VALÈNCIA. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha elaborado a lo largo de la investigación de la nueva causa que afecta a Carlos Fabra extensos informes sobre el presunto entramado creado para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos. Coordinada por el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón y la Fiscalía Anticorrupción, unas de las principales conclusiones que por el momento dejan las indagaciones es que el objetivo del expresidente de la Diputación de Castellón fue, supuestamente, el de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
El juez, el fiscal y la Policía Nacional desgranan en sus respectivos escritos la actividad bancaria del que fuera político, con manejo de dinero en efectivo, además de diversas operaciones y abonos de particulares que se le entregaron por su condición de influencia política.
Los investigadores entienden que para cumplir con este objetivo contó con la ayuda directa de familiares –su mujer en ese momento, dos de sus hijos y su yerno– y de terceras personas (testaferros), además de usar cuatro sociedades pantalla. Una de ellas es Sipcas, manejada por su hijo Borja y que, de acuerdo con la Udef, fue usada por Fabra para vender seis de sus vehículos.
Esta mercantil, según la investigación, fue constituida con el propósito de canalizar entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 un total de 232.897 euros procedentes de la mercantil Becsa (antigua Lubasa), administrada en ese momento por Luis Enrique Batalla. En este caso, tras la petición de la Fiscalía, el juez acordó el sobreseimiento de la causa para Batalla, ya que consideró que no participó en la simulación.
Los fondos procedentes de Becsa fueron ingresados a través de tres transferencias en Sipcas y, una vez recibidas, fueron seguidas de otras tres a favor de cuentas de Fabra, lo que se justificó ante la Agencia Tributaria como un préstamo. Posteriormente, declaró su devolución en 2013 mediante la transmisión a Sipcas de siete vehículos propiedad de él y valorados en 79.000 euros como dación en pago de deudas.
La posterior venta de alguno de estos coches, señala la Udef, es la tercera vía de financiación de la mercantil, que habría percibido al menos 40.855 euros con esa operación mediante transferencias, cheques o ingresos en efectivo de los particulares que compraron los vehículos. Los vehículos eran variados, desde clásicos a alta gama: dos Triumph, uno de ellos modelo TR3A, un Austin, un Porsche Cayenne automático, un Morris Mini Cooper 1.300 y un Alfa Romeo Spider 20. La Policía ha podido comprobar el precio de venta de tres de ellos, además de sus destinatarios.
Existe un séptimo, el Jaguar S-Type 4.0 V8, cuya transmisión para pagar la deuda fue, realmente, simulada, a juicio de los agentes. En el informe, explican que en marzo de 2019 se estableció un dispositivo de vigilancia sobre Fabra mediante el cual se comprobó que acudió a un taller de reparación de Castellón para recoger ese vehículo, con el que condujo hasta su domicilio. Al día siguiente, también realizó varias paradas en la ciudad y, posteriormente, se dirigió a Madrid. Tres meses después continuó, igualmente, usándolo.
"De lo observado a través de las vigilancias, se desprende que al menos la transmisión del vehículo Jaguar fue una mera forma de justificar el trasvase de fondos de Sipcas a Carlos Fabra, pues éste continuó seis años después de la transmisión siendo usuario del mismo", indica la Udef.
Pese a todo lo anterior, los investigadores remarcan que la supuesta deuda con Sipcas no se saldó por completo. Si desde la mercantil salieron 232.000 euros a cuentas de Fabra y a ella volvieron ingresos de 46.600 euros, 79.000 euros de los coches –dando por buena la tasación–, además de dinero en efectivo ingresado por su hijo, la deuda que se siguió manteniendo fue de más de 50.000 euros.