Castelló se ve obligado a reiniciar la licitación del chequeo de sus 1.250 funcionarios

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló se ve abocado a reiniciar la licitación del contrato para chequear a sus 1.250 funcionarios. El Tribunal Administrativo Central (TAC) estima parcialmente un recurso de una de las participantes en el concurso público y obliga a retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación del pliego de cláusulas administrativas. En concreto, anula el artículo 10 sobre los criterios de adjudicación, que se refieren tanto a la experiencia profesional de las mercantiles con el sector público como a la oferta económica.

Daleph Iniciativas y Organización interpuso la reclamación el 28 de octubre de 2020 al considerar que la norma para puntuar los méritos formativos carecía de "proporcionalidad". En esta línea, advirtió sobre su naturaleza "discriminatoria", que podría "servir para favorecer a determinados licitadores en perjuicio de otros", agregó. Del mismo modo, manifestó la ponderación desproporcionada acerca de la puntuación de algunos requisitos, sin que se garantizara la efectividad legal con vistas a evaluar las propuestas en condiciones de igualdad.

La Junta Local de Gobierno acordó, en sesión del 8 de octubre de 2020, aprobar el expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para la realización de la valoración de puestos de trabajo que configuran la estructura de la plantilla municipal y sus organismos autónomos. El anuncio de licitación, junto con los prescripciones técnicas y administrativas, aparecieron publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público (Plcsp) el 13 de octubre del mismo mes, siendo el plazo máximo para la presentación de ofertas el 28.

Adaptarse al organigrama del Fadrell

El contrato, con un presupuesto de 125.000 euros y un año de duración, tiene su importancia, ya que a partir de una auditoría sobre los empleados públicos se pretende mejorar la eficiencia y diligencia. Y no solo eso. También adaptarse al organigrama del Acord de Fadrell. No en vano, algunos de los socios vienen reclamando una reestructuración de la relación de puestos de trabajo desde el inicio de la legislatura. Es el caso de Podem-EUPV, que apuesta por dotar de unidad administrativa aquellas concejalías más desprotegidas y cuyo protagonismo aumenta a medida que cambia el paradigma social y económico.

La fiscalización aporta un diagnóstico inicial que permite impeler reajustes en las distintos negociados, de manera que los funcionarios se van adecuando progresivamente a la nueva realidad administrativa. En efecto, lo que se persigue es una modernización de la estructura organizativa a partir de la revisión pragmática y descriptiva de los puestos, con su correspondiente valoración en función de parámetros de rendimiento.

No es la primera vez que el Ayuntamiento se ve obligado a revisar las condiciones de un contrato para volver a impulsar el concurso. Con el cambio de la ley de contratos públicos, las empresas cuentan con más herramientas para presentar impugnaciones. Las facilitadas aumentan, lo que ralentiza todavía más las adjudicaciones. Sirva como ejemplos los expedientes de la limpieza de dependencias municipales (6,3 millones de euros) y de los 40 colegios municipales (13,4 millones), cuyas licitaciones se encuentran en stand-by a consecuencia de distintos recursos, iniciados a finales de 2019.