CASTELLÓ. Javier Moliner impulsó en la Diputación Provincial el código ético que ahora el PP cuestiona en el Ayuntamiento de Castelló. En calidad de presidente, y amparándose en su mayoría de 18 diputados, el líder popular aprobó y defendió la anexión al documento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como "una apuesta por la transparencia". Lo hizo en el pleno del 28 de abril de 2015. El dictamen de adhesión recibió la aquiescencia de la oposición en bloque, de manera que el punto del orden del día salió adelante por unanimidad.
El PSPV-PSOE, con sus ocho representantes (entre ellos, la actual alcaldesa de la capital de la Plana, Amparo Marco), y el Bloc (Enric Nomdedéu como único portavoz) avalaron la propuesta del equipo de gobierno al compartir el alegato de Moliner. "Se trata de poner negro sobre blanco [...], lo que cualquier ciudadano entiende que debe ser un buen gobierno y lo que la inmensa mayoría de los políticos hacemos todos los días: ser transparentes, escuchar a los ciudadanos, ser éticamente responsables en cada uno de nuestros actos y fomentar todos los valores de la democracia participativa", arguyó el líder popular.
Moliner, escoltado por los vicepresidentes Miguel Barrachina y Andrés Martínez, incidió en varios aspectos para persuadir a socialistas y al único diputado nacionalista. Sin embargo, puso especial énfasis en advertir que, con la aprobación del texto, la corporación asumiría "compromisos en materia de conflicto de intereses", lo que incrementaría "el mayor impacto en la dignidad y reconocimiento de legitimidad de las administraciones", manifestó entonces.
La Diputación de Castellón, controlada por la derecha, se convirtió en una de las primeras instituciones españolas en incorporar el código ético de la FEMP. No en vano, lo elevó al pleno de abril de 2015 apenas un mes más tarde de que la asociación de entidades locales lo impeliera como una herramienta de fiscalización acerca de la conducta de los políticos (lo aprobó el 24 de marzo de ese mismo año).
Cuatro años después de promover la adhesión en el organismo provincial, el Partido Popular pone en entredicho que el Ayuntamiento de Castelló se plantee secundar aquella anexión para modificar una norma de régimen interno cuya última revisión, por unanimidad, se produjo a raíz de la trama de la Gürtel, coincidiendo con la etapa final de Alfonso Bataller como alcalde.
El código ético permaneció guardado en el cajón durante casi una legislatura, hasta que el caso Brancal evidenció la necesidad de acometer una actualización, reajuste que en su día compartieron la totalidad de los grupos municipales. Prueba de ello es que en los últimos presupuestos se incluyó un capítulo específico de 22.500 euros para renovar el documento.
La readaptación del contenido nunca se desarrolló ni tampoco aprobó, lo que llevó a los firmantes del Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU) a incorporarlo este verano como compromiso de gobierno para el presente mandato, y siempre con ese matiz de sustituir el texto actual por el escrito de la FEMP.
