Un informe pericial ve irregularidades en la sala de Policía de Castelló y los funcionarios lo desmontan

CASTELLÓ. El arranque de las testificales de la comisión que investiga los contratos de suministro de la sala de la Policía Local de Castelló, entre 2011 y 2019, consta que existen dos versiones completamente opuestas de la historia. Por un lado, la que defiende el Acord de Fadrell (básicamente el PSPV y Podem-EUPV) sobre la transparencia de las adjudicaciones. Por otro, la que abanderan el PP y Ciudadanos acerca de la existencia de posibles irregularidades en el proceso, especialmente en el inicio de la creación del denominado Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse) con las contrataciones de las empresas Alt165 y EuroCop Security Systemas. En realidad, nada nuevo.

Sin embargo, las comparecencias este martes de los funcionarios del Ayuntamiento permiten extraer dos conclusiones. La primera, que el exconcejal de Seguridad, el socialista Antonio Lorenzo; y el ex Intendente General, José Luis Carque, tuvieron un papel relevante en la toma de decisiones. Al menos, así lo apuntan los técnicos municipales. La segunda, que el informe pericial encargado a un ingeniero industrial con vistas analizar el equipamiento integral de la citada sala resulta un tanto discutible jurídicamente. Una cuestión en la que incidió el principal partido del gobierno con la intervención de Pilar Simó, jefa del área de Contratación, que respondió a las preguntas de los grupos políticos tras hacerlo con anterioridad, y por este orden, Cristóbal Badenes, director de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento; José Manuel Medall, Interventor General; y Pascual Hernández, director del órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad.

Conclusiones del análisis pericial

El examen pericial, en sus conclusiones finales, subraya la concatenación de anomalías, lo que "nos hace concluir que el resultado final de la instalación, que tuvo lugar entre abril de 2017 y febrero de 2018, no fue satisfactorio". "A fecha de hoy, siguen existiendo una sala de tráfico no integrada en el Cimse, así como telefonistas separados de Protección Civil y bomberos. Por lo tanto, no se ha cumplido el objeto de la contratación", prosigue en alusión a la licitación impulsada por la Junta de Gobierno Local el 27 de junio de 2016 para constituir el centro de Seguridad y Emergencias por un importe de 899.030 euros.

Ante la imposibilidad de redactar el contrato, el ejecutivo local decidió externalizar la elaboración de las bases. La reseñada Alt165 ganó la licitación, siendo además la responsable de resolver la adjudicación de los cuatro lotes de la prestación. EuroCop, ubicada en la misma localidad que la firma anterior, se hizo con el paquete entero, en un principio, ya que Algoritmos Procesos y Diseños presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central (TAC) al ser excluido del concurso por presentar una oferta a la baja.

Según el informe del perito, "a la vista de los elementos disponibles se concluye que el resultado del suministro del expediente de contratación ha sido deficiente, ya que se supone que se han suministrado equipos de Alta Gama que no han dado el resultado esperado y que esos problemas se deben a una redacción inadecuada de los pliegos de prescripciones técnicas". Del mismo modo, considera "no justificada la división de lotes", así como "la decisión de incluir una cláusula de baja temeraria".

Cuestiones jurídicas

El documento, de 38 páginas, pone en duda el procedimiento administrativo, algo que el portavoz del PSPV, Omar Braina, trató de desmontar con las comparecencias de los técnicos. En este contexto, Simó fue la más contundente y advirtió que términos que recoge el análisis como "recepción definitiva y recepción provisional [de unas obras] son conceptos que la ley de contratación del sector público no contempla". Por otro lado, precisó que respecto a la no inclusión de la cláusula de baja temeraria "habría que rebatirlo jurídicamente". Tampoco se mostró conforme con las objeciones acerca de la fragmentación del contrato, "porque en la ley de 2014 ya se contemplaba para favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas. Lo que hay que justificar es si no se divide", aseguró en respuesta a una pregunta del representante de Podem, Fernando Navarro.

Ante las dudas generadas por la viabilidad del análisis pericial, el grupo socialista solicitó al término de la reunión la comparecencia "a la mayor brevedad posible" del ingeniero. "Consideramos que el informe está plagado de manifestaciones valorativas y subjetivas impropias de un documento de estas características, además de contener importantes imprecisiones jurídicas que han sido evidenciadas por los primeros testimonios", aseveró Braina.

A excepción de Compromís, que se mantuvo al margen, todos los partidos políticos interpelaron a los testigos. El PP, Cs y Vox insistieron en pedir a los funcionarios aclaraciones sobre quién o quiénes determinaron externalizar el primer contrato. Badenes aseguró que se celebraron varias reuniones entre jefe de distintos negociados (Informática, Contratación o Infraestructuras) para hablar del tema, "y creo recordar que la Policía lo planteó. En aquel momento no teníamos la capacidad técnica para hacerlo, con gran carga de trabajo". Asimismo, afirmó que "la decisión la tomó el órgano de gestión", en referencia al concejal de Seguridad de entonces [Lorenzo].

Edil de Seguridad y el Intendente General

Medall, que declaró en segundo lugar, explicó que para que Intervención autorice el pago de cualquier obra en el Ayuntamiento "debe existir un informe de reconocimiento de obligación, firmado por el concejal delegado y por un técnico". En este caso, por el edil de Seguridad y por el Intendente General de la Policía Local. En este punto, el portavoz popular, Vicent Sales, habló sobre los reparos para la devolución de garantías de algunos de los lotes. "No se devolvieron hasta que no pasó el plazo adicional", señaló el Interventor. Preguntado sobre el objeto del contrato del equipamiento integral del Cisme, matizó que "según la documentación del expediente se ha cumplido y si no se ha cumplido es imputable al Ayuntamiento".

Por su parte, Hernández explicó que para hacer la reserva de gasto con el fin de pagar una actuación municipal debe existir un informe favorable firmando por el concejal delegado y el técnico responsable. Como los demás comparecientes, aseguró desconocer la semejanza entre Alt165 y EuroCop. "Más allá de lo que se dice en la prensa, no conozco estas empresas". En cuanto a la externalización de servicios, precisó que "no es lo habitual, pero está dentro de las posibilidades que otorga la ley".

La testifical se alargó más de tres horas. La próxima cita tendrá lugar el viernes 17 de septiembre, a las 09.30 horas, con la presencia de Jorge Vicente Verchili, director de Modernización, y David López, jefe de sección Innovación y Desarrollo Tecnológico.