Vicent Cucarella. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes acaba de presentar su Plan Estratégico hasta 2022, una suerte de hoja de ruta para velar por la correcta utilización del dinero público por parte de la Generalitat y sus empresas públicas. Además de las tradicionales auditorías operativas para asegurar el cumplimiento de la legalidad y destapar malas prácticas, se inspeccionarán otras cuestiones vinculadas a la digitalización o el cambio climático.
Para el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella incorporar estos enfoques a su fiscalización persigue avanzar en la eficiencia del estado del bienestar y, por ende, en su sostenibilidad. Cucarella, que detesta que los informes de la Sindicatura sirvan de munición para la pelea política, destaca que en los últimos años se detectan menos prácticas fraudulentas en las empresas públicas.
Además, aunque lamenta que el Gobierno no haya avanzado en la reforma del sistema de financiación, cree que el discurso de los expertos de la Comunitat Valenciana para que la Administración central aporte más recursos al sistema ha calado en las demás comunidades.
– El Plan Estratégico hasta 2022 incrementará auditorías operativas y acentuará lucha contra el fraude y la corrupción, ¿sigue habiendo muchas irregularidades en el sector público valenciano?
– Nuestro objetivo es favorecer la mejora del sector público y para ello hemos identificado los puntos en los que va a haber riesgos a medio plazo. Lo hemos condensado en cuatro áreas: seguiremos con informes de contratación y de gastos de personal en los que pueden darse casos de corrupción, aunque la incidencia de casos ha descendido en los últimos años; otra área tiene que ver con las consecuencias de la infrafinanciación y la dificultad derivada para mantener los servicios públicos esenciales; otra área se centra en la transición de la administración a la era electrónica y el tratamiento seguro de los datos; y por último la adaptación del sector público al cambio climático. En resumen, hay que priorizar el sector público que queremos mantener y comenzar a confeccionarlo para mantener lo principal. No nos metamos en macroproyectos que igual luego no podemos mantener.
– ¿Ha mejorado la gestión de las empresas públicas con este Consell?
Ahora hay mucho interés en cumplir las recomendaciones de la Sindicatura
– Observamos que hay mucho interés en cumplir las recomendaciones de la Sindicatura. Evidentemente no se pueden cumplir todas de una, pero la dinámica es ir cumpliendo. No sé si es consecuencia solo del cambio de gobierno o de la propia dinámica de los últimos años en los qua aumentó la sensibilidad de la opinión pública, que ya no permite cosas que antes toleraba porque parecía que a nadie le importaba. Se han reducido los casos. En nuestras auditorías ya no detectamos indicios de responsabilidad contable como antiguamente.
– Aún así, aún detectan muchas deficiencias en contratación menor o personal, ¿son los contratos menores y los enchufes la corrupción de baja intensidad de las instituciones?
– Habría que diferenciar lo que puedan ser casos de corrupción de baja intensidad de lo que sea consecuencia simplemente de una mala planificación que ha provocado el incumplimiento.
– Les Corts y especialmente los grupos parlamentarios han desafiado la autoridad de la Sindicatura al negarse a dar cuenta del destino de las ayudas que reciben. ¿Qué puede a hacer la Sindicatura en este caso?
– Creo que el mensaje se ha magnificado porque no existe ese aparente enfrentamiento entre la Sindicatura y Les Corts, al contrario. Hay que tener en cuenta que fueron Les Corts las que solicitaron a la Sindicatura estos informes de fiscalización o asesoramiento y el hecho de que sea el único parlamento de España que los realiza es para estar orgullosos. Nos consta que la Presidencia de Les Corts solicita las mismas recomendaciones que nosotros hacemos.
"siempre somos los malos de la película cuando se hace una fiscalización y se marcan asuntos que podrían mejorar"
Evidentemente nosotros siempre somos los malos de la película cuando se hace una fiscalización y se marcan algunos asuntos que podrían mejorar. Quien se siente aludido se pueden molestar y cuando llega a la prensa se magnifica. Se ha dado una visión errónea porque alguien se ha dedicado a utilizar esto para hacer creer que existe un enfrentamiento que no existe.
– Les Corts respondieron exigiendo a la Sindicatura que se someta a los mismos controles que el resto de las instituciones y empresas valencianas, incluido el informe de legalidad, en este caso por parte de la Mesa de Les Corts. ¿Por qué se niega la Sindicatura?
– Tal y como se planteó a la opinión pública, parecía una vendetta, un planteamiento infantil. La Sindicatura ya es fiscalizada cada año por una firma externa, normalmente una de las grandes auditoras, y el resultado se incorpora a la memoria de la Sindicatura que se entrega a Les Corts. Si quieren fiscalizar más, no hay ningún problema, pero no sería correcto intentar hacer una fiscalización politizada.
