CASTELLÓ. La Comisión Europea endurece su lucha contra la morosidad… y plantea sin pretenderlo una nueva traba para la industria azulejera. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha explicado durante su discurso de este miércoles sobre el estado de la unión la propuesta para el nuevo Reglamento sobre la lucha contra la morosidad que reduce el plazo de pago máximo a proveedores en 30 días y que prevé sancionar a las empresas y Administraciones Públicas morosas.
Cabe recordar que en España la Ley de Morosidad que data de 2004 establece un plazo de pago a proveedores de 60 días siempre que exista acuerdo entre las partes. No obstante, no existe un régimen sancionador concreto que asegure el cumplimiento de esta norma, algo que desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) llevan años denunciando. Y es que hasta que se aprobó en septiembre del pasado año la Ley Crea y Crece, que obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad, no se habían dado pasos en firme para hacer cumplir esta norma.
Ahora, parece que Europa está decidida a cambiar esto y según la propuesta del nuevo Reglamento cada Estado miembro designará una o varias autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago. Entre otras, podrán imponer o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, además de realizar inspecciones 'in situ' sin previo aviso en el marco de sus investigaciones y exigir al deudor que ponga fin a la infracción.
Esta normativa dificultaría todavía más las cosas para empresas como las azulejeras, que por su naturaleza exportadora tienen más difícil cumplir con estos períodos de pago, ya que por las transacciones internacionales muchas veces sus períodos medios de cobro también son muy elevados. Y es que precisamente esto ha sido motivo de reclamación por parte del sector cerámico en los últimos meses que ha denunciado en múltiples ocasiones que el requisito de cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad para poder acceder a ayudas públicas que superen los 30.000 euros, dejaba fuera de estas subvenciones a la gran mayoría de empresas del sector. De hecho, más allá del azulejo, cabe señalar que el período medio de pago de las empresas en España supera los 90 días, una cifra muy alejada de los 30 que ahora plantea Bruselas. Desde la patronal azulejera (aunque no únicamente) se ha denunciado que la Ley Crea y Crece pone en jaque la adjudicación no solo de las ayudas a gasintensivas sino de fondos tan importantes como los PERTE.
Cabe recordar que la provincia de Castellón casi en bloque solicitó al Gobierno mediante un Manifiesto que flexibilizara este requisito y permitiera a las empresas cerámicas optar a las ayudas del RDL 20/2022 sin tener que acreditar un período de pago inferior a 60 días. Una reclamación que el Gobierno atendió parcialmente al conceder una prórroga de seis meses pero que el sector ha calificado de insuficiente, ya que seguiría excluyendo a la gran mayoría de compañías.
Otro de los puntos más destacados del nuevo Reglamento está relacionado con la compensación por los costes de recuperación. Cuando se devenguen intereses de demora, el deudor deberá abonar automáticamente al acreedor una compensación a tanto alzado por los costes de cobro, que ascenderá a una cantidad fija de 50 euros por cada transacción comercial. De hecho el secretario general de la patronal azulejera Ascer, Alberto Echavarria, afeaba a la Comisión que no discriminase en su reglamento según la tipología de transacciones, “da igual si hablamos de una factura de 600 euros de suministros de papelería o varias toneladas de materias primas que además vienen de fuera de la UE donde no se aplicaría este reglamento” manifestaba el secretario general de Ascer en la red social X.
En la otra cara de la moneda se encuentra La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que ha aplaudido esta medida de la Comisión y ha pedido a los Estados que las sanciones sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias" tal y como establece el Reglamento. Por su parte, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) también ha valorado positivamente la propuesta de Bruselas y ha celebrado que se opte por homogeneizar la normativa europea sobre morosidad de forma que las empresas de todos los Estados miembros compartan unas reglas de juego comunes que no penalicen su competitividad. No obstante, Cepyme ha recordado que el importe pendiente de cobro en el conjunto de la economía actualmente es muy elevado y en la situación de incertidumbre actual, con el incremento de los tipos de interés y la restricción del crédito, especialmente para las empresas más pequeñas, podría ser complicado de asumir de manera inmediata.
Con todo, esta propuesta de la Comisión Europea todavía tiene que pasar por proceso parlamentario y será finalmente el Parlamento Europeo tras un período de enmiendas y debate quien elabore y apruebe el texto definitivo.
