Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANESVALÈNCIA (EP). El secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, y PSPV vivieron este miércoles su particular cara a cara en Les Corts a cuenta del proyecto de ley de simplificación administrativa de la Generalitat. Una norma que persigue, según el Consell, "agilizar los trámites burocráticos en la administración" y que se puso en el punto de mira hace meses por la fórmula que quería emplear el gobierno para su aprobación: la vía del decreto-ley, que hubiera sorteado los informes del Consell Jurídic Consultiu o del CES, entre otros.
Más allá del fondo, la Abogacía de la Generalitat reprochó al Ejecutivo valenciano que recurriera a un 'decreto ómnnibus' para modificar multitud de normativa autonómica de calado. Y tras el revuelo generado, el propio García, Cayetano, solicitó comparecer en Les Corts Valencianes para explicar el que será el plan estrella del president de la Generalitat, Carlos Mazón y la razón por la que se recurrió en primera instancia a esta técnica legislativa, si bien ahora se tramitará como un proyecto de ley debido a que Vox, tras su salida del gobierno autonómico, decidió votar en contra de su convalidación como decreto-ley.
La cita en rojo en el calendario para esta comparecencia tuvo lugar este miércoles. Y sirvió, sin duda, para enfrentar al artífice del Plan Simplifica y al principal partido de la oposición, el PSPV, que le llegó a calificar de "pagafantas" de Mazón. El diputado socialista Ramón Abad aseguró que García era el "muñidor" de la ley, y que este proyecto de ley era "la antesala del urbanismo a la carta, que es el preludio de la corrupción". El diputado del PSPV le recordó a García que el PP está en "minoría en Les Corts" y que Mazón se había quedado "sin servilleta" (por el denominado Pacto de la Servilleta, entre Vox y el PP), a lo que García reprochó en el turno de réplica que no se hubiera leído siquiera la ley y no estuviera argumentando nada en concreto sobre su contenido.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes, el secretario autonómico reivindicó que el decreto era un "compromiso electoral" del president para "aligerar las cargas de la Administración" desde una "visión transversal".
Para la ciudadanía, subrayó que el proyecto de ley aumentaba "la transparencia y la comunicación" en sus relaciones con la Administración. Para ello, explicó que se podrá acceder "de manera ágil" a documentos que ya se hayan presentado anteriormente. De esta manera, valoró que se mejoraran las competencias, al tiempo que se ofrecería "mucha más participación" y más "transparencia y calidad".
En cualquier caso, reconoció que la Administración autonómica "no está exenta de cosas a mejorar", por lo que invitó a Vox a mejorar el texto -los voxistas advirtieron que el texto era mejorable-.
Desde la oposición, el diputado de Compromís Jesús Pla cuestionó la "urgente necesidad" del Consell para "modificar 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y 500 artículos que afectan a prácticamente todas las materias" y ha acusado al Gobierno valenciano de pretender "apropiarse" de las competencias legislativas de Les Corts. "Han confundido simplificación con desregulación, no es lo mismo simplificar que arrasar el territorio", sostuvo.
Además, consideró que este proyecto de ley era "ni más ni menos" una "enmienda a la totalidad" a la política económica del 'president' Mazón y advirtió a García de que, si finalmente se aprobaba, tendría que dar "muchas explicaciones a los vecinos y alcaldes, que verán cómo sus términos municipales se llenan de estructuras de hierro sin que puedan mover un dedo". Y mencionó "ejemplos sangrantes" como que se pudieran construir "cámpings y hoteles a 100 metros de la línea de costa", una posibilidad que ha advertido de que "contraviene la normativa europea".
Abad, coincidió también con Compromís en que este texto suponía una "moción de censura a su jefe", el 'president' Carlos Mazón. Por ello, preguntó a García si "ha temido" por su cese si este asunto "adquiere responsabilidad". También consideró que este decreto es "el mayor desafío normativo que ha vivido la Generalitat" y censuró "las prisas y la desesperación" del Consell por pretender convalidarlo "una mañana de julio sin pena ni gloria y obviando la participación política y de la sociedad civil".
Desde Vox, David Muñoz mostró su apoyo al decreto por ser, a su juicio, "urgente y necesario" porque, según precisó, persigue "desburocratizar el funcionamiento y mejorar la eficiencia del sector público y privado". Así, tildó de "fundamental" simplificar los trámites administrativos: "Todos los hemos sufrido y el entorno excesivamente burocratizado no facilita la creación de empresas".
Por su parte, la popular Laura Chulià defendió que el Plan Simplifica era "el impulso que la sociedad valenciana necesita para avanzar sin trabas burocráticas" y resaltó que el decreto venía "a dar solución a los problemas reales de los valencianos". "No podemos permitir que la administración pública, en lugar de facilitar el progreso, lo imposibilite", afirmó.
Chulià defendió que el Consell cumplía con este decreto "su promesa de hacer realidad una administración más ágil y eficiente para mejorar los servicios públicos", al tiempo que hizo un llamamiento a la oposición para que apoyara esta iniciativa. "Es una oportunidad para todos de contribuir a una administración más dinámica y efectiva, trae consigo grandes avances que beneficiarán a la sociedad en su conjunto", agregó.
En su turno de réplica, Cayetano García aseguró que no habría "ningún problema" en incorporar enmiendas que pretendan mejorar el proyecto de ley para que tenga "mayor calidad". "Cuantas más, mejor", subrayó. A la vez, agradeció a Compromís su tono constructivo, mientras que al diputado del PSPV le requirió "algo más de respeto". "Por un minuto de tele, no ha comentado ni un artículo concreto", le reprochó.
Así, García pidió "coherencia" al representante socialista y argumentó que la "urgente necesidad" del decreto quedaba acreditada "desde el momento en que hay 9.000 millones de euros de inversión, 7.000 empleos y una sola persona que va a su ayuntamiento y no le atienden porque no tienen las capacidades tecnológicas". "¿No es urgente que una persona se muera esperando que se le reconozca la dependencia?", cuestionó.
Además, afeó a Abad que ahora que el PSPV está en la oposición critique el informe de la Abogacía de la Generalitat mientras hizo "oídos sordos" cuando gobernaba el Botànic y defendió que el PP no gobierna en minoría, sino que "tiene mayoría, aunque lo que no tiene es la mayoría absoluta". "Uno no puede discutir con alguien que no le da ningún argumento en contra", concluyó García, que acto seguido pidió "rebajar el tono" y "elevar" el nivel.
