CASTELLÓN. El adelanto de las elecciones autonómicas al próximo 28 de abril ha trastocado los planes del grupo popular en el Ayuntamiento de Castellón. Contra todo pronóstico, los populares han decidido retirar la solicitud del pleno extraordinario sobre el exconcejal socialista Antonio Lorenzo y, en contrapartida, se personarán en la causa judicial que se sigue contra él y una treintena de empresarios y funcionarios por las supuestas facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno. Renuncian así a un debate plenario que, si bien estaba planteado para poner al PSPV en el punto de mira, iba a exponerles a las críticas por la investigación de la trama Púnica que implica al edil popular Juan José Pérez Macián.
El PP recula en su petición del pleno en el que proponía la creación de una comisión de investigación sobre contrataciones y adjudicaciones municipales que dependían de Lorenzo, porque, a tenor de un dictamen de la secretaria general, la documentación que se pretende revisar y que corresponde a la gestión en el área de Policía Local y Personal es muy extensa. "Resulta materialmente imposible siquiera que la comisión eche a andar antes de la convocatoria de elecciones municipales. Máxime -reconoce el grupo popular- cuando hoy mismo (por este martes) se ha realizado formalmente la convocatoria de las elecciones autonómicas".
Pero más allá de las cuestiones técnicas, de plazos y documentación, la proximidad de los comicios también marca la temática del debate. A poco más de un mes de la cita con las urnas, un pleno sobre corrupción se antoja incómodo. En la última sesión ordinaria el PP ya rebajó el tono en esta materia, y ni siquiera sacó a relucir el nombre de Lorenzo. El único que lo puso sobre la mesa fue el portavoz adjunto de Ciudadanos, Vicente Vidal, en el debate de la moción sobre las sesiones de control a la alcaldesa, pero el PP no metió baza. Tampoco en el turno de ruegos y preguntas, donde suelen sacarse a colación temas controvertidos como golpe de efecto al final del pleno.
La ofensiva se traslada ahora a los tribunales. Los populares no dejarán pasar la oportunidad de capitalizar el caso de la Subdelegación del Gobierno y han anunciado que el partido se personará como acusación popular en la causa que instruye el juzgado número 1 de Castellón. El objetivo, dicen, es "contribuir en la defensa de los legítimos intereses de los castellonenses" y "la recuperación del dinero presuntamente defraudado", tras conocer que "se habrían sustraído fondos públicos por valor de un millón de euros" durante la etapa en la que Lorenzo era subdelegado. Cabe recordar que la investigación por supuestos delitos de malversación y falsedad documental se inició en 2017, pero no es hasta ahora cuando el PP ha decidido personarse.
Lo que sí se mantendrá en la agenda municipal es la comparecencia de la alcaldesa Amparo Marco en la sesión ordinaria de este mes en la que hablará de la Púnica. Será el 21 de marzo, el mismo día que está previsto el pronunciamiento de la Audiencia Provincial sobre la admisión de las pruebas aportadas por el PP en el caso de los sobres que afecta a la concejala de Compromís y exvicealcaldesa, Ali Brancal.
El portavoz del grupo municipal socialista, Rafa Simó, cuestiona el "postureo electoral" del PP con la petición de la celebración de un pleno extraordinario para analizar contratos municipales, del que este martes ha solicitado la retirada. "Los populares están desnortados, no tienen ningún modelo de ciudad, ni proponen iniciativas para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Se limitan a generar titulares de prensa para provocar ruido y crispación", añade.
Simó considera que la anulación del pleno responde a la "inconsistencia" de su planteamiento, "porque se han dado cuenta de que las contrataciones se han realizado con arreglo a la norma". "Celebramos que les entre el seny y retiren este pleno que no servía más que para replicar el debate de la comparecencia en el pleno de marzo de la alcaldesa", destaca.
"Parece que ante la convocatoria de las elecciones autonómicas, la señora Bonig ha impedido desde Valencia la celebración del pleno, porque no interesa un debate en el que se divulguen, aún más, los casos de corrupción que afectan al PP", señala Simó, quien ha recordado que el partido "ha estado relacionado con los casos Gürtel y Púnica y aún tiene el descaro de aparentar ser el defensor de la ética".
