CASTELLÓ. Tres alegaciones retrasarán la activación del nuevo presupuesto de la Diputación de Castellón, cuya aprobación inicial se produjo el pasado 3 de diciembre. El equipo de gobierno (PP) celebrará este viernes un pleno extraordinario para rechazar los escritos presentados por una particular y el Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Publics-Intersindicals valenciana (STAS) sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio Provincial de Bomberos, así como un tercer recurso formalizado por la Coordinadora Valenciana de de ONGD, que solicita recuperar la aportación de 50.000 euros para el Fondo de Cooperación Internacional.
La resolución de estas tres alegaciones provocará que las nuevas cuentas de la institución supramunicipal entren en vigor a mediados de mes una vez el acuerdo se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En el caso de no haberse registrado ninguna dentro del plazo legal de exposición pública, la materialización se habría producido prácticamente en el primer día hábil del año.
Hace algo más de un mes, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, sacó adelante su segundo presupuesto de la legislatura. Como en el primero, hizo valer la mayoría de su ejecutivo (15 diputados de los 27 de la corporación) ante la abstención de Vox y el voto en contra del PSPV y Vox.
Las cuentas de 2025 de ascienden a 217,2 millones de euros, lo que supone un 12% más respecto a 2024. Como explicó en el debate de aquel pleno la vicepresidenta primera, María Ángeles Pallarés, ese incremento se debe a la incorporación de los 6 millones de euros del Perte para la digitalización del agua, el convenio con el Epsar para construir nuevas depuradoras o mejorar las existentes (10,6 millones) y las aportaciones de otras administraciones al Hospital Provincial (4 millones).