Utilizado como moneda de cambio en una dudosa operación urbanística, el edificio proyectado por Rafa Rivera y Vicente González Móstoles fue demolido en 2015
VALÈNCIA. En noviembre de 2015, el estadio de Mestalla fue testigo mudo de un final que, más pronto o más tarde, acabará por alcanzar al viejo coliseo. A escasos metros, las palas de una retroexcavadora se esforzaban por tirar abajo el Nou Ajuntament de València, un edificio con menos de treinta años de existencia. Entre los presentes en la demolición, empleados del club, estudiantes, transeúntes, curiosos y hasta un arquitecto: Rafael Rivera, responsable del Nou Ajuntament junto con su compañero Vicente González Móstoles, quien rehusó asistir al sepelio del proyecto. «Pasé de largo un par de veces; era demasiado doloroso», admite el arquitecto años después. Rivera, en cambio, estuvo de cuerpo presente: «Nunca había visto la demolición de un edificio del que había sido el arquitecto».
Ambos profesionales habían coincidido en el Ayuntamiento de València bajo el mandato de Ricard Pérez Casado y habían colaborado en diversos proyectos de planificación urbana. El proyecto del Nou Ajuntament fue planteado directamente desde la alcaldía en 1986, por la coincidencia de dos situaciones. Por un lado, las condiciones de trabajo en determinadas áreas del antiguo ayuntamiento no eran óptimas. Por otro, la sección de Tráfico se encontraba en una ubicación aún más desfavorable: unas instalaciones obsoletas en los terrenos que poco después ocuparía el Palau de la Música. Como recuerda Rafael Rivera, «los terrenos junto al antiguo cauce estaban por urbanizar y el Palau actuaría como motor de regeneración urbanística».
En el futuro NOM (Nuevas Oficinas Municipales) se alojarían los servicios de Urbanismo, además de Circulación y Transportes. Los arquitectos estudiaron diversos emplazamientos, pero la parcela municipal recayente a la avenida de Aragón y a la avenida de Suecia «era imbatible —en palabras de González Móstoles—. El considerable espacio nos daba la posibilidad de ir más allá de un mero edificio de oficinas. Suponía la ordenación del espacio adyacente». La avenida de Aragón se había abierto a la ciudad con motivo del Mundial 82, y era una zona en expansión activa.
En origen, Rivera y González Móstoles plantearon para el proyecto un edificio exento «con voluntad de permanecer en el tiempo y adaptado a cualquier uso», según la definición del primero. El proyecto englobaba una doble entrada con una plaza porticada a través de la avenida de Suecia. Incluso se llegó a fantasear con la posibilidad de incluir un edificio-espejo en el otro extremo y de situar en la plaza una escultura de grandes dimensiones de Andreu Alfaro —finalmente se situó en la avenida de Aragón—.
Al igual que el proyecto global, el diseño del nuevo edificio debía ir más allá de unas meras oficinas impersonales. «La arquitectura del momento era racional, austera, vinculada al uso, con unas influencias venidas de Italia con el arquitecto Aldo Rossi a la cabeza», apunta Rivera. Su compañero coincide: «el proyecto estaba insertado en la gramática de su momento; habla un lenguaje posmoderno. Un edificio de oficinas no tiene por qué ser reticular. Nuestra intención era que mostrara cierta capacidad expresiva a través del uso de bóvedas o una escalera interior monumental. Al tratarse de un edificio municipal también nos propusimos cierta representatividad institucional». Para Rivera, esta representatividad se ejemplifica en elementos como «el balcón, el reloj, la escalera… eran una reinterpretación de aspectos tradicionales del antiguo edificio del Ayuntamiento».
EL CIUDADANO ESTUVO EN EL PUNTO DE MIRA A LA HORA DE ABORDAR EL PROYECTO, CREANDO UN ACCESO CÓMODO Y RÁPIDO Y PONIÉNDOLO TODO A SU ALCANCE
Por otra parte, los arquitectos no podían dejar de lado la funcionalidad. «El nuevo edificio— puntualiza Rivera— debía reunir unas características básicas e imprescindibles como era la flexibilidad, adaptabilidad y mutabilidad de sus espacios interiores». Por ello se plantean soluciones como la planta libre o la tabiquería móvil, de modo que el espacio se amolde a los cambios. El edificio tenía una vocación de perdurar en el tiempo, «un deseo que obviamente no se cumplió». El ingeniero José Selva tuvo un papel fundamental en la resolución de este espacio polifuncional. Rivera rememora su trabajo: «Selva fue un ángel de la guarda para el proyecto. Trabajaba en los servicios centrales técnicos y era un profesional muy reconocido. Resolvió todos los problemas de instalaciones». La ejecución del proyecto —desarrollada por CLEOP, empresa que realizó un trabajo «muy satisfactorio»— se cumplió en plazos y ejecución.
