Casado se pasa de frenada y pide una penitencia para la Comunitat que sufre desde hace años

VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana entró este lunes en el debate nacional de una manera colateral que disgustó notablemente al Consell que lidera Ximo Puig y que, en general, tampoco dejó en un gran lugar en el ámbito autonómico al encargado de incluirla en los cruces de declaraciones: el líder del PP, Pablo Casado.

Así, el presidente de la formación de la gaviota pidió este lunes la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para que explique -la mal llamada- 'intervención' de la Junta de Andalucía. "Si tuviera un mínimo de coherencia el Ejecutivo tendría que tomar la misma medida con la Comunitat Valenciana y otras comunidades gobernadas por el PSOE", señaló Casado.

Unas declaraciones pronunciadas tras conocerse que el ministerio ha comunicado a la Junta de Andalucía que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, cuando estaba bajo el gobierno socialista y la consejera de Hacienda era precisamente, María Jesús Montero. De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado al Ejecutivo de PP y Ciudadanos que presente un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública.

En esta línea, Casado consideró esta medida un "agravio comparativo" respecto a otras comunidades y se comprometió a llegar "hasta las últimas consecuencias para evitarlo".

El problema para el presidente del PP es que, en su enfado por la medida adoptada hacia una autonomía donde gobierna su partido y en su afán por trasladar el problema a regiones del PSOE, trató de implicar a la Comunitat en la misma penitencia que a Andalucía, cuando la realidad es que en tierras valencianas ya se impusieron años atrás esas medidas restrictivas.

En primer lugar, la Comunitat, con una deuda en torno a los 48.000 millones de euros, lleva años sin disponer de la capacidad para financiarse en los mercados, concretamente desde 2011. Precisamente un año después de que se pusieran en marcha los préstamos por parte del Gobierno de España con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por los que la Generalitat ha ingresado más de 30.000 millones de euros desde que se pusieran en marcha. En la actualidad, Madrid es la única que se financia de esa manera y solo alguna otra como Galicia tiene la capacidad aunque no lo ha solicitado, según informa El Confidencial.

Andalucía, por su parte, también se ha acogido al FLA durante varios años pero no así en los dos últimos. De hecho, tal y como figura en la web del ministerio, en 2018 y 2019 no le fue requerido un plan de ajuste, si bien esta circunstancia ha variado por lo que ahora el Gobierno de España sí se lo reclama, dado que a través de una carta ha rechazado que pueda sumarse al Fondo de Financiación por lo que deberá acudir al FLA. En cambio, la Comunitat acogiéndose a esta herramienta desde 2012 y presentando cada año su correspondiente plan de ajuste, 2019 incluido. Es más, en esta ocasión la Comunitat Valenciana volverá a incumplir -salvo sorpresa- el objetivo del déficit y el techo de gasto por lo que, en el próximo ejercicio, deberá volver a elaborar un plan de ajuste.

Una situación que, en gran medida, responde al reparto establecido en el sistema de financiación autonómica caducado desde 2014 que perjudica gravemente a la Comunitat Valenciana tal y como han admitido todos los ministros de Hacienda de distinto signo en los últimos años. Una reforma que ni Mariano Rajoy (PP) ni Pedro Sánchez (PSOE) han acometido conscientes de las dificultades políticas de abrir un melón que, indudablemente, complicará la vida a cualquier presidente del Gobierno que se atreva a hacerlo.

Curiosamente, Casado demostró en su mitin central de campaña en València conocer en profundidad los problemas de la Comunitat y, aunque su partido evita comprometerse con la exigencia de la deuda histórica, sí ha insistido en que reformará la financiación si en algún momento alcanza el poder. Unas palabras que chocan con las pronunciadas este lunes en el fragor político dirigidas a utilizar a la Comunitat Valenciana como arma contra el Gobierno de Pedro Sánchez, dado que las exigencias planteadas a Andalucía son las que vienen aplicándose al Consell desde años atrás. 

Arrimadas lo ve "demencial" y Vox, "absurdo"

El socio del PP en la Junta de Andalucía, Ciudadanos, así como su apoyo parlamentario Vox, también criticaron la decisión del Ministerio de Hacienda, si bien no focalizaron su crítica en una autonomía, sino que la dirigieron a "comunidades gobernadas por el PSOE" en general.

Así, la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, calificó de "demencial, sectario y vergonzoso" que la ministra de Hacienda tome esa decisión respecto a Andalucía mientras "mira para otro lado" ante comunidades gobernadas por el PSOE que tienen índices de déficit mucho mayores.

En esta línea, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tachó de "absurda" la 'intervención' por parte de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de la Junta de Andalucía, una medida que, desde su punto de vista, demuestra "lo mal que funciona el sistema autonómico".

Por su parte, el presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, acusó a Casado de "intentar confrontar a las comunidades autónomas" y querer "romper la convivencia". "Es el peor servicio que le puede hacer a España", reprochó el jefe del Consell, quien acusó al líder del PP de "antivalenciano" por sus manifestaciones.