VALÈNCIA. La posibilidad de que se paralicen las obras de ampliación del Puerto de Valencia se ha convertido en el primer gran asunto de oposición del PPCV y de su líder, Carlos Mazón, contra Pedro Sánchez de la mano de los empresarios. Realmente, de 'pre-oposición', puesto que el nuevo Gobierno ni siquiera ha iniciado su andadura.
La situación que se está produciendo con este tema resulta curiosa. Las críticas al Ejecutivo central vienen dadas por el hecho de que ERC y Junts pudieran estar presionando a Sánchez con que frene la ampliación debido a que supondría que se agrandara la brecha respecto al Puerto de Barcelona. Es decir, que perjudicara a sus intereses económicos. La bola se ha hecho grande ante el escenario de que además se pudiera tratar de un punto en las negociaciones para la investidura.
Lo cierto es que nadie ha reconocido oficialmente que eso esté sucediendo. Al menos por el momento. La lógica parecía indicar que los partidos independentistas ya tenían suficiente con lograr sus grandes objetivos políticos, como son la amnistía a todos los implicados en los delitos cometidos durante el 'procés'y que se fijen las condiciones para un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, desde días atrás aparecía una supuesta nueva condición: que se paralizara la ampliación del Puerto de Valencia.
Tal vez por el hecho de que el posicionamiento político de estos partidos –al igual que el de Compromís o el de la propia líder de Sumar, Yolanda Díaz– sea contrario a esta actuación y de que haya podido aparecer en conversaciones entre las formaciones que no han trascendido, surgió la teoría de que ERC y Junts estaban presionando a Sánchez de cara a la investidura con el asunto. Tanto, al parecer, que podía convertirse en un tema de Estado como nunca antes en tiempos recientes había sucedido con uno valenciano y, de paso, derivar en un conflicto territorial.
El rumor circula entre el empresariado valenciano. Así que las advertencias tardaron poco. La más sonada ha sido la de la patronal. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, manifestó en un comunicado el pasado lunes que espera que la ampliación del Puerto de Valencia "no se utilice, de forma directa o indirecta, como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política". Con ello, pidió a Pedro Sánchez que, "en caso de existir presiones por parte de ERC y Junts para frenar la terminal, las desoiga". "Desde la CEV esperamos que esas supuestas negociaciones, no oficiales, pero puede que oficiosas, no deriven en la paralización de la terminal norte del Puerto", afirmó.
Pero el ataque también proviene del PPCV. Tanto desde la Generalitat presidida por Carlos Mazón como desde el Ayuntamiento de València que lidera María José Catalá. Y la maniobra es, en realidad, hábil políticamente. El líder de los populares ha activado ya desde hace varias semanas el modo oposición contra Sánchez ante la posibilidad de que el desarrollo de las negociaciones acabe con él de nuevo en la Moncloa. Su papel, lo tiene claro, será claramente el de confrontación con el Gobierno central.
Podría haber ocurrido con otro tema, pero el primer gran ejemplo ha sido el Puerto. Les ha venido prácticamente dado y han decidido entrar. El PPCV se mueve en el 'por si acaso'. Es decir, en el escenario de que si realmente existe una presión de los independentistas con este asunto sobre Pedro Sánchez, ahí estarán para censurarlo. Se trata se una posición que, en cualquier caso, les deja en buen lugar. Y, además, con un mensaje claro del que pueden sacar rédito: los independentistas catalanes quieren perjudicar a la Comunitat Valenciana.
"Si se confirma que en la agenda oculta de las negociaciones está estrangular la ampliación del Puerto de Valencia, lo de 'Valencians en peu alcem-se' –letra del himno regional– se quedará corto para lo que vamos a poner en marcha", avisó Mazón este martes en declaraciones a los medios. Aunque reconoció que desconoce si esta condición forma parte de las negociaciones de Sánchez para su investidura, consideró que "esto sería ya el acabose". No se quedó ahí, sino que durante el Foro del diario ABC sostuvo –en un mensaje de agravio respecto a Cataluña– que el PSOE y Compromís "dejaron escapar", entre otras cosas, la celebración de la Copa América en València, que fue finalmente trasladada a Barcelona.
Mientras los populares –junto a los empresarios– van al ataque directo con el Puerto, los partidos aludidos tratan de rebajar la polémica. Este diario se puso en contacto con Josep Barberà, presidente de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), para consultarle sobre la posibilidad de que la paralización de la ampliación norte estuviera en las negociaciones entre ERC y el PSOE de Pedro Sánchez. "La soberanía política en las cuestiones relacionadas con el País Valencià es de ERPV. Cualquier iniciativa en este sentido parte de aquí y nosotros no hemos solicitado nada parecido", explicó Barberà, que además aseguró haber hablado este mismo martes con dirigentes de la comisión negociadora de ERC que le confirmaron que este asunto ni siquiera se había contemplado.
Barberà sí recordó no obstante que su formación se ha mostrado favorable a la propuesta de la paralización de la ampliación tras reunirse con la Comissió Ciutat-Port con el objetivo de que se pusiera en marcha otra Declaración de Impacto Ambiental, pero descartó que se hubieran pretendido incluir esto en la negociación. "No está sobre la mesa ni va a estar", sentenció.
Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, defendió que la posición del Gobierno de España sobre el Puerto "siempre será la misma", y es que el desarrollo de esta infraestructura es "irrenunciable", a la vez que debe ser "efectivo" y "cumpliendo con los objetivos medioambientales". Además, pidió "no enredar" sobre esta cuestión.
El Puerto ha sido el primer rifirrafe, pero resulta claro que le seguirán más si Sánchez vuelve a ser presidente del Ejecutivo central. Es previsible que Mazón juegue el rol de oposición en varios ámbitos. El más evidente es el discurso público a la hora de reclamar los intereses valencianos básicos, como son –al margen del Puerto– las inversiones, las infraestructuras, los presupuestos, el cambio de sistema de financiación o el agua. Resulta indudable que Mazón alzará mucho más la voz ante un Ejecutivo de signo contrario. Máxime con los antecedentes de Sánchez en su trato a la Comunitat en los últimos presupuestos –sobre todo a la provincia de Alicante– o en la nula atención que le ha generado la financiación ante otras prioridades para mantener el apoyo de sus socios. Este último asunto, si acaba teniendo preeminencia en las negociaciones para un futuro Ejecutivo, no será desde luego por tratarse de una reclamación valenciana, sino por serla de las fuerzas independentistas.
Pero el líder del PPCV, al igual que otros dirigentes autonómicos, cuenta con más vías de presión, como son la conferencia de presidentes, los consejos territoriales o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los populares, que tras las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo amasaron gran poder territorial, tienen ahora más fuerza en este ámbito. Y, aunque no se trata de algo que pueda condicionar toda la acción del Gobierno central, los posicionamientos en este tipo de órganos sí pueden resultar molestos y complicar la gestión nacional por ejemplo en materia financiera.