CASTELLÓ. La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, considera prioritario resolver la singularidad urbanística de Castelló, sin un Plan General (PE) desde 2008, cuando el Tribunal Supremo anuló el PGOU del Partido Popular. Esa diligencia se traduce en "agilizar la tramitación", según apunta el portavoz del gobierno municipal, Rafa Simó, para que la ansiada evaluación ambiental sea una realidad antes de acabar el año.
Por plazos, la Conselleria debería remitir la declaración a finales de noviembre, como muy tarde, pero la celebración de las generales el 10 del mismo mes amenaza con convertirse en un escollo insalvable. No obstante, el compromiso de Mollà estriba en aligerar "al máximo" la autorización.
"Castelló, evidentemente, por su magnitud como término municipal en la Comunitat y por su condición de excepcionalidad [ausencia de un marco jurídico], necesita de una estrecha colaboración entre administraciones", subraya Simó. "Y la consellera mostró su total colaboración en la reunión que mantuvimos [este miércoles], ya que hablamos de tramitaciones muy complejas, que dependen de muchos informes", añade el portavoz socialista.
El Plan General, que contiene una parte estructural y otra pormenorizada, representa una pretérita reivindicación de la alianza progresista desde su victoria en 2015 tras 24 años de gobierno del PP. A mediados de julio de 2016, la alcaldesa, Amparo Marco, acompañada por el vicealcalde, Enric Nomdedéu, aprovechando el balance de su primer año de gestión, destacó lo imperativo de anteponer la normativa urbanística a cualquier otro proyecto relevante para la ciudad.
En realidad, lo que subyacía de esa urgencia por aprobar el PE era el perjuicio económico que suponía para la ciudad la inexistencia de una regulación, ahuyentando a inversores para desarrollar ambiciosos planteamientos urbanísticos. Marco lo recalcó en aquel momento y lo ha ido repitiendo desde entonces en sus comparecencias públicas cuando se le ha interpelado por ello.
También Simó que, además de portavoz del gobierno, asume la concejalía de Urbanismo. Incluso, los empresarios de la construcción han defendido la premura de avalar el Plan General, especialmente ante la imposibilidad actual de modificar el uso del suelo, de terciario a residencial o industrial, por ejemplo. "Por las necesidades de futuro de la ciudad la aprobación debe llegar cuanto antes", concluye el munícipe.