No tenemos problema en que se incida en más aspectos de la fiscalización, en someternos a una fiscalización hecha por profesionales adecuados, técnica y siguiendo las normas de auditoría, pero no como una vendetta política, que es lo que quiso aparentar quien lo filtró a la prensa. Que no sea 'ahora voy yo a por ti'. Nosotros no sabemos lo que se esconde detrás porque nadie nos ha explicado lo que se pretende.
– Pero esa auditoría técnica no puede hacerla la Mesa de Les Corts...
– Evidentemente que no. Lo ha de hacer una empresa independiente como ya se hace ahora o con la creación de una unidad específica para fiscalizar esto. No tenemos ningún problema.
– Algunos gobernantes, sobre todo alcaldes, se quejan de que determinados interventores paralizan su labor de gobierno. ¿Qué percepción tiene el Síndic, que supervisa las decisiones tomadas sin el visto bueno de los interventores?
– Es cierto que se ha pasado de una época en la que había mucha manga ancha en los ayuntamientos a otra en la que, como se han dado cuenta de que la cosa es más seria, los interventores y secretarios son escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Lo cual está muy bien, pero ciertos gobernantes pueden tener la impresión de que no se les deja realizar determinadas tareas. No me parece mal la prudencia de interventores y secretarios.
me sorprende que se argumente que las concesiones sanitarias son más caras porque datos no dicen eso
–La Conselleria de Sanidad pidió una auditoría sobre la concesiones sanitarias, en concreto la de Manises, que concluyó que salía un 25% más barata que si fuese de gestión publica, tenía menos listas de espera y más satisfacción de los pacientes. ¿Le aguó el discurso 'reversionista' a Montón y Puig? ¿Cómo se justifica que se impulsen estos procesos bajo una justificación estrictamente política?
– La cuestión es que se presta atención al aspecto económico. En el de Manises se concluyó que era un 25% más barato y en el de Torrevieja que hicimos después, un 30% más barato. Además, no tienen niveles de calidad inferiores y, en algunos puntos, mejores. Los dos estudios que hemos hecho van en la misma línea, algo previsible porque si se eligió esta fórmula era para abaratar el coste del servicio a la Generalitat.
Lo que me sorprende es que se quiera argumentar que este sistema es más caro que el público porque los datos no dicen eso, sino que es más barato como demuestran nuestros estudios y otros. Ahora bien, donde habría que incidir es en ¿por qué es más barato? Entonces, si un gobierno decide seguir adelante con las reversiones, habrá otros motivos, pero me resulta curioso que no se hable de ellos. Decir que es por una cuestión de ahorro no es cierto y está demostrado.
– En el último informe sobre la cuenta general de la Generalitat alertaba del riesgo de que afloren nuevos intereses de demora por los pagos no imputados al presupuesto… ¿Ha crecido la preocupación por este tema?
– La realidad es que esas partidas se han ido rebajando, pero continuamos llamando la atención sobre este aspecto porque el presupuesto ha de ser lo más realista posible y procurar que los ingresos de cada ejercicio puedan cubrir los gastos previstos. La práctica de pasar gastos a ejercicios posteriores, la mayoría sanitarios, se ha ido reduciendo.
– Año tras año, la Sindicatura constata la situación de infrafinanciación que padece la Generalitat, ¿por qué los diferentes Gobierno no dan solución a esta situación?
– La discusión hasta hace poco tiempo siempre se había planteado en términos de solucionar la equidad horizontal. Esto es, ver de qué manera se reparten los recursos entre las Comunidades Autónomas pero, si siempre se reparte lo mismo, para que unas mejoren otras acaban perdiendo. Y como no quieren perder, bloquean la negociación o consiguen que se respete el statu quo actual. No es fácil encontrar solución en este marco.
El Gobierno hubiera podido hacer más por reformar la financiación, pero no por falta de interés de la ministra
Pero el debate en este momento es diferente. La aportación de los expertos valencianos, que han trabajado mucho este tema, comienza a calar en otras comunidades autónomas: no hay solo un problema de equidad horizontal, sino también de equidad vertical o en la forma de repartir los recursos entre la Administración General y las Comunidades Autónomas. Si se tiene en cuenta la cantidad de servicios que prestan las comunidades, en lógica les debería corresponder más dinero que ahora porque son la esencia del estado del bienestar, de los servicios que hay que mantener. Sin embargo, proporcionalmente se está reservando más dinero a la Administración central si esto se valorase adecuadamente.
