UGT propone un pacto de legislatura sobre las condiciones laborales del personal de la Generalitat

Un acuerdo a cuatro años que, para UGT Serveis Públics PV, contribuiría a "abordar las cuestiones pendientes que afectan a la función pública valenciana desde el diálogo y la paz social y a trazar una hoja de ruta de la negociación", según ha informado el sindicato en un comunicado.

Mayte Montaner y el responsable del sector de Administración Autonómica, Gonzalo Fernández, han mantenido la primera reunión con la consellera Merino. Durante esta primera toma de contacto, UGT, mayoritario en el ámbito de las administraciones públicas valencianas, ha trasladado a la representante del Consell la disposición a mantener "un diálogo constructivo con su departamento para avanzar en un modelo de Administración ágil y moderna".

UGT ha recordado a la responsable de Hacienda los "asuntos pendientes" (gestión de los procesos de estabilización, ofertas de empleo público, etc.) y la necesidad de ir avanzando en estas cuestiones en los diferentes ámbitos de negociación.

Subida salarial

Como asunto "prioritario", la dirigente sindical ha pedido a Ruth Merino que convoque la Mesa General de Negociación para abordar la subida salarial del 0,5 por ciento a todos los empleados públicos fruto del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmada por UGT y CCOO con el Gobierno central.

Este acuerdo recoge para 2023 dos subidas salariales: una fija del 2,5%, más dos variables del 0,5% cada una. La primera subida variable opera si el IPC armonizado de 2022 y 2023 supera el 6%, tiene carácter retroactivo, consolidable y se hará efectiva en octubre de 2023. La segunda se cobrará si el PIB en 2023 alcanza el 2,1%.

A falta de la publicación del IPC de finales de septiembre, todo indica que el IPC armonizado del año 2022 y 2023 será superior al 6%, por lo que el conjunto de empleados públicos deben ver en su nómina de octubre este incremento previsto en el Acuerdo Marco.

Por otra parte, UGT Serveis Públics PV ha mostrado a la consellera de Hacienda su preocupación por el futuro del sector público instrumental de la Generalitat.

Montaner ha indicado que el sindicato está dispuesto a hablar sobre el modelo, pero ha recordado que estos organismos prestan servicios públicos y están integrados por personal empleado público.

En particular, Montaner ha defendido la continuidad de la Escola Valenciana de Administración Pública al sostener que es "fruto del consenso sindical y un instrumento para modernizar la Administración Autonómica". UGT ha manifestado su disposición a debatir sobre posibles mejoras en la nueva ley de función pública y sobre las nuevas fórmulas de acceso a la función pública, entre otras muchas cuestiones pendientes.

Por otro lado, la Federación de Serveis Públics valora la integración en un mismo departamento de las competencias de Hacienda y Administraciones Públicas por ser "garantía de que los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Generalitat tendrán respaldo presupuestario".

El sindicato considera positivo el encuentro ya que ha transcurrido en un clima de entendimiento y confía en que la buena disposición para el diálogo mostrada por la nueva consellera se concretará en medidas beneficiosas para los servicios públicos y todo su personal.