CASTELLÓ. Sudáfrica insiste en su cruzada para intentar evitar que sus exportaciones de naranja a la Unión Europea tengan que cumplir con el requisito fitosanitario del tratamiento en frío, que las autoridades comunitarias le impusieron en la primavera del año pasado. Según ha informado la patronal de exportadores de cítricos del país, esta acaba de pedir al ministro de Comercio, Industria y Competencia, Ebrahim Patel, que interponga ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una nueva petición para que la entidad revise los requisitos europeos para impedir que llegue la plaga de la falsa polilla, que reside en muchos de los huertos sudafricanos.
Esta petición no es nueva, de hecho la Citrus Growers Association (CGA), como se denomina la patronal sudafricana, ya exigió lo mismo al poco de que la Comisión Europea impusiese el tratamiento en frío. Pero la denuncia de su Gobierno ante la OMC, materializada en julio pasado, "no ha tenido ningún progreso", según reconoce la propia CGA ahora.
Así, después de que se haya llegado a un "punto muerto" en este asunto y también en los intentos del Ejecutivo sudafricano por desbloquear las negociaciones con los responsables europeos (hace solo unos días se volvieron a reunir, como apunta la propia patronal de exportadores, "sin resultados positivos" para sus intereses), la CGA insiste en su decisión.
"Está claro que se requiere una intervención política a nivel ministerial" ante "la gran amenaza que plantean las regulaciones para la próxima temporada" de exportación de cítricos sudafricanos, que arranca en mayo, señala el consejero delegado de la CGA, Justin Chadwick. El motivo es que en este 2023 se endurecerán las condiciones del tratamiento en frío una vez transcurrido el año de transición impuesto por la UE.
Y estas nuevas reglas incluyen la necesidad de realizar un enfriamiento previo de la fruta en puerto sudafricano. Con ello, se multiplican los gastos que deben asumir los exportadores sudafricanos. Así, mientras el pasado año las nuevas condiciones de envío hicieron que tuvieran que asumir más de 10 millones de euros "en costos" -más de 200 millones de rands, la moneda sudafricana, según señalan en su comunicación-; para el presente ejercicio el montante se multiplicará.
"Los costes adicionales y la pérdida de ingresos ascenderán a más de 500 millones de rands en 2023" [más de 26 millones de euros, al cambio actual]; "mientras que la inversión en tecnología de almacenamiento y frío requerirá una inversión de casi 1.400 millones de rands para permitir el pleno cumplimiento". Esto es, más de 73 millones de euros, con lo que el global rondará los 100 millones de euros en gastos.
Esto demuestra que, como se sabía desde el principio en contra de lo que esgrimía la CGA, el pánico de Sudáfrica al tratamiento en frío no se debe tanto a las condiciones que debe superar la fruta -que por ejemplo ya aplica para sus exportaciones a Estados Unidos y otros países-, sino al esfuerzo económico y logístico que les supone a los exportadores.
De ahí que, para argumentar la necesidad de que la Organización Mundial de Comercio revise el tratamiento fitosanitario, la patronal de exportadores sudafricana utilice datos sesgados: en primer lugar hace referencia a "solo dos interceptaciones" de falsa polilla en 2022 para señalar la eficiencia del sistema previo, cuando el año pasado ya estaba en vigor el tratamiento en frío (o al menos debería, lo que supondría la confirmación fehaciente de las irregularidades que ha venido denunciando el sector español acerca de su aplicación).
Pero es que, además, la CGA señala que el 99,9% de las "más de 350.000 toneladas" de naranja que ingresaron el año pasado en la UE procedentes de Sudáfrica "están libres de plagas", cuando el porcentaje de fruta que se revisa es mínimo, con lo que no hay seguridad de que no hayan llegado más partidas infectadas por el insecto.