Políticos, impuestos y demagogia

Es obvio que el ciudadano medio español cada vez tiene menos empatía con sus gobiernos, con muchos de sus políticos y, en general, con sus altos cargos públicos.

La utilización partidista que generalmente se hace de sus impuestos y el “aprieta mientras queda” se le está atragantando a la mayoría de la clase media española, que conforma el grueso de los contribuyentes. Tanto es así que en algunos foros ya se habla de que está en peligro, sobre todo cuando se utilizan fórmulas ya empleadas en otros países, que destacan por su culto a las ideologías comunistas y que han llevado a la práctica extinción de la clase media.

La utilización medievalista que se realiza de los impuestos no repara si de su aplicación el Estado se lleva la vaca, el grano y el cerdo engordado con mucho sacrificio para reserva alimenticia del invierno.

Los impuestos, cuya finalidad es la de atender a las primeras necesidades de sus ciudadanos, han dejado de ser en la mayoría de los países occidentales el procedimiento de financiación de los caprichos caciquiles del señor de turno para participar en su guerra particular o, en versión más moderna, comprar el voto del ciudadano para mantener su puesto de trabajo público y el de sus familiares, amigos o afines a su partido, aunque en ello vaya el sacrificio de una clase media que cada vez se sostiene con más penurias.

Para estas naciones modernas (Alemania, Inglaterra, Holanda, Irlanda, etc.), los impuestos cumplen con el objetivo de dinamizar y potenciar su economía, por lo que cualquier propuesta impositiva trata de cumplir con la premisa de salvaguardar la economía de sus ciudadanos y empresas, conscientes de que el poder adquisitivo de ambos crea riqueza, mantiene el bienestar, crea empleo y, por lo tanto, mantiene el nivel homogéneo en el tiempo de la recaudación.  

Ya no vale que 100.000 ricos vayan a mantener a 47 millones de habitantes, porque eso es imposible y, además, los ricos en general pagan sus impuestos. Por cierto, bastante altos.

Recientemente el IEE (Instituto de Estudios Económicos), denunciaba el sobrecoste que tiene para España la falta de eficacia en la gestión de su presupuesto y cifraba dicho desfase en 60.000 millones de euros. Esta cifra es superior a muchos de los déficits gestionados por los distintos gobiernos españoles en los últimos años, lo que viene a decir que de su correcta gestión nos evitaríamos la habitual inseguridad jurídica y económica a que nos llevan los constantes cambios tributarios y sus subidas de impuestos más o menos veladas.

Es curiosa, así mismo, la constante alusión al enfrentamiento entre la iniciativa privada y el sector público presente en la economía de los países de la OCDE, como una de las formas óptimas de gestionar un presupuesto y como si la libertad de empresa y el ciudadano libre, en lugar de ser un objetivo prioritario, fuera el obstáculo o el principio a combatir.

Recientemente, se presentó el Libro Blanco para la Reforma Tributaria en España. Reflexión de sesenta de los principales expertos españoles en materia de economía y fiscalidad, y que a lo largo de sus casi 800 páginas nos incide en los principales problemas de nuestra economía, como son el escaso tamaño de la mayoría de nuestras empresas y lo precario de su economía.

Pero aunque de este documento y de cada una de sus páginas se podría extraer un artículo cuanto menos de este tamaño, es importante deducir de él que, como queda demostrado por la práctica en otros países e incluso en la comunidad de Madrid, los impuestos deben ser justos y su aplicación limitada a una utilización racional de los mismos, pues los excesos crean distorsiones económicas que inciden en la creación de paro por efectos del retroceso en la inversión y el consumo que toda subida de impuestos lleva consigo. Así pues, y dado nuestro perfil empresarial, el contribuyente agradece mucho más una reducción de impuesto que una política de subvenciones que por otra parte es cara de gestionar, a veces injusta y de difícil control y eficiente aplicación.

No tiene sentido, cuando otros países más importantes económicamente que el nuestro no lo hacen, manejar impuestos como el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Es importante llegar al convencimiento de que es el contribuyente el que debe decidir qué hacer con su dinero sobrante y no crear figuras ficticias para confiscar sus ahorros.

En este documento se pone fin a la idea vendida nuevamente por los políticos, de que la presión fiscal en España es menor que en los países de competencia, haciendo constar que, atendiendo al nivel adquisitivo del contribuyente con trabajo, es incluso superior al de los países de nuestro entorno. 

Y aquí resultaría importante una definición de lo que es la confiscatoriedad en materia tributaria para parar los pies a tanta demagogia como exhala de la opinión de políticos, con baja o nula formación, sobre economía y tributación.

Está claro que no parece suficiente su inclusión en la CE y en la LGT, ya que no se contempla un resumen y prohibición de sus excesos y tampoco existe un límite de presión fiscal que nos salve de sus caprichos.

En cualquier caso, uno de los problemas que en los despachos profesionales constatamos por la reacción de los clientes, es el elevado coste que las cargas sociales representan para cualquier pequeña y mediana empresa, además de la rigidez contractual por la idea existente de que las empresas despiden por capricho y no por la inseguridad económica que padecemos constantemente y por la falta o escasez de beneficios.

Llegando al verdadero sentido de estas reflexiones, entendemos que para que estas empresas ganen tamaño y capital, para programar su crecimiento e inversiones, necesitan un tratamiento justo de los impuestos y un verdadero tratamiento que les permita arrancar en su creación. Y no se trata, como se dice siempre, de ganar uno o dos días en su creación, que también, sino en bonificaciones en las cargas sociales y limitación del pago de impuestos.

Jorge Seguí es secretario del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia