CASTELLÓN. El PP de Castellón dio un golpe de timón hace apenas una semana, y ahora tiene difícil volver sobres sus pasos. Decidió presentarse como acusación popular en el caso de la Subdelegación del Gobierno en el que está investigado el socialista Antonio Lorenzo para "contribuir en la defensa de los legítimos intereses de los castellonenses" y "la recuperación del dinero presuntamente defraudado", dijo entonces. Pero ahora uno de los suyos ha acabado también investigado en la causa: el popular David Barelles ha sido citado a declarar por el juzgado de Instrucción número 1 de Castellón por supuestos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
La imputación del exsubdelegado del Gobierno supone un varapalo para el PP, que en las últimas semanas ha capitalizado la situación judicial de Lorenzo y la ha utilizado como arma arrojadiza contra el PSPV. La investigación "afecta a la imagen institucional del Ayuntamiento de Castellón y genera preocupación y desconfianza, máxime al tenerse en cuenta que en el equipo de gobierno actual ha desempeñado durante casi la totalidad de este mandato las delegaciones citadas [de Personal, Hacienda y Seguridad] bajo la supervisión de la alcaldesa", decía el mes pasado la portavoz municipal popular, Begoña Carrasco, extendiendo la sombra de la sospecha sobre la gestión del exedil.
Finalmente, tras el adelanto electoral de las autonómicas y para evitar efectos colaterales, los populares dieron un paso atrás en el escenario municipal, al retirar la petición del pleno extraordinario sobre la gestión del exconcejal socialista. Sin embargo, subieron la apuesta en los tribunales presentando la solicitud al juzgado para personarse como acusación popular en el caso. Ahora se da la paradoja de que esa acusación la ejercerán también contra Barelles.
Según fuentes del partido, de momento mantienen la hoja de ruta judicial. Se personarán y abonarán para ello los 3.000 euros de fianza que ha fijado el juez. Aunque no han explicitado el porqué de su decisión, lo cierto es que permanecer en la causa les da una ventaja estratégica: el acceso a las diligencias de investigación y a toda la información que obre en el juzgado sobre este asunto. Tendrán constancia de cualquier paso que se dé en la instrucción y en fases posteriores, y que pueda afectar tanto a Barelles como a Lorenzo. Una información que puede resultar provechosa, especialmente de cara a elecciones.
Por otra parte, entra en juego también la necesidad de mantener cierta coherencia. Dar marcha atrás ahora sería difícil de justificar después de haber motivado su personación en la defensa de la legalidad y el interés general en un caso en el que supuestamente se han sustraído fondos públicos por valor de un millón de euros, aunque la verdadera estrategia de la acción judicial persiguiera tener munición contra los socialistas. Aún así, resulta llamativo que el PP mantenga la acusación en la causa ahora que también se imputan supuestos delitos de corrupción a un dirigente popular que además era considerado un valor al alza dentro del partido.