Ocho empresas aspiran al contrato para chequear a los 1.250 funcionarios de Castelló

CASTELLÓ. Ocho empresas se disputan el contrato de 125.000 euros para chequear a los 1.250 funcionarios del Ayuntamiento de Castelló. Se trata de Ciem, Asesoramiento y Gestión Económica y Social, Consultores de Gestión Pública, D'Alep Iniciativas y Organización, Grant Thornton, KPMG Asesores, Nuevos Tiempos Consultores y Tea Cegos. La Mesa de Contratación, una vez revisada la documentación administrativa de los licitadores, prevé iniciar la baremación de las propuestas técnicas y económicas durante las próximas semanas.

La revisión de los puestos de trabajo, que incluye también aquellos asociados a los organismos autónomos, resulta esencial para el Acord de Fadrell. Entre otros objetivos, la prestación del servicio busca adaptar la plantilla funcionarial al organigrama del equipo de gobierno, más fraccionado y vertebrador con la presencia de tres partidos en esta legislatura. En la anterior, el Pacte del Grau solo estaba integrado por el PSPV y Compromís, mientras que Castelló en Moviment asumía el rol de socio sin ninguna competencia.

El expediente para la realización de la valoración de los empleados públicos está pendiente desde el 13 de octubre de 2020, cuando el concurso público apareció publicado por primera vez. El mismo día que finalizó el plazo de presentación de ofertas, con ocho concurrentes, Daleph Iniciativas y Organización interpuso ante el Tribunal Administrativo Central (TAC) un recurso especial contra el anuncio y los pliegos. La reclamación se fundamentó en que el criterio de valoración "méritos académicos del equipo mínimo era desproporcionado y restrictivo de la competencia".

El 19 de febrero de 2021, el TAC dictó resolución y estimó parcialmente la alegación de la mercantil, obligando al Ayuntamiento a retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de las bases. Esa vuelta a empezar significó modificar varias cláusulas para lanzar de nuevo la licitación. Las modificaciones afectaron a la financiación, duración y el contenido de los criterios de adjudicación, entre otras cuestiones.

En este punto, el Acord de Fadrell publicó de nuevo la licitación en la plataforma de contratación del Estado el pasado 3 de mayo, habiéndose presentado un total de ocho firmas. El contrato tiene un plazo de ejecución de 12 meses, lo que significa que habrá que esperar a 2022 para conocer las conclusiones del chequeo.

Mejorar la eficacia administrativa

La fiscalización de las distintas categorías profesionales dentro del Ayuntamiento permite mejorar la eficacia administrativa a través de la actualización de  atribuciones. Lo que se denomina como Relación de Puestos de Trabajo (RPT) constituye una herramienta esencial para el funcionamiento de la entidad local. Más allá de servir como un instrumento organizativo, especifica las características de cada funcionario, siempre teniendo presente el departamento o negociado al que pertenece.

El chequeo incorpora, asimismo, la adaptación a una metodología específica, que culmine en la modificación de aquellos servicios obsoletos. Del mismo modo, profundiza en aspectos inherentes a la articulación administrativa para facilitar un manual de gestión. Otra finalidad de la auditoría interna estriba en regenerar los canales de comunicación, contribuyendo a crear un entorno multidisciplinar adecuado que posibilite el cumplimiento de las metas marcadas.