CASTELLÓ. La sospecha sobre posibles irregularidades en la gestión de la sala de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló aumenta tras las declaraciones de los responsables policiales, de bomberos y Protección Civil, que comparecieron este viernes en la comisión de investigación. Los cuatro declarantes coincidieron en señalar anomalías relacionadas con la falta de coordinación para unificar los distintos operativos.
Como en convocatorias precedentes, hubo varios rifirrafes protagonizados por los concejales. En esta ocasión, entre el portavoz del PP, Vicent Sales, y el oficial del denominado Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse), Amadeo C.; y el del presidente del órgano fiscalizador, Vicente Vidal (Ciudadanos), con el interlocutor del PSPV, Omar Braina, al que llegó a amenazar con expulsarle.
El testimonio más ilustrativo resultó ser el del mentado Amadeo C., quien aseguró que "la sala funciona perfectamente", pero que no existe una agrupación de los servicios por cuestiones organizativas y de personal. Además, explicó que el contrato de suministro y equipamiento del citado Cimse, valorado en 899.030 euros, no debía haberse dividido en lotes, porque la adjudicación a diversas empresas provocó, en algunos casos, incompatibilidad de los equipos.
Amadeo C. aprovechó también para dar su versión sobre el asalto a la azotea del Ayuntamiento el 30 de septiembre de 2017. Según relató, las cámaras instaladas en el interior del edificio dependían de Ingeniería y no de la Policía Local. A raíz del episodio, se comprobó que los dispositivos no grababan, ya que llevaban sin funcionar desde el 17 del mismo mes. En este contexto, aseguró que las 21 filmadores que EuroCop Security Systemas suministró en abril de ese mismo año se colocaron en lugares diferentes a los estipulados en el pliego del contrato, "porque Ingeniería dijo que ya había cámaras en esos puntos y que se producía una duplicidad". En consecuencia, se optó por escoger otras localizaciones, como la fachada principal de la Casa Consistorial o la entrada al aparcamiento.
A consecuencia de dicha revelación, Sales subrayó que se podía haber incurrido en "una prevaricación". De hecho, interpeló al policía sobre quién o quiénes habían tomado la decisión de elegir nuevos emplazamientos, a lo que este respondió: "No lo sé".
Otra cuestión que quiso aclarar Amadeo C. fue el del mantenimiento de las cámaras. En su opinión, nunca ha habido tres contratos, como ha venido denunciando el PP, toda vez que la prestación siempre ha recaído en Cano Lopera, que asumió la adjudicación hasta 2015 y que este año ha logrado de nuevo hacerse con el contrato. Los supuestos trabajos en este sentido de EuroCop y Spy Center, que suministraron cámaras en esos años obedecieron "al periodo de garantía", apuntó.
Tras cerca de dos horas de comparecencia, los mandos de bomberos y Protección Civil cogieron el relevo y respondieron a las preguntas de los concejales. Tanto Agustín S. como Alberto S. y Antonio C. discreparon del oficial de la policía sobre los motivos por los que los operativos no estén centralizados en el Cimse. Los dos primeros, bomberos, aseguraron que, en lugar de miembros de su cuerpo, debería haber operarios profesionales, de acuerdo con lo que marca la ley de Seguridad de 2011, una apreciación que compartió el tercero. "Desde mi punto de vista tendría que haber un técnico, pero con la infraestructura que tenemos actualmente no tiene ningún sentido", aseveró.
Antonio C., jefe de Protección Civil, también coincidió con sus dos compañeros en que "nadie nos consultó cuando se decidió montar la sala. Tengo un total desconocimiento del proyecto y no se me pidió opinión". En esta coyuntura, indicó que ocupa su actual plaza "en funciones", ya que en realidad pertenece a la plantilla de bomberos.
La siguiente reunión de la comisión que investiga la sala de Seguridad resultará especialmente esclarecedora por el testimonio del ex Comisario Principal, José Luis Carque. Su nombre aparece continuamente en las declaraciones de los comparecientes cuando se les pregunta sobre quién acordó externalizar los pliegos del suministro y equipamiento del Cimse.