El edificio no fue solo concebido de cara a los empleados. El ciudadano estuvo en el punto de mira de los arquitectos a la hora de abordar el proyecto. «El Nou Ajuntament estaba pensado para ofrecer un acceso rápido y cómodo al ciudadano», explica Rivera. «La planta con acceso desde la calle estaba planteada de forma parecida a la sede de Correos, con un amplio mostrador perimetral. Todo al alcance del ciudadano». Curiosamente, en el Nou Ajuntament los arquitectos nunca se plantearon incluir un salón de plenos. En los pisos superiores se encontraban otras áreas de gestión y administración, mientras en la última planta, Rivera y González Móstoles disponían de su espacio de trabajo.
Al tratarse de un edificio municipal, la austeridad fue otra de las palancas. «La elección de materiales fue un aspecto muy importante», admite González Móstoles. «En aquellos años, el ladrillo era un material modesto y en cierta manera progresista. Nunca se nos ocurrió plantear un muro-cortina». Sobre el empleo del ladrillo, Rivera añade que «se trataba de un material tradicional, anclado en la arquitectura mediterránea, que además tenía la gran ventaja del mantenimiento».
Tras la inauguración llegaron las primeras críticas. El Nou Ajuntament nunca tuvo predicamento entre la prensa y los vecinos. Mientras Rivera se muestra más comprensivo con las críticas, «es un edificio público. Tiene detractores y defensores», González Móstoles nunca ha entendido la reacción contra el edificio, «no hablo de incomprensión, sino de vacío. Hubo muy pocas voces que lo valoraron. Tal vez nació en un momento en que el posmodernismo estaba en declive. De todos modos, València siempre ha sido una ciudad muy agria a la hora de valorar la arquitectura pública».
Paradójicamente, la recuperación por parte del consistorio de unas instalaciones como Tabacalera inició la cuenta atrás para el Nou Ajuntament. Ahora, miles de metros cuadrados estaban a disposición municipal a escasos metros. El conflicto del jardín de Jesuitas -—asunto demasiado largo y prolijo para resumirlo en este reportaje— fue la puntilla. El Nou Ajuntament fue usado como moneda de cambio en una operación de trilerismo urbanístico. El propio González Móstoles se implicó en el intento por salvar el Nou Ajuntament de la piqueta: «Me enteré tarde y mal de la situación. Salvem el Botànic planteó trasladar la edificabilidad al área próxima a Nuevo Centro, pero la alcaldía —en esos momentos ocupada por el PP— descartó esa solución. Creo que esa decisión tuvo algo de simbolismo político, al ser un edificio planteado bajo el gobierno socialista».
En noviembre de 2015, el gobierno de Joan Ribó desconectó la respiración asistida del Nou Ajuntament. Más que la demolición, a los arquitectos les dolió la falta de apoyos. González Móstoles recuerda que «prácticamente no hubo ninguna voz que defendiera el edificio, ni siquiera desde el Colegio de Arquitectos o la Academia de Bellas Artes». El único organismo que defendió la continuidad del edificio fue el Consell Valencià de Cultura a través de un comunicado firmado por el arquitecto José María Lozano, que calificó la decisión como «inoportuna y literalmente deplorable». El CVC añadió que la demolición «va en contra de la cultura urbanísitica actual, que camina en la línea de la conservación».
Entre las escasas voces que protestaron destacó la del arquitecto Manuel López Segura, quien dos meses antes ya había firmado un artículo de opinión en Levante-EMV («No a l’enderroc del Nou Ajuntament») y que años después insistía en el error: «Al carecer los edificios de la pátina de autoridad que el paso de los años aporta, ni los ciudadanos ni las administraciones los identifican aún como patrimonio. En este sentido el derribo del Nou Ajuntament resulta ilustrativo. Cabe preguntarse si se debe desaprovechar un edificio que aún no ha cumplido treinta años. Pero aun si pudiésemos permitírnoslo el edificio es suficientemente significativo en términos arquitectónicos como para mantenerlo en uso. Constituye un documento histórico a preservar. Incluso iría más allá: habría que acabar el proyecto como se pensó inicialmente».
En 2013, el propio promotor del proyecto, el exalcalde de València, Ricard Pérez Casado, reflejaba en sus memorias, Viaje de ida, su perplejidad ante el derribo: «Extraña que la defensa del edificio y su funcionalidad no haya merecido una reivindicación, aunque su coste haya sido amortizado con creces estos veinticinco años. Y más cuando es víctima colateral, al parecer, de una operación, una más, dudosa y en todo caso de clara especulación».
Rafael Rivera es hoy en día más pragmático: «Hace años que me di cuenta de que los edificios son de los propietarios y no de los arquitectos. Si hemos de salir nosotros a defender nuestras competencias es que algo no va bien. De este periplo me queda un aprendizaje: lo único que importa es hacer nuestro trabajo lo mejor posible».
Tras la demolición, Rivera y González Móstoles no recibieron ninguna comunicación oficial, no ya de disculpa, sino simplemente una explicación de lo sucedido. En la actualidad, la parcela que acogió el Nou Ajuntament ha sido okupada, más tarde tabicada y lleva años en el limbo urbanístico. Un espacio hoy inutilizado que en los ochenta fue símbolo de una nueva arquitectura enfocada en el ciudadano.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 96 (octubre 2022) de la revista Plaza