CASTELLÓ. Los ayuntamientos de Nules y la Vilavella, en los que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personó la semana pasada, coincidiendo con el requerimiento a la Autoridad Portuaria de Castellón, de la que ya informó este diario, marcan distancias con los contratos firmados con la compañía Elecnor, que la justicia investiga en relación con el caso Erial por el que están imputados el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y el exconseller castellonense Fernando Castelló.
Fuentes de ambas corporaciones municipales destacan que se trata de contratos adjudicados bajo el mandato de los anteriores equipos de gobierno, del Partido Popular. En el caso de la Vilavella, en 2012 era alcalde el popular José Luis Jarque que actualmente es secretario ejecutivo en la nueva estructura provincial del PP. En Nules, por su parte, era primer munícipe Mario García, actualmente edil del grupo popular en la localidad.
Según las fuentes municipales, en base al requerimiento del Juzgado de Instrucción nº 8 de València, los miembros de la UCO obtuvieron los contratos originales de aquel año 2012 y varios de los acuerdos por los que se adjudicaban y pagaban facturas a Elecnor. Las mismas fuentes han destacado la "total colaboración" de los consistorios con la investigación y han explicado que, en el caso de que hubiera alguna irregularidad, "seríamos los primeros en pedir que se esclareciera todo".
No en vano, la compañía vasca sigue ofreciendo el servicio del mantenimiento del sistema eléctrico público en ambos municipios de la Plana Baixa. En el caso de Nules se da la circunstancia, además, de que el actual alcalde, David García, en varias ocasiones ha mostrado su descontento con la adjudicataria e incluso se ha llegado a sancionar a Elecnor por los cortes de luz que han sufrido varios puntos de la localidad.
La UCO también se personó la semana pasada en Alcalà de Xivert, donde el alcalde sigue siendo Francisco Juan, el mismo que ostentaba la vara de mando en 2012, cuando se firmaron los contratos que investiga la magistrada instructora del caso Erial. Fuentes del consistorio del Baix Maestrat han señalado que también se facilitó al instituto armado la documentación que requería "con la máxima colaboración".
Además de los contratos de las tres corporaciones, la jueza de València ha solicitado también el que en 2012 firmó la Autoridad Portuaria de Castellón con la firma castellonense Valora Energía y por el que esta cobró 21.780 euros entre ese año y el siguiente.
Los dirigentes de PortCastelló aportaron el contrato y los expedientes de cobro a la UCO en el registro avanzado por este diario. De hecho, su presidente, Rafa Simó, ha puesto de relieve también la "total colaboración" con la investigación para esclarecer unos hechos acontecidos "hace más de una década". Además, en redes sociales Simó ha censurado el "daño reputacional" que cuestiones de este tipo, relacionadas con la corrupción, acarrean a las instituciones.