CASTELLÓ. (EP). La aportación de la ciudadanía a través de la X Solidaria en la declaración de la renta ha posibilitado que Patim ponga en marcha ocho programas distintos en Castellón dirigidos a colectivos vulnerables. Personas en tratamiento por adicciones tóxicas o juego, pacientes con VIH, jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral o desempleados de larga duración, especialmente mujeres, se han beneficiado de la solidaridad ciudadana. En total 269 personas en el último año.
Patim se ha sumado este miércoles al acto celebrado en la plaza Mayor de Castellón junto a las principales organizaciones sociales de la Comunitat Valenciana, agrupadas bajo la Plataforma del Tercer Sector y la Coordinadora Valenciana de ONGD para concienciar sobre la necesidad de marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en la Declaración de la Renta, un gesto que determina que el 0'7 por ciento de la cuota íntegra del IRPF se destine a proyectos solidarios que llevan a cabo las entidades del Tercer Sector de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo.
"El mundo evolucionará en la medida que muchas personas cambiemos pequeñas acciones, hemos de ser conscientes cuando hablamos de sociedad que somos sujetos activos de ella y nuestra contribución, aunque sea con un gesto como este, puede tener una gran repercusión", ha explicado el presidente de Patim, Francisco López y Segarra.
Patim es una de las entidades pioneras en la provincia en promocionar esta iniciativa que pretende lograr una mayor implicación social y que en esta edición lleva por lema #MarcarLaXesloNormal. "Siempre hemos defendido que pueden marcarse las dos casillas de forma simultánea, también la de la iglesia, porque ambas opciones son independientes pero compatibles entre sí para contribuir a lograr una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva", ha añadido López y Segarra.
El número de personas contribuyentes solidarias ha crecido más de dos millones en los últimos diez años. Más de 11 millones de contribuyentes marcaron en 2021 la casilla de "actividades de interés social" en todo el Estado. La gestión de los fondos se realiza entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
