Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. Una enmienda de PP y Vox a la Ley de Acompañamiento de 2024 apunta a generar un importante enfrentamiento entre los funcionarios de carrera e interinos de la Administración de la Generalitat. En concreto, una modificación a la Ley de Función Pública valenciana que afecta a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización puesta en marcha para reducir la temporalidad y que cambia por completo los procedimientos habituales para lograr una plaza como empleado público.
La reforma propone que cuando un interino logre superar el proceso selectivo, no será necesario que la Conselleria de Administración Pública realice un concurso de traslados previo entre los que ya son funcionarios de carrera antes de adjudicarle la plaza al trabajador temporal en cuestión.
¿Esto qué significa? Por ley, cuando se celebra una oposición, antes de que los interinos o los que han aprobado el examen puedan bien consolidar su plaza o se les asigne un destino, previamente la Administración está obligada a ofrecer las vacantes que tiene libres alrededor de todo el territorio a los que en ese momento ya son funcionarios de carrera. Es una manera de que los que ya llevan años trabajando como empleados públicos o ya tienen una plaza fija, puedan "acercarse a casa" con el paso del tiempo, dado que en la mayoría de los casos muchos tienen su plaza lejos de su lugar de residencia. Asimismo, también se considera una suerte de "mejora de empleo", puesto que al estar más cerca de su vivienda, también cuentan con menos gastos de desplazamiento, por ejemplo.
Sin embargo, los partidos que integran el Consell tienen previsto eliminar esta fase previa. Una circunstancia que, a la postre, supondrá que los interinos puedan elegir destino antes que un funcionario de carrera que ya superó una oposición previamente. El cóctel para que se produzca una tormenta perfecta donde las haya y acabar de enfrentar aún más si cabe a estos dos colectivos, que ya de por sí mantienen una especial animadversión desde que se pusieron en marcha los procesos extraordinarios para reducir la temporalidad en la Administración.
Los funcionarios sienten que a muchos interinos les están "regalando" la plaza, mientras a ellos les "costó" superar una oposición y se sienten agraviados. Mientras, por su parte los interinos defienden que nunca pudieron estabilizarse en el puesto que ocupan porque durante años esas plazas no salieron a concurso-oposición.
En medio de todo este lío, aparece ahora la citada enmienda. El propio texto legal propone obviar este paso previo "para garantizar el cumplimiento del plazo de finalización de los procesos selectivos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2024". Es decir, que PP y Vox, o lo que es lo mismo, el Consell, cree que si no lo hacen, no llegarán a tiempo de culminar esta OPE extraordinaria en la fecha prevista. Por lo que la disposición transitoria sexta que añaden señala que "en base al carácter excepcional de los mismos -procesos selectivos-, para los puestos de trabajo que se oferten al personal que supere dichos procesos, no será necesaria la realización de concurso previo entre quienes ya tuvieran la condición de personal funcionario de carrera".
El cambio modifica así los procedimientos que se han venido realizando en las Ofertas Públicas de Empleo de 2017, 2018 y 2019, que todavía se encuentran en marcha y en las que a día de hoy aún se están resolviendo diferentes categorías. En estas convocatorias, las plazas desiertas han sido las que se han ofertado en las elecciones de destino. Y cuando las plazas no han sido suficientes (por ejemplo, tras el concurso previo habían 50 desiertas y en la OPE hay 60 aspirantes aprobados), incluso se llegó a hacer un segundo concurso, como el caso del colectivo de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Cabe recordar, además, que para estos procesos de estabilización, la oferta contempla un total de 2.514 plazas que se cubrirán por concurso de méritos, es decir, un proceso en el que los aspirantes no deberán presentarse a ningún examen. En su lugar solo se tendrá en cuenta la experiencia que tengan, la titulación, la formación y el conocimiento de idiomas de todo aquel que se presente. Por lo que las otras 1.313 restantes de la convocatoria sí contemplan una fase de oposición previa al concurso de méritos. Una circunstancia hace que en torno a 2.500 personas podrán consolidar y elegir destino antes que los funcionarios de carrera, según la enmienda registrada.
El texto ha despertado ya las primeras críticas en los sindicatos. Desde UGT critican que la medida no se haya "comentado ni negociado en ningún ámbito de la Generalitat" y se haya introducido en el trámite parlamentario "sin debate con la representación de los trabajadores de la Administración". El malestar es manifiesto, dado que el cambio propuesto no es baladí y afecta a un miles de empleados públicos, por lo que desde UGT Serveis Públics PV consideran que la solución "debe ser que los concursos tengan una segunda fase de resultas donde también se le oferten a los funcionarios los huecos que dejen las personas participantes en la primera fase".
UGT, que durante el trámite de la nueva Ley de Función Pública valenciana en la legislatura pasada ya defendió la introducción de esta fase previa en la norma, cree que el nuevo Consell "no puede excusarse en falta de tiempo y lo que tiene que hacer es gestionar los procesos selectivos con diligencia y agilidad y sin atajos jurídicos", zanjan desde la organización sindical.
