Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El atasco en la tramitación de las renovables en la Comunitat Valenciana se está traduciendo en una importante 'sequía' en cuanto al desarrollo de proyectos y la producción de energía verde. Así, en el último año únicamente se han construido en la autonomía parques fotovoltaicos con una potencia total de 11 MW, lo que no solo evidencia el bloqueo administrativo, sino también la ralentización en el camino hacia la transición energética.
Un problema que ha saltado a la esfera política con discrepancias públicas en el seno del Consell sobre el modelo de renovables y que ha llevado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a dar un golpe en la mesa para dirigir la posición del Ejecutivo autonómico hacia el acuerdo y agilizar los plazos.
Las cifras son evidentes: solo 11 MW desarrollados en el último año y 59 MW desde 2018 en toda la geografía valenciana, según datos de Red Eléctrica. Una situación que, según el sector, es consecuencia del embudo en la tramitación y el largo periplo burocrático que padecen los expedientes hasta conseguir la autorización para su construcción definitiva.
En concreto, en 2018 había en la autonomía valenciana 360 MW instalados, mientras que un año después tan solo se construyeron 5 MW más y en 2020 ninguno. Ya en 2021 se dio cierto impulso con plantas con 43 MW más hasta llegar a los 408 MW y este año han sido 11 MW más, con una potencia total instalada de 419 MW, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica.
Por tanto, en los últimos cinco años únicamente se han desarrollado en la autonomía valenciana 59 MW frente a los 2.700 MW instalados en Castilla-La Mancha, comunidad limítrofe y con similar radiación solar; los 918 MW en Murcia; o los 3.000 MW en Andalucía en el mismo periodo de tiempo.
Y es que solo en 2019 en Andalucía se instalaron 1.000 MW nuevos, mientras que en Murcia fueron 673 MW, una radiografía que contrasta con la de la Comunitat. Cierto es que la región valenciana partía con menos potencia instalada que estas tres regiones, pero el ritmo de tramitación también ha sido muy inferior. Eso sí, Cataluña se sitúa en peor situación a nivel de despliegue con solo 21 MW instalados en estos cinco años.
De acuerdo con los datos, la autonomía que preside Emiliano García-Page contaba en 2018 con 975 MW instalados, que en 2019 fueron 1.725 MW; en 2020, 1.943 MW; en 2021 rondaron los 3.000 MW y este año se cerrará con 732 MW más. Andalucía, por su parte, partía con 882 MW en 2018, pero este año rozará los 4.000 MW instalados, mientras que la comunidad que dirige Fernando López Miras hace cinco años que contaba con 442 MW y este 2022 ha alcanzado los 1.360 MW de potencia instalada.
Con todo, los datos de generación energética de Red Eléctrica muestran que la participación de la Comunitat Valenciana en el crecimiento de la capacidad fotovoltaica instalada en España es testimonial. De los 6.423 MW conectados desde 2020, la Comunitat Valenciana solo aporta 46 MW, apenas el 0,7% de la nueva capacidad solar. Por tanto, con el despliegue actual, la autonomía tardaría 92 años en conseguir esa autonomía energética.
Y todo ello, mientras Europa ha fijado para 2030 unos objetivos de descarbonización que implican que la Comunitat Valenciana tenga que alcanzar los 10.000 MW instalados, tanto de eólica como de fotovoltaica, para conseguir la autosuficiencia energética. Por ahora, únicamente hay autorizados 1.737 MW (1.243 de eólica y 417 fotovoltaica), pero construido solo esos 419 MW.
Lo cierto es que desde 2019, la Generalitat Valenciana ha recibido 391 solicitudes de proyectos fotovoltaicos, de los que se han resuelto 113 (45 con autorización). Los 278 restantes se encuentran todavía en proceso de evaluación, y 64 de ellos han de resolverse antes del próximo 25 de enero. Si para entonces no logran la declaración de impacto ambiental favorable (DIA) del Ministerio de Transición Ecológica, y aunque cuenten con autorización administrativa, automáticamente se quedarían sin los permisos y deberían empezar de nuevo todo el proceso. Una circunstancia que sería achacable únicamente al retraso de la Generalitat, que se podría enfrentar a demandas de los promotores por responsabilidad patrimonial porque perderían los avales y puntos de conexión a la red.
Por ello, ahora la Administración valenciana quiere agilizar el proceso para lo que se ha fijado como objetivo, además de la resolución de esos expedientes pendientes antes del 25 de enero; la elaboración de un mapa de zonas de la Comunitat susceptibles de acoger plantas de renovables en el plazo de medio año. En él se habrán de atender todos los criterios: paisajísticos, de medio ambiente, patrimoniales, industriales y territoriales para que las zonas que sean declaradas "de preferencia", la autorización sea "inmediata". Y todo ello para conseguir agilizar una tramitación atascada y que impide llegar al ritmo actual al objetivo de descarbonización que se ha marcado la propia Administración valenciana.
