le corresponde.

Las alegaciones de la Diputación incluyen además que la reducción de los plazos para la tramitación y concesión de las ayudas y que la ayuda máxima por beneficiario se pueda calcular como el 40% del coste subvencionable hasta un máximo de 150 millones de euros por grupo empresarial.

Anffecc y Gasindustrial también alegan

Desde Asociación Nacional de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, comparten con Ascer los principales puntos pero además, "en nuestro caso hemos introducido información específica relativa a nuestro sector, porque aún no estamos incluidos en estas ayudas", explican desde Anffecc. Y es que cabe recordar que pese al anuncio del presidente, Pedro Sánchez, en el Senado, en el borrador no se incluye todavía a esta industria en el listado de beneficiarios. La inclusión de las fritas -y de otros sectores como el textil- tiene que aprobarse mediante acuerdo en el Consejo de Ministros, algo que por el momento todavía no se ha producido.

Desde Gasindustrial confirman que también han presentado sus alegaciones, la asociación ha venido denunciando su desacuerdo con la manera de elaborar el listado de beneficiarios mediante CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). “Desde GasIindustrial reclamamos un Estatuto del Consumidor Gasintensivo para un reparto que refleje realmente una calificación en función del consumo energético y que valore el peso de las compras de energía sobre la producción”, ha manifestado su presidenta Verónica Rivière.

Aunque la ministra reconoció en su visita a Cevisama que ve "complicado" que se pueda aprobar una excepción a la Ley Crea y Crece, sobre el resto de peticiones, Maroto se mostró más flexible. Sin embargo, al sector le queda esperar de nuevo para que se aclaren las dudas de unas ayudas que "ya llegan tarde". Desde Ascer sostienen que todavía tienen esperanza en que el Ejecutivo enmiende el error porqué "no hay nada peor para un Gobierno que unas ayudas que sean ineficaces", manifiesta Echavarria.