Con esto, el escenario cambia. Si la Administración central transfiere al conjunto de las Comunidades todo lo que realmente le correspondería, la redistribución posterior entre ellas más equitativa no implicaría que algunas tuvieran que perder. Las que ahora están bien aumentarían menos y las que están mal como la valenciana mejorarían proporcionalmente mucho, pero no a costa de otra. Quien ha de tomar la decisión es la Administración central, a la cual le cuesta aceptar perder el control que tiene ahora porque tiene la llave de la caja y las comunidades han de ir a morir a ella.
– ¿Podría haber hecho más el Gobierno de Pedro Sánchez?
– La actual ministra de Hacienda conoce muy bien este debate y la propuesta valenciana. Me consta que internamente ha movido mucho el cambio del modelo de financiación, pero por lo visto no lo suficiente y la cuestión se ha quedado sin abordar. Evidentemente se hubiera podido hacer más, pero no creo que haya sido por falta de interés de la ministra.
– La sindicatura lleva años alertando de deficiencias que se repiten ejercicio tras ejercicio sin que se les ponga remedio. ¿Es una cuestión de crear más entes o de que se apliquen las recomendaciones de los que ya existen?
– Nuestras recomendaciones se repiten año tras año porque en el día a día de la contratación a veces se cometen errores semejantes. Es cierto que se observa una mejora continuada y un interés en incorporar nuestras recomendaciones. Pero otras veces, por una mala planificación o por la falta de financiación que a veces obliga a echar mano de la caja fija, hace que nosotros tengamos que recordar que esta forma no es la correcta. En parte tenemos la impresión de estar repitiendo siempre lo mismo y nos gustaría que se hiciera más caso a nuestras recomendaciones. La única presión de la que disponemos es la de sacarle los colores al gestor, pero poco más. Si lo que recomendamos no se ejecuta, lo único que podemos hacer es insistir al año siguiente.
Para dar atribuciones jurisdiccionales a la Sindicatura habría que rediseñarla y ponerle medios
Cuestión aparte son los indicios de responsabilidad contable, en cuyo caso enviamos los informes al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Nosotros no tenemos capacidad jurisdiccional, pero la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sí. A veces vemos actuaciones de intervenciones en ayuntamientos de la Fiscalía que tienen su origen en nuestros informes, pero muchas veces eso no llega a la opinión pública.
– ¿Cree que la situación mejoraría si la Sindicatura de Comptes tuviera capacidad sancionadora?
– Con el último cambio de la ley tenemos capacidad sancionadora sobre los gestores que no colaboran. Es una multa coercitiva, pero no tenemos potestad para obligar a que cumplan. Para dar atribuciones jurisdiccionales a la Sindicatura habría que rediseñarla y ponerle medios que hoy en día no tenemos. Pero aunque nosotros comenzásemos la instrucción de las causas, acabarían igualmente en el Tribunal de Cuentas. Siempre nos ha parecido más práctico que sean ellos quienes inicien y concluyan el proceso.
– ¿Por qué tardan tanto en ejecutarse las sentencias del Tribunal de Cuentas que deberían permitir a las instituciones recuperar dinero público? ¿Cómo puede mejorarse esta situación?
– El proceso es lento, pero no sé si nosotros podríamos ser más rápidos. No tengo indicios para pensar que se retrasan innecesariamente.
– En la última Ley de Medidas se incluyó la obligación de la Generalitat de justificar con informes la razonabilidad económica de la reversión de servicios privatizados, ¿cree que esto acabará con los rescates políticos?
Deberían de implantarse controles previos de coste-efectividad en todos los ámbitos de la administración pública
– No solo para las reversiones, en todos los ámbitos de la administración pública deberían de implantarse controles previos de coste-efectividad. No se puede tomar una medida sin haber previsto su impacto. Si por ejemplo se ha de crear una estructura, también se han de prever los gastos de mantenimiento para ver si son asumibles. Si tenemos que priorizar, debemos conocer el impacto previsible de las medidas que podemos tomar porque puede haber medidas que no sean muy caras de adoptar ahora pero su repercusión futura la haga menos interesante que otra que sea mayor ahora pero en los siguientes dos años quede acotada. Eso se ha de estudiar muy bien previamente.
– ¿Quién debería evaluar esos informes en los que se justifica la motivación económica de esas decisiones? ¿La Sindicatura?
– No sé cómo se va a hacer. Nosotros ya hacemos este tipo de auditorías operativas para un gasto más eficiente de los recursos públicos. Nuestros informes ya van en esa línea, pero bienvenidos sean esos informes en esta línea.
