VALÈNCIA. Desde que se levantó el secreto de sumario del caso Alquería este martes han corrido ríos de tinta sobre cómo el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, su asesor Miguel Reguart, su jefe de gabinete Ricard Gallego, el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís.
De la estructura de directivos innecesarios montada en la empresa pública Imelsa -rebautizada como Divalterra para limpiar su imagen tras la operación Taula (enero de 2016) en la que cayeron sus antiguos gestores del PP encabezados por Alfonso Rus-, cabe destacar cuatro nombres: el primero, el de Rodríguez, que era el presidente de la Diputación. Por debajo estaban sus brazos ejecutores, su asesor Raguart y su jefe de gabinete Ricard Gallego. Sus correos electrónicos con la cuarta pata del banco, el letrado Jorge Cuerda, son una de las principales pruebas de cargo de la Fiscalía Anticorrupción.
Por último, el ya mencionado Cuerda, que fue la persona encargada de redactar los informes ad hoc que daban encaje jurídico a las contrataciones ilegales.
Pero, ¿quiénes fueron las personas agraciadas con esos cargos directivos?
Aunque solo Brines y Simón figuran como imputados, hay otros ocho nombres de personas vinculadas a las dos formaciones de izquierdas: Pau Pérez Ledo, Josep Lluís Melero Martí, María Soledad Torija Urbano, Raúl Ibáñez Fos, Manuel Carot Martínez, Miguel Ángel Ferri Llopis y Salvador Femenía Peiró, todas ellas contratadas en el año 2015. Más tarde, en 2018, se nombró a dos nuevos altos cargos: Vicente Lucas Ferrando Zapater y Víctor Jiménez Bueso.
En cuanto a los salarios, el sueldo base de los gerentes Brines y Simón era de 45.000 euros más un complemento anual fijo de 18.000 euros y otro variable de 212 euros, lo que suponía un sueldo bruto de más de 68.000 euros al año. Por su parte Lucas, Carot, Torija, Melero, Ibáñez y Ferri cobraban 42.000 euros brutos más complementos fijos que oscilaban entre los 9.000 euros de Carot y Lucas, y los 12.324 de Ferri, lo que dejaba unos sueldos totales de entre 51.000 y 58.600 euros al año.
Ni Pérez ni Femenía aparecen en los cuadros de sueldos aportados al sumario, pero fuentes de la investigación aseguran que eran similares al del resto de altos cargos cuyos contratos están siendo investigados. En total, y según un informe pericial, el coste total para el erario de los ocho enchufados sin contar a los gerentes fue de 1.122.095 euros.
Sobre los cargos, explica la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía que se crearon los de director del Área de Regeneración de Zonas Verdes (Vicente Lucas Ferrando); director del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural (Manuel Carot); director del Área de Promoción Económica, Estudios y Planificación Estratégica (Víctor Jiménez Bueso); director del Área de Emprendimiento y Ocupación, Innovación y Proyectos de Formación (Josep Lluís Melero); director del Área de Administración General (Raúl Ibáñez), y director del Área de Medio Ambiente, Desarrollo Rural Sostenible y Pacto de alcaldías (Soledad Torija). Además, el Área de Estudios y Planificación Estratégica y el Área de Regeneración de Zonas Verdes, se crearon para ser ocupadas, respectivamente, por Víctor Jiménez y Vicente Lucas.
Pero si llamativos son sus sueldos, más lo son sus currículums. En el caso de Manuel Carot, fue asesor del socialista Joan Lerma entre 1987 y 1995, en la época en la que Ximo Puig fue directo de Gabiente del president. Carot fue también asesor en el Ayuntamiento de Gandia entre 2010 y 2011 cuando gobernaba el socialista José Manuel Orengo y su último trabajo antes del contrato de alta dirección fue de brigadista en la Diputación de Valencia.
Salvador Femenía por su parte, es ingeniero técnico agrícola y trabajó entre 1989 y 1999 en PH ingenieros como jefe de proyectos, año en el que entró como asesor del PSPV en la Diputación de València, el mismo año que salió elegido alcalde de l'Alqueria de la Comtessa.
Miguel Ángel Ferri es del pueblo de Rodríguez, Ontinyent. Licenciado en Biología, sus trabajos siempre han estado vinculados a empresas públicas que trabajaban para municipios de su comarca. Está vinculado al PSPV.
Raúl Ibáñez es licenciado en Derecho, con despacho en Sueca. Desde 2009 pertenece a Compromís, concretamente a Iniciativa, formación de la que es portavoz en su localidad.
José Luís Melero es asesor de la Diputación de València desde el año 2011. En 1995 trabajó como economista en el Ayuntamiento de Silla, gobernado por el PSPV.
Pau Pérez Ledo es profesor de Sociología en la Universitat de València y fue concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Oliva entre 2003 y 2011.
Los dos últimos contratos bajo sospecha fueron los de Víctor Jiménez, alcalde de Rocafort por el PSPV, y el de Vicente Lucas Ferrando Zapater, presidente de la gestora del PSPV de La Hoya de Buñol-Chiva.