VALÈNCIA. La medida era polémica y, como era de esperar, ya ha despertado voces en contra o que, por lo menos, exhiben sus dudas al respecto. La modificación que prepara el Consell de Carlos Mazón a la Ley de Acompañamiento de 2024 para permitir que los miembros de su gobierno puedan compatibilizar su cargo con la docencia no acaba de ser bien vista por UGT por los conflictos de intereses que pueden surgir y la pérdida de la imparcialidad que puede traer aparejada para el alto cargo en cuestión a la hora de tomar decisiones. De hecho, el sindicato tiene previsto presentar alegaciones porque creen que de llevarse a cabo, "afectaría a la prestación de servicios públicos", explica la secretaria general de FespUGT, Mayte Montaner.
La reforma que ahora mismo analiza el Consell Jurídic Consultiu (CJC) es la siguiente: el ejecutivo ha añadido un nuevo artículo a la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses aprobada hace siete años por PSPV y Compromís en el que permite que los cargos no electos, es decir, los miembros del Gobierno, puedan compatibilizar el "ejercicio del cargo con la docencia universitaria, la docencia en centros de selección y perfeccionamiento de empleados". Es decir, la medida busca que cualquier conseller, secretario autonómico o director general pueda desempeñar tales responsabilidades y, a su vez, ser profesor en una universidad pública, privada o una academia particular "en régimen de dedicación a tiempo parcial", según el anteproyecto. En definitiva, ser pluriempleados.
La propuesta contempla también que en caso de que los altos cargos ejerzan de docentes en algún centro o universidad puedan percibir un salario nada desdeñable. "La cuantía de las compensaciones percibidas por la actividad docente o de investigación no podrá en ningún supuesto exceder del 30% de la retribución que corresponda al alto cargo", contempla la modificación planteada por Presidencia de la Generalitat.
Un salario que, por tanto, se sumaría al que ya perciben como altos cargos y que en ningún caso es inferior a los 58.000 euros, ya que entre el primer y tercer escalón del Consell todos los sueldos oscilan de los 95.521 que cobra el president a los aproximadamente 58.000 euros anuales que percibe un director general. En definitiva, un cambio que, a la postre, permitiría que los altos cargos pudieran ver engrosadas sus nóminas aunque no fuera a través de una subida de salarios pura y dura a los miembros del Gobierno valenciano.
Junto a esto, la modificación de Acompañamiento también pone negro sobre blanco que los altos cargos podrán compatibilizar el cargo "con la preparación para el acceso a la función pública siempre que no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, ni comprometa la imparcialidad y la independencia en su ejercicio, ni perjudique el interés público". O dicho de otro modo: que aquel que sea alto cargo, pueda prepararse mientras unas oposiciones.
Con todo esto sobre la mesa, UGT duda de este cambio normativo, dado que este pasará a ser "más laxo que la propia normativa estatal". Algo que al sindicato le resulta "incoherente" y que, además, consideran que entra en contradicción con el propio espíritu de la ley, que busca prevenir "el conflicto de intereses" y que establece la asistencia "no lucrativa a seminarios, jornadas, etcétera, siempre que no tengan carácter permanente". Es decir, que se limita la asistencia a seminarios pero la propuesta de dar clase (reglada y no reglada), así como preparar oposiciones, tiene carácter lucrativo y no limita el número de horas.
La imparcialidad de las oposiciones
El mayor conflicto que creen que puede producirse en caso de que esta modificación legal salga adelante afecta a las oposiciones. "Sin duda compromete la imparcialidad e independencia de los altos cargos que tienen encomendada la gestión de los recursos humanos o que pudieran participar, diseñar o negociar los procesos de selección o de provisión", explican.
Lo que significa, en resumen, que si el director general de Función Pública dedicase parte de su jornada laboral a impartir clase en una academia de preparación de oposiciones, esto supondría un claro conflicto de intereses, dado que en su mano también está el diseño de procesos, publicidad de fechas, etcétera. O lo que es lo mismo, gozar de información privilegiada que poder ofrecer, además, a sus alumnos. "Esto puede generar dudas sobre la transparencia en los procesos y, n todo caso, no es estético".
La medida, además, también creen que puede afectar al desempeño que realicen los altos cargos en sus funciones como gestores. Más allá de que pueda ofrecer una imagen negativa de falta de implicación en la gestión de lo público, creen que resulta difícil conjugar que esta actividad no vaya a ir en "detrimento" de la dedicación que exige un puesto de alto cargo con las responsabilidades que tienen a sus espaldas y los presupuestos de cientos de millones de euros -en algunos casos miles de millones- que deben encargarse de ejecutar.
Además, la docencia "implica horarios estables". Es decir, que puede darse la situación de que se vean condicionados a adaptar su agenda pública a su agenda privada como docentes.
Con estos mimbres, UGT recuerda que el "régimen de incompatibilidad del personal empleado público (que sí es normativa básica) es mucho más rígido y riguroso cuando en general los salarios son inferiores a los altos cargos", explican tras añadir además que los funcionarios sí tienen limitadas las horas de docencia, a diferencia de lo que ocurriría si finalmente esta norma fuese modificada.
Foto: MARGA FERRER
